Caso Ficrea | Autorizó la administración de Pérez Mata pagos millonarios del Tribunal a despacho de abogados


Caso Ficrea | Autorizó la administración de Pérez Mata pagos millonarios del Tribunal a despacho de abogados



De acuerdo con los datos del Poder Judicial del Estado de Coahuila, obtenidos a través de una solicitud de información, hasta el 2 de mayo de 2019, esta institución había recuperado solo 26 millones 162 mil 941 pesos con 21 centavos, de los 150 millones de pesos (a valor actualizado) invertidos originalmente en Ficrea, SFP.

El pago de estos 26 millones, como entidad reconocida en el concurso mercantil ordenado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se ha llevado a cabo en cinco parcialidades realizadas entre julio de 2016 y enero de 2019:

  • El primer pago fue el 7 de julio de 2015, el cual ascendió a 12 millones 987 mil 91 pesos con 32 centavos, la suma más grande recibida por el TSJ en lo que va del litigio.
  • La segunda suma más grande fue recuperada el 23 de febrero de 2017, por 4 millones 329 mil 30 pesos.
  • Ese mismo año el Tribunal recibió el pago de otros 3 millones 957 mil 315 pesos, el día 28 de septiembre.
  • En julio de 2018, se logró la recuperación de dos millones 713 mil 487 pesos.
  • Finalmente, la última recuperación de dinero fue el 17 de enero de este año, cuando se lograron obtener 2 millones 176 mil 16 pesos.

Sorprende el hecho de que, a fin de litigar el caso en contra de Ficrea, en lugar de representarse a sí mismo, el Tribunal Superior de Justicia haya recurrido a la contratación de un despacho de abogados, con domicilio en la Ciudad de México, al cual se le asignó, sin licitación de por medio, un contrato de prestación de servicios profesionales.

En efecto, de acuerdo con la información proporcionada por el Tribunal, el objeto del contrato fue: “Pago de honorarios por servicios profesionales, consistentes tanto en la tramitación, seguimiento y atención de procedimientos de carácter civil y/o mercantil, así como en la formulación de las denuncias y/o querellas en materia penal -y su representación ante las autoridades correspondientes, su posterior atención e integración, que resulten pertinentes para representar, defender y salvaguardar los intereses del Tribunal” (Sic).

Destaca que, en el año 2015, el Tribunal recuperó una suma de 12.98 millones de la cantidad total defraudada por Ficrea; sin embargo, ese mismo año, y sin haber dado aún mayores resultados, le fueron pagados al despacho Olea y Asociados, S.C. 5.8 millones de pesos, autorizados por las instancias correspondientes del Tribunal, pero cuya responsabilidad final era del entonces Presidente, Gregorio Pérez Mata.

Nuevamente surge la duda, y sería importante que la Auditoría Superior del Estado revisara si esta contratación se dio respetando las disposiciones legales y reglamentarias, pues no queda claro por qué se contrató a éste y no a otro despacho. Es decir, aunque el despacho Olea y Asociados, S.C. goza de una buena reputación y es reconocido por su capacidad de litigio, eso no justifica plenamente que se haya hecho la contratación sin haber llevado a cabo al menos un proceso de licitación para determinar si no hubiese otro u otros despachos que, ofreciendo la misma cantidad y calidad de servicios, pudieran resultar menos onerosos para el Tribunal

En ese sentido, también la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, que tiene abierta una investigación por estos hechos, podría incorporar esta información como nuevos elementos para determinar si hubo o no un ilícito, ya no sólo en el manejo de los recursos del tribunal, sino en las acciones seguidas para recuperar el dinero perdido.

Además de los 5.8 millones de pesos pagados en el año 2015, en esta ocasión por concepto de “pago de honorarios por representar a el (sic) Tribunal y defender sus intereses en lo relativo a la tramitación, seguimiento y atención del procedimiento de carácter concursal y/o quiebra de la sociedad denominada Ficrea, S.A. de C.V”, el 19 de enero de 2016 y el 15 de julio del mismo año, fueron pagadas dos facturas por un monto de 1,160,000.00 cada una de ellas, dando un monto total de 2.32 millones de pesos.

Finalmente, para el 10 de agosto del año 2018, se hizo un nuevo pago por concepto de “Gastos necesarios para atender y dar seguimiento a diversas averiguaciones previas, una de ellas en Saltillo, Coahuila, y al juicio mercantil en Zapopan, Jalisco. El monto pagado por este servicio fue de $348,000.00.

En total, hasta el 3 de mayo de 2019, el Tribunal ha pagado un total de 8 millones 460 mil pesos; destaca en ese sentido que, frente a los 26.16 millones de pesos que se han recuperado, esa cifra representa el 32.33%; en ese sentido, la pregunta nuevamente es ¿por qué el magistrado en retiro, Gregorio Pérez Mata, como Presidente del TSJ de Coahuila dio el visto bueno para la contratación de éste y no de otro despacho?

Lo anterior cobra mayor notoriedad, porque en entrevista para Newsweek Coahuila, el síndico de la quiebra de Ficrea, Javier Navarro Velasco, señaló que la contratación de un bufete privado de abogados para litigar el caso le parecía innecesaria, ya que el Tribunal ha sido reconocido como acreedor de esta SPF, además de que, si acaso, el Tribunal llegará a recuperar como monto máximo, el 40% del crédito reconocido por Ficrea, la cual asciende a 150 millones de pesos, perdiendo así alrededor de 90 millones, lo cual deja a la contratación de este bufete como un despropósito.

Las preguntas se incrementan: ¿es lógico contratar un despacho que va a costar más del 30% de una suma que de por sí implica ya una afectación severa al patrimonio de una institución? ¿Es ético que la instancia responsable de impartir Justicia en una entidad renuncie a defenderse a sí misma? ¿No sería mejor contratar a un despacho para oír y recibir notificaciones, y comisionar a uno o dos de los mejores abogados del tribunal, o los que fuese necesario, para que lleven el caso? Se trata de cuestiones que le correspondería indagar, como ya se dijo, al Fiscal Anticorrupción y a la Auditoría Superior del Estado.

Lo esperable igualmente sería que en el Congreso se citara a comparecer a los principales responsables; y exigir desde ahí que no haya  impunidad y que, de haber actos ilegales, se lleven a cabo los deslindes y las imputaciones a que haya lugar.

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