En el cumplimiento de garantizar la protección de los derechos humanos y el pleno desarrollo de la persona, el Pleno de la LXIV Legislatura aprobó el dictamen que emitió la Comisión de Servidores Públicos, mediante el cual reforman diversos artículos y fracciones del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, propuesta por la legisladora Elsa Landín Olivares, para castigar con el cese inmediato de su puesto, al servidor público que incurra en las conductas de hostigamiento laboral y acoso sexual, dentro o fuera de los centros de trabajo de las instituciones públicas.
De esta manera, en las Fracciones V y VI del artículo 2 del citado Estatuto, se incluyen los siguientes conceptos, como motivos para rescindir el contrato laboral:
ACOSO LABORAL.- como la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que, en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta; y
ACOSO SEXUAL.- Cualquier comportamiento tanto físico como verbal de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona; en particular, cuando se crean un entorno laboral intimidatorio, degradante u ofensivo, esto aun y cuando no exista subordinación de la víctima.
Momentos antes de la votación de este dictamen, la legisladora Patricia García García, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del PAN-PRD, hizo el uso de la voz para expresar su beneplácito porque es una reforma que contribuye a la eliminación de estereotipos, de conductas que denigran la dignidad principalmente de mujeres, que en muchos casos son víctimas de personas del sexo masculinos que aprovechan su grado jerárquico para ejercer dominación incurriendo en conductas de acoso laboral y hostigamiento sexual.
Por su parte, la diputada del PRI Elsa Landín Olivares, promotora de la iniciativa, explicó que la modificación contempla la inclusión de estos dos conceptos que ahora serán motivo de recisión del contrato laboral para quien cometa este tipo de conductas. Sostuvo que las mujeres que laboran en el servicio público “todas somos víctimas de violencia sistemática” que atenta contra nuestra integridad psicológica, quienes, dijo, son objetos de bromas, burlas y comentarios soeces por parte de compañeros y jefes de trabajo.
A su vez, la legisladora Karina Banda Iglesias, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario Mixto del PVEM-PES-PNA, señaló que esta reforma es trascendente porque ahora se protegerá la dignidad e integridad principalmente de la mujer, por lo que no debe haber “ninguna mujer más” (víctima de estas conductas).
En lo particular, el diputado Armando Valdez Herrera, reconoció que si bien, son las mujeres quienes más sufren acoso laboral u hostigamiento sexual en sus lugares de trabajo, también hay hombres que son víctimas de estas conductas, al tiempo que propuso una reformal artículo 25 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores del Estado, sus Municipios y Organismos Descentralizados, con el objeto de que el imputado también tenga garantizado el derecho de audiencia y se siga un protocolo de investigación y proceso legal claro.
Al respecto, la diputada Elsa Landín, expresó su aval a esta propuesta, pues “tampoco se trata de una cacería de brujas” y por ello coincidió que estos casos deben investigarse conforme a Derecho.
Este planteamiento fue sometido a la consideración del pleno, siendo aprobado por la mayoría del pleno.