El pasado día 14 de marzo, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que reforma y adiciona la Constitución Política en varios artículos en relación con las figuras de la consulta popular y revocación de mandato.
De acuerdo con el artículo 35 constitucional, es derecho del ciudadano mexicano, entre otros, el de votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Hasta el día de hoy la propia Constitución establece límites para el ejercicio de este derecho, con la intención de evitar la saturación de los temas que puedan llegar a ser objeto de consulta.
Asimismo, la revocación de mandato es un medio que la democracia directa ofrece para que la ciudadanía pueda destituir mediante votación a un servidor público, sin que resulte necesario esperar a que transcurra el período para el cual fue elegido.
La revocación es diferente a otros medios o procedimientos de destitución, como el juicio político y el impeachment, puesto que no supone el ejercicio de una acción judicial que exija el cumplimiento de las garantías que regulan el debido proceso, aun cuando el resultado sea el mismo: la destitución.
La redacción aún vigente de nuestra Constitución establece que para que el Congreso de la Unión convoque a una consulta popular se requiere la petición, al menos, del 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. De aprobarse la reforma, tal como ha sido dictaminada por los diputados, el umbral se reducirá al 1 por ciento.
En lo que respecta al porcentaje de participación total ciudadana, actualmente se exige, al menos, un 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores para que el resultado sea vinculatorio. De acuerdo con la reforma, el nuevo porcentaje sería equivalente al 34 por ciento.
Además, actualmente la Constitución dispone que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 (referido a la forma de constitución del Estado mexicano como República representativa, democrática, laica y federal), la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.
El dictamen de los diputados agrega que no solo no puede ser objeto de consulta la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, sino también aquellos reconocidos en los tratados internacionales; además, incluye que tampoco podrán ser objeto de consulta las bases y las tasas impositivas, los montos de financiamiento público y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
De acuerdo con el texto vigente, la consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal. La diferencia, de acuerdo con el dictamen de los diputados, es que las consultas populares podrían realizarse en cualquier fecha.
Finalmente se adiciona una fracción IX relativa al voto en los procesos de revocación del mandato. Tratándose de la revocación del titular del Ejecutivo, dichos procesos serán convocados por el Congreso de la Unión a petición del propio presidente, el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso o por al menos el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, y la votación se realizará el mismo día de la jornada electoral federal en la que solo se elijan diputados federales. Para que sea vinculante se requerirá una concurrencia de al menos un 40% de los inscritos en la lista nominal.
El apremio de los diputados federales por reformar la revocación de mandato, lejos de obedecer a las bondades democráticas que la figura implica, tiene un obvio destinatario en la figura de su jefe político, López Obrador.
Es claro que no interesa la institución en sí, sino que se utilice precisamente en la próxima elección federal, permitiendo al presidente la posibilidad de hacer campaña y aparecer en la boleta, lo que supone un impulso a su partido. López Obrador no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad para evitar que su mayoría parlamentaria se disuelva o se vea reducida.
En el contexto de la realidad política del país, habría que ser sumamente cándidos como para no comprender que en realidad al régimen no le interesa particularmente reconocer a los ciudadanos como fuente de la soberanía popular ni mucho menos, sino promover el carisma del líder, pues los propios integrantes de Morena saben que, sin él, su partido correría el riesgo de diluirse frente a otros partidos.
López Obrador conoce los porcentajes a los que lo elevan las encuestas de popularidad y calcula que esa inercia le alcanzará para llegar al 2021. El peligro que radica en ello es que habremos de ver un incremento en las políticas populistas y en la repartición de billetes a la población, puesto que en ello radica su éxito.
Así las cosas, López Obrador poco interés tendrá en adoptar medidas necesarias pero dolorosas para el país que puedan comprometer su popularidad e imagen frente a las masas. Lo que sigue es un incremento de la figura del caudillo ad nauseam, con un objetivo central: derogar el histórico principio de la no reelección presidencial.
