El caso de Ficrea sigue generando interés entre la población de Coahuila. Al respecto, el Magistrado Alejandro Huereca, presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del estado, nos otorgó una entrevista exclusiva en la que sostiene fundamentalmente dos cosas: 1) el Tribunal fue víctima de un grupo de personas que violaron la ley, y 2) no se cometieron irregularidades de parte de esa institución al momento de llevar a cabo las inversiones con Ficrea.
Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción siguen su marcha, mientras que en la visión de la Auditoría Superior del estado hubo hechos que podrían constituir delitos.
Presentamos a continuación la entrevista completa.
Saúl Arellano (Newsweek Coahuila): El síndico de Ficrea nos dijo que hay un despacho contratado por el Tribunal Superior de Justicia para litigar el caso. Al respecto, él se cuestionaba para qué tenerlo si ya se reconoció la deuda y ya se le pagaron al Tribunal 26 millones de pesos. ¿Se contrató este despacho?, ¿para qué fin?
Alejandro Huereca (AH): En efecto, hay un despacho contratado en la Ciudad de México para los efectos siguientes: una vez que el Tribunal sufrió el fraude por parte de Ficrea —del cual se tiene conocimiento ampliamente por los medios— y que Ficrea ya no regresó el dinero a esta institución, el Tribunal se vio en la necesidad de generar todas las acciones legales necesarias para recuperar ese dinero.
Las acciones que se plantearon podemos dividirlas en tres aspectos: el primero, un juicio ordinario mercantil mediante el cual se busca la recuperación de todas las cantidades que se entregaron en depósitos a plazo fijo frente a Ficrea; este procedimiento, como tienen ustedes ya conocimiento y antecedentes, está radicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, luego de resolver las cuestiones competenciales, porque inicialmente se promovió en la Ciudad de México.
La segunda cuestión fue el reconocimiento de los créditos que existen a favor del Tribunal, derivados de los depósitos a plazos que se hicieron en Ficrea, ante el concurso mercantil. Efectivamente, se plantearon las cuestiones necesarias ante el síndico y el juez de la quiebra del concurso mercantil, y se reconocieron los adeudos que tiene Ficrea con el Tribunal.
Por el fraude que se maquinó en contra del Tribunal y de muchos más ahorradores, finalmente se plantearon acciones como denuncias penales en contra de los diversos funcionarios que operaban en favor de Ficrea la ciudad de Saltillo, así como otros de la Ciudad de México y del propio señor Rafael Olvera Amezcua, quien se estima es el accionista principal de Ficrea.
Sin embargo, lo que al Tribunal le interesa en lo particular es recuperar los créditos. Para esos efectos, por esas acciones que se plantearon, efectivamente, se contrató a un despacho de abogados en la Ciudad de México.
SA: ¿Cuánto cuestan los honorarios del despacho? Porque podría ser más caro tenerlo en lugar de que el propio Tribunal asuma su propia defensa; ¿el Tribunal se podría representar a sí mismo o de verdad se requiere este despacho?
AH: El Tribunal efectivamente se puede representar a sí mismo, pero no tiene abogados en la Ciudad de México ni en Guadalajara, que es donde se requiere la atención permanente en relación con la tramitación y las diferentes resoluciones que van dictando las autoridades. La única manera de llevar a buen término esos procedimientos que todavía están en curso es tener un abogado que esté en plaza.
Los abogados que fueron contratados están a resultas del juicio; van sobre las recuperaciones, no hay un pago que se esté haciendo de forma constante. Sí se liquidan los gastos propios de las gestiones que se van haciendo, que son realmente mínimos, y ellos están a resultas de lo que se vaya recibiendo por parte del concurso mercantil. Si no hay recuperación, no hay pago. A la fecha, como también ya lo tienen documentado, se han recibido cinco pagos, que totalizan un poco más de 26 millones de pesos, y solamente sobre eso se les ha ido pagando.
SA: El auditor del estado puso una querella ante el fiscal anticorrupción de Coahuila, el 28 de agosto pasado, en la cual documenta un conjunto de irregularidades respecto a cómo fue manejado el Fondo para la Administración de la Justicia.
La cuestión es que, al haber un daño patrimonial importante para el Tribunal, evidentemente hay gente que dice que se tuvo conocimiento y que, o se omitió actuar o no se comprendieron las implicaciones de lo que estaba pasando de triangulación de recursos, que sí están documentados en correos electrónicos y en oficios.
Existen sanciones administrativas que podrían ser aplicadas, ¿hay algún proceso en el Tribunal en contra de quien resulte responsable por estos errores?
AH: Desconozco los términos de la querella a la que te refieres; habría que tener el texto leído para poder opinar sobre él. En todo caso, creo que respecto de estas inquietudes, quien podría señalar si hay responsables o no, o si están persiguiendo responsables, bien podría ser la Auditoría o el fiscal anticorrupción.
Lo que te puedo decir por parte del Tribunal es que de manera oportuna se hicieron las auditorías internas, se hicieron las investigaciones necesarias y se determinó que, con toda claridad, los funcionarios que perpetraron un fraude en contra del Tribunal fueron funcionarios de Ficrea, no nuestros.
Los funcionarios de Ficrea, los locales, radicados en esta ciudad en ese entonces, fueron los que, en virtud de engaños, de mostrar papeles que asumían que tenían facultades, de autorizaciones suficientes para recibir depósitos del Tribunal, fue como lograron que el Tribunal confiara en ellos, que hiciera los depósitos y que, al final de cuentas, al Tribunal no se le pagara, como a muchos más acreedores que tiene actualmente Ficrea.
Incluso hay otros tribunales cuya suerte seguiría por separado, el SAT mismo (hay un fondo de protección de sociedades financieras populares), bancos, es decir, las víctimas, por llamarlo de una manera muy simple, son todos los acreedores, y entre ellos está el Tribunal.
SA: En la página 4 de la querella dice: “…del estudio de la información y documentación presentada durante la visita domiciliaria de mérito, destacaron diversos hallazgos, los cuales pueden traducirse en conductas penalmente relevantes, reconfigurar algún ilícito penal, mismos que se precisarán en el apartado correspondiente, que fueron desplegadas por funcionarios de la administración del Poder Judicial del Estado de Coahuila, quienes manejaron, administraron, custodiaron y/o utilizaron recursos públicos o bienes de la entidad. En la presente denuncia, para efectos penales, tiene la calidad de servidor público toda aquella persona que desempeña un cargo, empleo o comisión de cualquier naturaleza en una entidad pública. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 194, párrafo primero del código Penal del Estado de Coahuila”.
Lo que es irregular no necesariamente constituye un delito, sin embargo, toda la documentación que presenta la Auditoría deja ver que sí hubo omisiones. Hay correos electrónicos donde funcionarios se comunicaban con la gente de Ficrea; incluso hay un depósito que se hace a Leadman Trade, una empresa de las filiales de Ficrea, y el Tribunal, al parecer por la evidencia que presenta el auditor, sí tenía conocimiento de esto.
Efectivamente, el Tribunal es víctima de un fraude de un agente externo, pero también parece que hay elementos de evidencia de que adentro hubo algunos errores u omisiones, ¿no se desprendió esto en las auditorías que hicieron ustedes?
AH: No, no en el conocimiento que yo tengo de las auditorías internas, e incluso en una externa que se pidió no hay esa evidencia. Lo que sí puedo destacar y señalar es que lo que me acabas de leer, empieza diciendo que “pueden considerar”; es decir, se “pueden considerar” alguna irregularidad administrativa o alguna irregularidad incluso penal. No advierto yo una cuestión conclusiva en la expresión de la querella.
Sin embargo, en todo caso le tocará a la instancia judicial que corresponde el determinar si lo que está señalándose en la querella puede ser constitutivo de una falta administrativa o constitutivo de una falta penal, pero eso es una cuestión que no la puede resolver ahorita el Tribunal porque no está dirigida a nosotros la querella.
SA: Así es, está dirigida al fiscal anticorrupción. Si esto llegara a judicializarse, evidentemente va a llegar al Poder Judicial de Coahuila, quien va a ser, en determinado momento, juez y parte, literalmente, ¿cómo se procesan este tipo de casos cuando ocurre que el personal que está involucrado con probables acciones que constituyen una irregularidad, era o es incluso personal del Tribunal? ¿Cómo se procede?
AH: La ley prevé las diversas faltas administrativas de los funcionarios; esas faltas administrativas están destacadas con toda precisión en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y también están señaladas las sanciones que pueden ser aplicables a estas faltas administrativas.
Estas sanciones pueden ir desde el apercibimiento, la amonestación, la multa, la suspensión, la destitución del cargo, e incluso una inhabilitación temporal para desempeñar empleo, entendiendo que esta inhabilitación temporal tiene que ser en virtud de un proceso judicial en forma.
Si se logra justificar que existen faltas administrativas, el Tribunal sin duda hará lo que corresponda en el ámbito de sus facultades, sus atribuciones, en contra de los funcionarios que se destaquen, pero habrá que esperar las investigaciones que se hagan por entes ajenos a nosotros en tanto que lo que nosotros hemos advertido no constituye falta administrativa. Incluso puedo señalar que algunos de los funcionarios que en ese entonces fungían dentro del departamento de finanzas ya no están en el Tribunal.
SA: Si algo está lastimado en México es la noción de la justicia. La gente tiene la percepción de que no hay acceso a una justicia que responda a los intereses de la ciudadanía y no a otros distintos.
¿Hasta dónde el Tribunal le puede dar garantía a la población de que, en caso de que se judicializara el caso, sí habrá justicia y sí se va a actuar con prontitud, con objetividad, con apego irrestricto a la ley?
AH: El fraude de Ficrea en contra del Tribunal se ha tratado siempre de forma transparente, no se ha ocultado información alguna. Ha sido un tema que, de forma recurrente y muy clara, la presidenta del Tribunal lo ha planteado y ha hecho las precisiones necesarias en sus informes.
Se ha informado con toda oportunidad a la Auditoría Superior del estado sobre los manejos, los abonos, los pagos que se han hecho por parte del concurso mercantil hacia el Tribunal; de tal suerte que me parece que la garantía que debe de tener la gente, el pueblo, es que el Tribunal va a actuar, invariablemente, con apego a la ley, porque es a la primera que se debe, es decir, el Tribunal funciona y actúa de acuerdo a la ley, y es el primero que debe respetarla y es el primero que debe de estar al pendiente de que se cumpla.
Más transparencia y más legalidad no pueden existir en relación con los movimientos con el Ficrea que la propia autoridad, el juez de la quiebra, el juez de distrito de la Ciudad de México reconoció con toda oportunidad los créditos, los depósitos que el Tribunal hizo en Ficrea los reconoció y forma parte de la masa a pagar, tan es así que ya nos han hecho cinco pagos.
La garantía que tiene la gente en general es que el Tribunal actúa y ha actuado siempre con apego a la legalidad; con toda oportunidad se ha informado y no se han ocultado datos ni informes ni los procesos a los que nos estamos refiriendo, y que siguen en pro de recuperar lo más posible hasta que en los tribunales nos digan que ya no y nos den una sentencia negativa. Hasta entonces el Tribunal dejará de actuar en los procesos judiciales; antes no, no es posible, porque entonces sí estaríamos abonando a que iniciamos un proceso judicial y luego, sin ninguna justificación, lo terminamos.
El Tribunal va a hacer y va a seguir los procesos a los que nos hemos referido desde el inicio hasta sus últimas consecuencias, las últimas; de tal suerte que, hasta que tengamos una decisión o favorable o negativa o parcialmente en un sentido o en otro, el Tribunal dejará de actuar, antes no.
SA: Han existido señalamientos de que los recursos del Fondo para la Administración de la Justicia, que son los que fueron afectados en esta partida de la inversión de Ficrea, también se utilizan a veces para pagar algunos bonos, algunas remuneraciones extraordinarias que estarían fuera de norma, ¿esto es así? ¿Hay alguna utilización de este fondo para pagos extraordinarios o bonos?
AH: En relación con esto, yo no tengo información ni soy la persona indicada para proporcionarla. Me parece que es un tema que está fuera del tema central de nuestra plática, pero, en todo caso, si se desea mayor información, que se acuda a las instancias correspondientes ante el Tribunal para que ellas proporcionen la información, yo no la tengo.
SA: ¿Algún tema adicional en el que usted quiera abundar o que nos quiera dar de datos relevantes del tema?
AH: A mí me interesa mucho esta plática; he leído a detalle y con cuidado el par de entregas anteriores a través de la revista. Me parece que lo que hay que transmitir a la ciudadanía, al público en general, es que el Tribunal es parte de un grupo de ahorradores que luego se convirtieron en acreedores de una empresa que los defraudó. Ficrea fue quien defraudó, no el Tribunal.
El Tribunal no hizo gestiones indebidas para que el dinero estuviera en una situación como la que está ahorita de impago a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eso es lo que a mí me gustaría que quedara en conocimiento de la gente: que el Tribunal fue una víctima más de todos los que se llevó “al baile” la gente de Ficrea.
No nada más fuimos nosotros; hay tribunales de otros estados, hay municipios de otros estados, hay bancos, hay gente que, por los roles que juega, por sus propias actividades, sabe y conoce, y que estimamos que no estaría en posibilidades de ser engañada, pero, en virtud de las maquinaciones de Ficrea, incluso ellos fueron defraudados y tienen todavía en riesgo dinero que no ha sido devuelto.
SA: ¿Los delincuentes son los que ya fueron procesados y sentenciados en diciembre?
AH: Según el último informe de febrero de 2019 de la sociedad del concurso mercantil, los interventores, el director de operaciones, el secretario del comité de crédito de Ficrea, el vocal del comité de créditos y el director comercial de Ficrea ya fueron condenados a ocho años, con multas fuertes. Ahí está la evidencia, y no trato de hacer mayor señalamiento del que objetivamente podemos encontrar.
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