Millones de personas en EU consumen agua potable peligrosa


Millones de personas en EU consumen agua potable peligrosa

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La mayoría de los estadounidenses da por sentado que el agua potable es una ventaja de la vida moderna. Y si bien es cierto que el suministro de agua potable de Estados Unidos es uno de los más seguros del mundo, sus sistemas hídricos enfrentan nuevas amenazas constantemente.

Por ejemplo, el 6 de mayo, investigadores de la Universidad Northeastern y de la organización no lucrativa Environmental Working Group revelaron que, en 43 estados de la Unión Americana, el agua de algunas regiones está contaminada con compuestos fluorados tóxicos conocidos como PFAS. Entre tanto, muchos obreros agrícolas del Valle Central de California tienen que comprar botellas de agua, debido a que el agua corriente contiene concentraciones peligrosas de arsénico y de diversos químicos agrícolas que se han relacionado con un alto riesgo de mortalidad infantil y de cáncer en los adultos.

Como científica especializada en la calidad del agua, considero que proveedores y reguladores no pueden darse el lujo ser complacientes. Por ello, me alarmó que Andrew Wheeler, administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), se jactara de la calidad del agua potable de Estados Unidos durante una entrevista del 20 de marzo de 2019: “Quiero asegurarme de que el público estadounidense entienda que 92 por ciento de nuestra agua corriente reúne todos los requisitos EPA para el agua potable segura”, declaró Wheeler.

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Tomemos ese comentario y hagamos cuentas. Cada día, 327 millones de estadounidenses beben un promedio de dos a ocho vasos de agua. Si 8 por ciento de ese líquido no cumple con los estándares EPA, hablamos de unos 209 millones de vasos diarios de agua potencialmente peligrosa, volumen que equivale a 2.3 mil millones de galones de agua: suficientes para llenar un cuarto de millón de bañeras. En pocas palabras, un alto porcentaje de cumplimiento normativo no significa que las cosas estén marchando bien.

Desde hace más de 40 años, la Ley de Agua Potable Segura ha definido los estándares estadounidenses para monitorear y gestionar contaminantes, y para garantizar la seguridad del agua. La Agencia de Protección Ambiental tiene la responsabilidad de desarrollar dichos estándares, y de trabajar con estados y empresas para asegurar el cumplimiento normativo en todos sus suministros de agua potable. En la década de 1980, las enfermedades transmitidas en el agua registraron una caída en todo el país gracias a las legislaciones implementadas bajo la Ley de Agua Potable Segura. Sin embargo, esos padecimientos han vuelto a repuntar en los últimos decenios.

Otra responsabilidad de EPA es proporcionar fondos para que estados y comunidades monitoreen y analicen sus suministros de agua. Ese dinero es fundamental, ya que la Agencia de Protección Ambiental siempre está desarrollando nuevos estándares y estrategias de monitoreo para contaminantes emergentes, como los PFAS. Pese a ello, el presupuesto anual que la dependencia asigna a la infraestructura hídrica ha permanecido casi sin cambios desde el año 2000.

En Estados Unidos hay más de 151,000 sistemas públicos de agua que dan servicio a comunidades residenciales, escuelas, edificios de oficinas, hospitales y otras instalaciones. Pero las comunidades pequeñas tienen muchas dificultades para monitorear la calidad del agua y financiar actualizaciones de infraestructura. En su boleta de calificaciones más reciente, la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles otorgó una “D” a la infraestructura del sistema de distribución de agua potable estadounidense, debido a la enorme cantidad de fugas, así como a la presencia de contaminantes heredados (entre ellos, el plomo) y de nuevas amenazas (los multicitados PFAS).

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Desde 2013, la proporción de sistemas hídricos estadounidenses que cumplen con los estándares sanitarios ha oscilado entre 90 y 93 por ciento. No obstante, hay fuentes críticas que no alcanzan ese porcentaje. Por ejemplo, entre 2014 y 2019, el cumplimiento en escuelas y guarderías promedió apenas 90 por ciento, y parece haberse reducido en los últimos años.

Por otra parte, hay regiones que cuentan con mejores servicios hídricos que otras. Los datos de EPA revelan que, durante el primer trimestre de 2019, la proporción de sistemas de agua que reunían los estándares nacionales osciló de 84 por ciento a 95 por ciento, mientras que la proporción de poblaciones cuyos sistemas de agua cumplían dichos requisitos varió mucho más: entre 60 por ciento y 95 por ciento. Por ejemplo, las Regiones EPA 2 (Nueva York y New Jersey) y 6 (Nuevo México, Texas, Oklahoma, Luisiana y Arkansas) registraron los niveles de cumplimiento normativo más bajos. De hecho, casi 12 millones de habitantes de la Región 2 recibieron servicio de un sistema que violaba al menos un reglamento federal.

¿Cuáles son las violaciones más comunes? En 2015, se detectaron 10,083 sistemas que violaban un estándar federal; y de ese total, 72 por ciento incumplió con la Regla de Coliformes Totales o incurrió en alguna otra violación microbiana. Esto significa que hallaron bacterias en el agua, y que existía el potencial de brotes de enfermedades transmisibles en el agua a causa de la contaminación fecal o de un tratamiento hídrico inadecuado.

Según los cálculos de algunos investigadores, en todo el país hay cerca de 32 millones de casos anuales de enfermedades transmitidas en el agua. En su informe más reciente sobre los problemas detectados en los sistemas comunitarios de agua, los Centros para el Control y Detección de Enfermedades (CDC) hallaron que, entre 2013 y 2014, hubo 42 brotes que causaron 1,006 casos de enfermedad, 124 hospitalizaciones, y 13 defunciones. Estos incidentes demuestran que la industria del agua no está cumpliendo con su misión fundamental, del mismo modo que los accidentes aéreos revelan los fallos de la industria de la aviación.

El cambio climático está generando inundaciones y tormentas cada vez más violentas que tienen repercusiones significativas en la calidad del agua. Las inundaciones y las lluvias extremas acarrean contaminantes de las aguas residuales hasta los suministros de agua, y se ha demostrado que las precipitaciones intensas causan una contaminación fecal generalizada mediante el arrastre de excrementos humanos y animales hasta los ríos y lagos.

Ninguna otra industria toleraría una tasa de fracaso de 8 por ciento, y no creo que los profesionales del agua de Estados Unidos consideren aceptable semejante cifra. En mi opinión, el primer paso es brindar más recursos para monitorear y diagnosticar los suministros de agua, a fin de identificar patógenos emergentes como protozoarios y virus.

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Las primeras investigaciones sobre la incidencia de Cryptosporidium en el suministro de agua (un parásito microscópico que puede causar enfermedades gastrointestinales) dieron origen a nuevos reglamentos para monitorear y tratar el agua potable estadounidense. Y, hoy día, los proveedores de servicios hídricos disponen de nuevas tecnologías que les permiten determinar si la contaminación fecal es humana o animal, información necesaria para implementar medidas correctivas en las vías fluviales contaminadas antes que haya brotes de enfermedad.

Otra acción importante sería financiar plantas piloto y de prueba que demuestren el potencial de los nuevos sistemas de tratamiento para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas en el agua. Por ejemplo, un consorcio de ciudades, ingenieros consultores y universidades de Ohio está evaluando nuevos sistemas de tratamiento para las descargas combinadas del alcantarillado y las aguas pluviales. Más instalaciones de ese tipo ayudarán a fomentar la innovación y la adopción de nuevas estrategias prometedoras.

Para concluir, considero que reguladores y proveedores de agua tienen que reafirmar su compromiso de brindar agua segura cada vez que los estadounidenses se bañen o abran el grifo. Es verdad que, en estos momentos, es imposible obtener una calificación perfecta, pero si el cumplimiento normativo aumentara siquiera 1 por ciento, muchos estadounidenses tendrían vidas más saludables y seguras. Y la inversión en nueva infraestructura hídrica puede volver asequible el cumplimiento de 99.999 por ciento.

Joan Rose es directora e investigadora principal del laboratorio de investigaciones hídricas en la Universidad Estatal de Michigan

Este artículo fue tomado de The Conversation bajo una licencia de Creative Commons. Lea el artículo original.

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