A más de un mes de la aprobación por parte de la LXIV Legislatura del Congreso de Oaxaca de las reformas a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos que prohíben la venta, entrega y obsequio de PET, unicel y plásticos, organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno del estado la publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Unas 40 asociaciones e instituciones académicas consideraron que “las presiones” ejercidas por empresarios, quienes anunciaron medidas legales para frenar la propuesta ha detenido el tránsito de la publicación para que pueda entrar en vigencia.
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“La nueva disposición que obligará a las compañías de refrescos a replantear sus envases de PET, ya ha sido objeto de quejas por parte del sector empresarial que prometió ampararse. Debido a estas presiones, la nueva norma aún no se encuentra vigente ya que no ha sido publicada en el Diario Oficial ni vetada para su revisión por parte del gobernador del estado”, señalaron en un comunicado.
Y acusaron que este hecho deja de lado el artículo 53 fracción III de la Constitución del Estado que establece un tiempo máximo de 15 días para que el Poder Ejecutivo se pronuncie al respecto, mismo que ya se venció.
Las organizaciones, entre ellas Green Peace México, Oxfam, así como el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca, indicaron que el PET es un material de lenta degradación que permanece en océanos y ríos, ingresando en la cadena alimenticia y causando graves problemas ambientales y de salud.
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“Las empresas pueden y deben favorecer la retornabilidad para no generar residuos, utilizando solo los envases de vidrio o de plástico que se pueden regresar”, pidieron.
Ante ello, las organizaciones reclamaron la inmediata publicación de la nueva norma, que pondrá a Oaxaca entre los estados pioneros en la disminución de la generación de residuos sólidos y el cuidado del ambiente.
“Vivir en un medio ambiente sano es un derecho reconocido y garantizado por la Constitución Federal y por el artículo 12 de la Constitución del Estado de Oaxaca. El gobierno del estado debe garantizar este derecho humano de las y los habitantes de Oaxaca antes que proteger las ganancias de las empresas que soslayan su responsabilidad social, nos contaminan y nos enferman”, exigieron.
