Gregorio Pérez Mata, ¿el gran intocable? | Segunda parte |


Gregorio Pérez Mata, ¿el gran intocable? | Segunda parte



Segunda de tres partes

El Tribunal Superior de Justicia tuvo severos yerros administrativos durante la gestión de Gregorio Pérez Mata como su presidente. Así consta en los informes de auditoría presentados por el Auditor Superior del Estado, correspondientes a su gestión.

En la primera parte de esta investigación se documentaron irregularidades por más de 6 millones de pesos. Estas irregularidades incluyen más de 150 mil pesos otorgados para viáticos que el expresidente del Tribunal no comprobó adecuadamente, con lo que violaba la ley el máximo representante de la Justicia en Coahuila, quien estaba obligado a responder pulcramente por cada centavo bajo su responsabilidad.

Por otro lado, destaca un tema que es recurrente y preocupante, porque podría implicar un severo problema para las y los trabajadores del Tribunal: en los reportes de prácticamente todos los informes de auditoría del periodo de Pérez Mata como presidente del TSJ no se encontraron comprobantes de pago a la seguridad social.

En el Informe 2014, por ejemplo, en la Observación Número de Control: 0304004CFA114O00004, se lee textualmente lo siguiente: “De la revisión a la información solicitada, se observó que la entidad fiscalizada no presentó copia de los pagos mensuales o bimestrales realizados durante el ejercicio 2014, incluyendo los correspondientes a ejercicios anteriores por concepto de cuotas de seguridad social de ISSSTE, FOVISSSTE, IMSS, INFONAVIT, SAR, SERVICIO MÉDICO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, etc., que en su caso le sean aplicables, mediante los cuales se identifiquen cada uno de los trabajadores adscritos a la entidad, así como las pólizas que evidencien el registro contable, sólo presentó oficio número 0268/2015 de fecha 15/05/201 dirigido al Secretario de Finanzas del Estado mediante el cual se solicita dicha información”.

A esta observación, el TSJ respondió que la Secretaría de Finanzas del estado era la responsable del pago y presentó los comprobantes, pero resultó que la observación persistió porque, se cita a la Auditoría Superior: “en dicha documentación no fue posible identificar a cada uno de los trabajadores adscritos a la entidad, así mismo, no presentó las pólizas que evidencien su registro contable”.

¿Cuántas y cuántos trabajadores del Tribunal podrían estar en riesgo de no recibir servicios médicos o sus pensiones debido a este “error”? Es una incógnita que sería relevante que el TSJ aclarara, porque lo que está en juego es la salud y la posibilidad de una pensión digna para quienes ahí laboran.

Es de llamar la atención también el silencio de su sindicato, en el cual parece que no se tiene noticia de esta situación, la cual es urgente aclarar, por las implicaciones sociales que puede llegar a tener.

Lo anterior se confirma con la observación Número de Control 0304004CFA114O00006, por la cual se señala:

De la revisión a la información solicitada, se observó que la entidad fiscalizada no presentó copia de los pagos quincenales de aportaciones realizadas durante el ejercicio 2014, al sistema de pensiones en el cual se encuentran adheridos los trabajadores de la entidad, así como las pólizas que evidencien su registro contable, el cálculo, el soporte documental del cálculo, sólo presentó oficio número 0268/2015 de fecha 15/05/2015 dirigido al Secretario de Finanzas del Estado mediante el cual se solicita dicha información”. EL resultado de la Auditoría es que “No se solventa la observación, toda vez que la entidad únicamente presentó los documentos denominados “Cuenta por Pagar”, emitidos por la Secretaría de Finanzas durante el ejercicio 2014 por concepto de aportaciones y retenciones efectuadas al Instituto de Pensiones del Gobierno del Estado, sin embargo, no presentó la documentación en la que se pueda identificar a cada uno de los trabajadores adscritos a la entidad, así como las pólizas que evidencien su registro contable, el cálculo y el soporte documental del cálculo”.

Los manejos “erróneos” de la administración de Pérez Mata llevaron a la decisión de invertir en Ficrea, S.A. de C.V. SFP, caso por el cual el TSJ perderá, como ha sido profusamente documentado por Newsweek Coahuila, más de 90 millones de pesos, que podrían llegar a un total de 120 millones de pesos, si se consideran los onerosos pagos que ha hecho al despacho privado que tiene contratado y cuyos honorarios rebasan los 8 millones de pesos.

Solo a fin de enfatizar lo grave de esta situación, es importante señalar que, en 2014, en la observación número de control 0304003CFA114O00023, se señaló que el TSJ no contaba con los estados de cuenta correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de ese año.

 

“Alto costo de vida”

Destaca en la revisión de la cuenta pública de 2014 que si algo tiene el Tribunal Superior de Justicia es noción del “Alto costo de vida”. Por ello, para no sufrir privaciones, la administración de Pérez Mata se asignó 14.5 millones de pesos, bajo la siguiente justificación: “Mediante el Acuerdo C-225/2014, se autoriza y se establecen los términos para otorgar un apoyo o estímulo por concepto de ‘alto costo de vida’, con el propósito de coadyuvar a la superación física, social, económica y cultural de los servidores públicos del poder judicial”.

Lo anterior fue observado por la Auditoría, pues tal concepto de “alto costo de vida”, no está considerado en el Tabulador oficial de puestos y percepciones del TSJ. Es decir, se destinaron tales recursos violando las disposiciones aplicables.

Por si fuera poco, la ASF encontró que por concepto de “Estímulos Extraordinarios” se asignaron pagos a personal del Tribunal y, a pesar de que dicha institución presentó una justificación y explicación a la auditoría, esta determinó lo siguiente:

“Sin embargo, no se solventa lo observado, en virtud de que no se cuenta con elementos para efectuar el cotejo contra la nómina de personal, debido a que no fue integrada al 100% ya que se determinó una diferencia por $53,556,829.10 entre la cuenta pública por $427,073,460.75 y la nómina acumulada anual por $373,516,631.65.”

 

El premio

Cualquier lectora o lector de estos datos podría preguntarse en qué estado del proceso penal o administrativo se encuentra el expediente del responsable del nivel de desorden financiero y de daño patrimonial al Tribunal Superior de Justicia que se ha documentado en los últimos meses Newsweek Coahuila.

La primer sorpresa que se llevaría ante tal cuestionamiento es que a la fecha no hay un solo imputado por la justicia ni se han establecido sanciones, o al menos no se conocen públicamente, por las irregularidades detectadas por el trabajo profesional del Auditor Armando Plata, quien además ya interpuso una queja ante el Fiscal Anticorrupción del Estado de Coahuila.

La segunda sorpresa que se encuentra es que, en lugar de enfrentar un proceso para aclarar estas y otras irregularidades, el expresidente del TSJ fue “premiado” por el entonces gobernador de Coahuila, y hoy diputado federal, Rubén Moreira, quien mediante Acuerdo publicado el 28 de noviembre del 2017, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila, otorgó un fiat notarial a favor del licenciado Gregorio Alberto Pérez Mata, para ocupar la titularidad de la Notaría 130 de la Ciudad de Ramos Arizpe, perteneciente al Distrito Notarial de la ciudad de Saltillo.

Al respecto, es de llamar la atención el conjunto de considerandos por los que se le otorga el fiat. Dice el considerando Tercero: “el Estado (de Coahuila) ha sufrido grandes transformaciones, lo que ha traído como consecuencia un crecimiento importante que impacta en todos los municipios de la entidad, en particular los que corresponden al Distrito Notarial de Saltillo, lo cual ha provocado la necesidad de dar certeza jurídica a los diversos actos y negocios jurídicos que llevan a cabo las personas jurídicas y morales”.

La pregunta al respecto es por qué el Poder Legislativo de Coahuila lo autorizó, sabiendo del desorden contable que había dejado Pérez Mata en el TSJ, sobre todo en lo relacionado con el caso Ficrea, y otorgó su aval para este nombramiento, el cual, dice el Acuerdo oficial, se sustenta en que acreditó todos los requisitos establecidos por la ley para obtener el Fiat de Notario Público. Sobre esto y otros temas versará la tercera y última entrega de esta investigación.

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