A partir del 2019 el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) estará facultado para sancionar a las dependencias gubernamentales, partidos políticos, sindicatos y demás sujetos obligados que difundan los datos personales que puedan representar un riesgo de seguridad o afectación a la integridad de los ciudadanos.
Las sanciones podrían ser de entre 120 y 1,200 Unidades de Medida y Actualización diarias, es decir, de los 10 mil a 100 mil pesos.
Lo anterior tras la publicación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en enero de 2017, la cual incluye mayores candados de seguridad en el uso de los datos particulares por parte de los sujetos obligados que contempla la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Marcos Javier Tachiquín Ruvalcaba, comisionado presidente del ITEA, señaló que los principales rubros en los que podría aplicarse la disposición son el sector salud, educación y de desarrollo social, cuyas dependencias manejan una gran cantidad de datos personales, que al hacerse públicos podrían constituir un riesgo para las personas.
“Son aquéllos datos que me permiten identificar, sólo dejando afuera lo que es público, porque hay que recordar que hay obligaciones públicas de transparencia, información que en determinado momento si se da a conocer se puede ir en perjuicio de mi información personal como familiar, o incluso de mi integridad física y moral de la persona”, indicó.
Según la gravedad de las afectaciones para la persona cuyos datos personales fueron aludidos, se podrían fincar responsabilidades administrativas o penales a los sujetos obligados que difundan los datos sensibles de personas físicas.
“Se deberá valorar el daño causado a la persona y por la condición del funcionario se podría aplicar la multa por parte de nosotros más alguna responsabilidad administrativa y un ejercicio indebido del servicio público, o bien incluso una responsabilidad penal cuando la fuga de esa información nos lleva a que se cometa algún delito”.
Las investigaciones de las afectaciones por la publicación de datos personales se realizarán a través de denuncias directas de los afectados, añadió el funcionario estatal.
“Cuando alguien detecta que hay un mal manejo de esa información por parte del funcionario, se denuncia, nosotros hacemos la investigación correspondiente y si se detecta que hay un inadecuado tratamiento de esa información, o no fue destinada para la finalidad que la proporcionó el funcionario ahí sancionamos”.
En casos como la remuneración mensual o las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que exigirá el Sistema Estatal Anticorrupción a partir de 2019, se privilegia el derecho superior del acceso a la información, por lo que se deberán dar a conocer los datos personales de los funcionarios gubernamentales o sujetos obligados.
“La gente tiene derecho de saber cuánto gana un funcionario público, más no tiene derecho a saber en qué se lo gasta, entonces ese es el límite porque puede hacerlo correr un riesgo a él o a su familia. Fue un tema que generó polémica y que funcionarios de todo nivel se oponía a dar a conocer su remuneración, pero aquí estamos privilegiando el derecho de la gente a conocer en qué se gasta el recurso público”, resaltó.
Para cumplir las nuevas disposiciones de ley, durante el año anterior el ITEA realizó capacitaciones a los sujetos obligados a fin de que tuvieran las instrucciones para acatar las disposiciones.
“Se empezaron a hacer capacitaciones con los funcionarios públicos de los que se detectó que manejaban datos personales y este año se estarán haciendo revisiones, sobre todo en aquéllas entidades que por su propia naturaleza reciben una gran cantidad de datos personales”.
