Wendy cumplió 11 años en la sala de maternidad del hospital general “Doctor Aurelio Valdivieso”, junto a su bebé de un día de nacido, producto de una violación.

La niña acaricia el cabello de Alexis, quien nació el 14 de abril por la mañana, cuando su madre todavía tenía 10 años.

La estudiante de quinto año de primaria afirma que volverá a la escuela y a su casa con su madre y dos hermanos -de 9 y 5 años, respectivamente- debido a que actualmente se encuentra bajo custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) desde hace un mes.

Wendy es una niña y no tiene una idea clara de lo que ocurrió en los últimos meses, solo comprende que asistió a algunas consultas médicas consultas en la clínica de salud de su localidad.

De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca, en el estado cada año se registran alrededor de mil embarazos en menores de 15 años y entre las causas se encuentra la violencia sexual.

El responsable estatal de Planificación Familiar de la institución, Jorge Iván Galindo Santiago detalló que la institución documenta anualmente una incidencia del 20 por ciento de los eventos obstétricos en adolescentes de entre 12 y 19 años.

Tan solo en 2017, las unidades médicas de los SSO atendieron seis mil 735 embarazos en este sector poblacional, de los cuales mil fueron en menores de 15 años.

México ocupa los primeros lugares en todo el mundo en embarazos adolescentes, y aunque se ha reducido la natalidad de la población en general para llegar a 2.3 hijos por familia, la problemática en la adolescencia continúa.

Ante ello, refirió, la Secretaría de Salud en el ámbito federal implementó la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, de la cual forman parte todas las instituciones del sector.

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), agrupación participante en la campaña #NiñasNoMadres, cuatro de cada 10 mujeres víctimas de violencia sexual son niñas menores de 15 años.

En el 60 por ciento de los casos los agresores resultan ser familiares o personas conocidas, detalló la organización que también documentó que entre 2009 y 2016 se recibieron 111 mil 413 denuncias por violación en el territorio nacional. Sin embargo, el sistema de Salud sólo reportó 63 abortos legales por la causal violación, vigente en todo el país.

La Norma Oficial Mexicana 046 establece que: “En caso de violación, las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, deberán ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia, previa información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la persona tome una decisión libre e informada”.

Así también tienen la obligación de informar de los riesgos de posibles infecciones de transmisión sexual y de la prevención a través de la quimioprofilaxis y de acuerdo a la evaluación de riesgo, prescribir la profilaxis contra VIH/SIDA conforme a la norma oficial mexicana aplicable, tomando en cuenta la percepción de riesgo de la usuaria o el usuario.

Además de registrar las evidencias médicas de la violación, cuando sea posible y previo consentimiento de la persona afectada.

“Proporcionar consejería, seguimiento y orientación a la persona afectada sobre las instituciones públicas, sociales o privadas a las que puede acudir para recibir otros servicios”, señala el documento.

Mientras que en caso de embarazo por violación, y previa autorización de la autoridad competente, en los términos de la legislación aplicable, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima interesada, en caso de ser menor de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

“En todos los casos se deberá brindar a la víctima, en forma previa a la intervención médica, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del aborto, a efecto de garantizar que la decisión de la víctima sea una decisión informada conforme a las disposiciones aplicables”, señala el texto.