Imelda tiene dos años y medio como persona privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil de Aguascalientes. Se encuentra cumpliendo una condena de cinco años de prisión por el delito de robo. Aún le resta la mitad para recuperar su libertad.
Es originaria de León, Guanajuato, sin embargo un error le costó ser detenida en Aguascalientes en 2016. Le esperaba una realidad muy distinta en los próximos cinco años.
“No conozco a nadie de aquí, aquí me detuvieron pero no conozco a ninguna persona de aquí, de hecho ni siquiera conozco la ciudad de Aguascalientes. Yo trabajaba como una secretaria en una gasolinería. Al principio sí fue muy complicado porque estás acostumbrada a la libertad, a hacer lo que tú quieres en el momento que quieres. Lo que uno más extraña del exterior es la familia, aquí te das cuenta de que muchas veces no valoras lo que tienes allá afuera”.
Imelda forma parte de las 79 mujeres que conforman la población del CERESO Femenil de Aguascalientes.
Los primeros días tras las rejas no fueron fáciles.
“Hemos aprendido mucho lo que es la tolerancia, lo que es la empatía, porque no todas tenemos una vida similar, algunas tenemos una vida trágica o con muchos incidentes y circunstancias y es una versatilidad de carácteres, como de personas”.
Un factor determinante dentro del sistema penitenciario mexicano son los programas de reinserción social, mediante los cuales las personas privadas de su libertad tienen la oportunidad de capacitarse en trabajo, salud, educación, deporte y cultura para su reintegración a la sociedad, una vez que recuperen su libertad.
Un modelo especial a nivel nacional, es el Centro de Reinserción Social y Productiva de Aguascalientes (CRESPA), el cual fue concebido desde la anterior administración estatal y que comenzó a operar a finales de 2017.
Su objetivo es vincular a empresas del sector productivo del estado para que ofrezcan oportunidades laborales a personas privadas de su libertad, y que de esta forma, puedan generarse ingresos económicos para las internas y para sus familias.
Actualmente hay tres empresas incorporadas en el proyecto: ACOTEX, Camila Intimates y QAS México. Las dos primeras enfocadas al sector textil y la última en control de calidad de insumos para el sector manufacturero.
Imelda labora en ACOTEX, en donde además de aprender los pormenores de la costura, para ella es una actividad que le permite alejarse, por un momento, de su situación de reclusión.
“Para mí es como una terapia porque aprendemos algo nuevo y te relacionas con distintas personas y además nos enseñan todo lo que saben, en este caso de la costura; de hecho yo antes de entrar aquí no sabía coser, ni siquiera prender una máquina y aquí he aprendido a hacer muchas cosas, además de que me relaja porque me concentro tanto y trato de hacerlo lo mejor posible. Nosotros hacemos uniformes escolares para diferentes escuelas, ahorita sabemos hacer pants, chamarras, camisas, shorts, pijamas y casi de todo, sólo nos falta aprender a poner cierres”.
Dicha empresa se dedica a la maquila de uniformes escolares. En el CRESPA se produce alrededor del 30% de la producción total en Aguascalientes, según comenta Ana Cristina Orozco, propietaria de la empresa ACOTEX.
“El hecho de saber que salen de aquí ya con un oficio y que se pueden contratar conmigo, con alguien más o desde su casa, eso me da mucha satisfacción, y yo he encontrado que tienen mucha satisfacción y actitud de aprender a trabajar”.
Camila Intimates es una empresa dedicada a la maquila de ropa interior que también se ha sumado al programa de reinserción social, empleando a ocho mujeres en su nave industrial del CRESPA. La producción que realizan las personas privadas de la libertad empleadas por la empresa es de alrededor de 1,500 prendas semanales.
María Selena forma parte de su plantilla laboral en el centro. Ingresó al CERESO Femenil por el delito de robo, el cual cometió por falta de oportunidades de trabajo y educativas, según comenta.
“Antes de entrar aquí yo no trabajaba porque era menor de edad y casi no había oportunidades para laborar, pero aquí he descubierto cosas muy importantes como son el trabajo, la educación, el deporte y hasta la cultura, que me gustan mucho”.
La remuneración que recibe por su trabajo es de un salario y medio al día, con lo que puede costear la manutención de su hija de 6 años.
“Con los ingresos que tenemos de la empresa puedo ayudar a mantener a mi hija, le compro sus útiles escolares o para lo que necesite en su escuela”, indica.
La reinserción social podría mejorarse si se elimina la carta de no antecedentes penales en la iniciativa privada, ya que abriría las puertas a la contratación de las personas que buscan reintegrarse a la vida productiva del estado, afirma Luis Tovar, gerente de operaciones de Camina Intimates.
“El mayor llamado sería a todas las empresas porque algo que nos definió para apoyar a las mujeres de aquí, es que cuando contratan gente no me parece justo que se juzguen los antecedentes penales, porque si dentro de nuestro sistema judicial alguien ya fue juzgado y cumplió su sentencia, entonces nosotros estamos emitiendo un segundo juicio por el error que hayan cometido”.
“Desde prisión le puedo pagar la universidad a mi hija”
Hace casi 11 años, Patricia y su esposo fueron detenidos por el delito de secuestro. Ambos compurgan una sentencia de 20 años de prisión. Ella en el CERESO Femenil y él en el CERESO de El Llano.
A pesar de su reclusión, Patricia sigue siendo el principal aporte económico de su familia, principalmente de sus dos hijas, a quienes apoya para que continúen sus estudios.
“Tengo dos hijas, una está en la preparatoria y la otra en la universidad y las estoy apoyando para subsanar sus estudios porque ahorita soy el principal sustento de mi familia”.
Patricia participa en el área productiva de la empresa QAS México, la cual tiene presencia en la mayoría de los parques industriales de Aguascalientes, con una plantilla laboral de 700 trabajadores. Su especialidad es el control de calidad de piezas para el sector manufacturero.
En su nave del CRESPA laboran nueve mujeres, a quienes se les otorga un sueldo semanal de 900 pesos.
“Mi sueño es mi libertad, estar con mis hijas y disfrutar de ellas y de mis padres y que vean que no es tan malo estar en estas circunstancias, que nos dan muchas oportunidades de estudio y de trabajo, de atención psicológica y la convivencia familiar nos ayuda en todos los aspectos”, comenta Patricia con voz entrecortada.
Las personas privadas de su libertad que laboran en el CRESPA son seleccionadas previamente, de acuerdo a su perfil de peligrosidad y de conducta social con las demás internas, refiere Andy Nancy Sánchez, encargada de despacho de la Dirección de Reinserción Social del Estado.
“Ahorita de momento sólo tenemos trabajando a 28 personas privadas de su libertad y el crecimiento que se está proyectando es incrementar el apoyo en el CERESO Femenil para crecer el número de beneficiarias a 50 personas”.
De esta manera se busca ampliar el número de empresas involucradas en el programa del CRESPA para aumentar los beneficios para el sector económico de la entidad y para el mejoramiento de la economía familiar de las personas privadas de su libertad.
