Columna Diario de Campo
El lunes 29 y el martes 30 pasados algunos funcionarios del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) participamos en el Taller Nacional de Participación Ciudadana, a invitación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), en la ciudad de Mérida. Consejeros y expertos de 24 instituciones electorales locales del país, nos dimos a la tarea de culminar un esfuerzo que ya se había avanzado a la distancia, consistente en la factura de un Modelo de Ley de Participación Ciudadana, que pueda servir de base inspiracional para la clase política de nuestras entidades, y en particular a sus poderes legislativos.
Se buscó elaborar un prototipo de instrumento jurídico que sirva como base para hacer eficiente y eficaz la difusión, la organización y el desarrollo de los instrumentos de democracia directa, susceptible de ser adoptado por los Institutos Electorales Locales (IEL), para proponer a sus congresos estatales y comunidades los mecanismos de participación ciudadana que consideren aptos para el empoderamiento de la ciudadanía en los asuntos públicos en el ámbito local.
Los IEL —también llamados OPLE— somos los responsables de aplicar los diversos mecanismos de participación ciudadana que se detallan en las leyes locales en la materia. Sin embargo, padecemos las limitaciones de estas, que exhiben una enorme gama de alternativas y una torre de babel acerca de lo que es la participación ciudadana, la democracia directa y la rendición de cuentas. Muchas leyes locales son impracticables para la ciudadanía —el caso de Guanajuato—, otras son prolijas y dúctiles —CDMX—, algunas aplican mecanismos de contraloría social, otras de consulta en obras públicas, presupuesto participativo, revocación de mandato, integración de comités de vecinos o colonos, etcétera. Guanajuato emitió su ley en 2002, con cuatro figuras de participación, y para 2006 un total de 28 estados ya contaban con su ley (Gamboa y García, 2006 http://bit.do/eRprg). Sin embargo, a la fecha no existe una ley federal o general en la materia; sólo la de consulta popular.
Alberto Olvera (2009: 8, http://bit.do/eRpBz) afirmó que “De las leyes vigentes, el referéndum está contemplado en 27 estados (no aplica en Baja California Sur); el plebiscito en 26 (no existe en el estado de México ni en Querétaro); la iniciativa popular en 19 estados (no se incluye en Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán). Hay matices en cada caso […]”. Esto evidencia la enorme dispersión normativa actual, que dificulta mucho que las democracias locales concurran al mismo ritmo a los derechos políticos de tercera generación. La democracia procedimental es un hecho en todas las entidades; la democracia social se está construyendo con una visión federalista solidaria, pero la democracia de participación ciudadana tiene aún muchos pasivos…
El taller culminó la generación de un modelo de ley que puede ser inspiración para los congresos locales, e incluso del Congreso de la Unión. El prototipo fue analizado y debatido con toda seriedad en cuatro mesas de trabajo, donde se abordaron las diversas modalidades de participación. Al final se votó cada uno de los cambios propuestos, y el arquetipo se avaló con el estampado —en las 70 páginas del documento— de las firmas y rúbricas de los promotores y coordinadores del esfuerzo, así como de los presidentes de los ILE presentes.
Hay que reconocer al IEPAC Yucatán por su liderazgo en este tema. En particular al consejero Jorge Valladares y sus compañeros de comisión. También al líder moral de la Red Nacional de Educación Cívica, el maestro Carlos González Martínez, presidente del Instituto para la Democracia de Proximidad, SC. Pero sin duda, los sesenta o setenta asistentes contribuimos con nuestras experiencias particulares y locales en este esfuerzo grupal.
Ahora que la 4T busca la legitimación de sus decisiones clave mediante consultas, podría interesarse en conocer este modelo, y abonar a la diversificación de alternativas para la participación, que involucren al ciudadano común en los procesos de toma de decisiones que les afectan. Una ley general sería la mejor alternativa para evitar la dispersión legal actual, que provoca que haya ciudadanos mexicanos con más derechos unos que otros.
