*¿Qué les espera a las siguientes generaciones? Activistas consideran un avance la Fiscalía de la Mujer, pero aún falta un largo trecho por avanzar ante la alta incidencia de delitos de género
Para Rosalba Pizarro, Julieta Marlene González, Yesenia Vega, Minerva Torres, Viviana Rayas, Diana Jazmín García, Neira Azucena Cervantes y Paloma Angélica Escobar, su expectativa de vida fue corta, demasiado, perdieron la vida entre los 14 y 20 años.
Las jóvenes se convirtieron en la referencia para las campañas contra la violencia de género en Chihuahua, estandartes en la lucha por los derechos de las mujeres y también desafortundamente, en íconos de la impunidad.
Sus familiares ya no sabrán qué es justicia, ni siquiera eso, pues ya dan por descontado que detengan a sus asesinos; de muchas ni restos localizaron y de aquellas que sí los encontraron, la evidencia era casi nula y son expedientes que ya van para dos décadas en el cajón del olvido.
Representan sin embargo, una serie de casos –los primeros como tales— que se registraron en la capital del estado, cuando hasta ese momento, los crímenes de mujeres era un asunto focalizado en la frontera: Las muertas de Juárez.
Fue en 2001, cuando empezaron a presentarse las desapariciones de jovencitas en la ciudad. El común denominador era la tortura y violación. Algunas trabajaban en la industria maquiladora, otras cursaban estudios en una escuela llamada “Ecco”, otras habrían sido interceptadas en la Zona Centro cuando buscaban empleo… Nunca se supo y a decir de las activistas, ya no se sabrá. El daño ministerial está hecho.
Para los familiares, la exigencia ante las autoridades nunca cesará y muchos de ellos, convirtieron su causa en la campaña social de organizaciones no gubernamentales que pugnan por frenar la violencia de género, incidir en cambios legales que frenen los ataques, presionar en un mejor desempeño de las investigaciones policíacas y de los ministerios públicos, y evitar que más expedientes se acumulen en los archiveros de las corporaciones.
No más nombres en la cruz de clavos, sostienen las integrantes de la organización civil “Justicia para Nuestras Hijas”, que encabeza Norma Ledezma, madre de Paloma y quien actualmente, trabaja de la mano con la Fiscalía Especializada de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (conocida resumidamente como FEM), que recién cumplió siete años de haberse creado.
Como una sola plataforma, entre gobierno y grupos civiles, la FEM da acceso tanto a Ledezma, como a integrantes de la Asociación Mujeres por México en Chihuahua, A. C. y del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) para orientar a las víctimas, retroalimentar las indagatorias y presentar los casos ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Menos de una década en ese ejercicio, aún no permea para contener la incidencia de ataques sexuales, lesiones y homicidios de mujeres. Las cifras ubican al estado, entre los primeros lugares en ese tipo de delitos, lo que en la óptica de las activistas, significa que hay mucho por hacer si bien algo de terreno se ha ganado para que la expectativa de vida de las siguientes generaciones no sea tan corta ni les sea arrebatada como a Rosalba, Julieta Marlene, Yesenia, Minerva, Viviana, Diana Jazmín, Neira Azucena y Paloma Angélica.
¿Celebrando el 8 de marzo?
El caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma, desaparecida el 2 de marzo de 2002, cuando tenía 16 años, fue llevado a la CIDH por diversas irregularidades en la investigación y el actuar de las autoridades estatales, lo que culminó en una serie de recomendaciones al Estado Mexicano.
Esos informes fueron la base para que en 2012, se creará en Chihuahua la Fiscalía Especializada de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género.
Hoy en día, la FEM concentra denuncias de violencia sexual y familiar, incumplimiento de obligaciones alimenticias, discriminación, desaparición y hasta trata de personas.
El incremento de diligencias se refleja en los números, al pasar de atender 5 mil 378 querellas en 2011 a 13 mil 156 en 2018, debido también a que se amplió su campo de acción, actualmente en seis municipios del estado.
No es para menos, considerando que Chihuahua se coloca en el primer lugar nacional de ocurrencia en violación, cuarto lugar en feminicidios y quinto lugar en violencia familiar.
CONSULTE NUESTRO REPORTAJE COMPLETO EN LA REVISTA 11/03/19
