Se regresa Poder Legislativo facultad de recibir declaraciones patrimoniales municipales


Se regresa Poder Legislativo facultad de recibir declaraciones patrimoniales municipales



Ante la falta de órganos de control interno en municipios de Oaxaca, así como la posibilidad de incurrir en omisiones, la LXIV Legislatura del Congreso se regresó la facultad de recibir las declaraciones patrimoniales de autoridades municipales.

Mediante la aprobación del dictamen por el que se reforma el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, la Cámara de Diputados autorizó de nueva cuenta a su Órgano de Control Interno recibir las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos municipales con nivel de hasta jefe de departamento.

Y es que la LXIII Legislatura concedió a los ayuntamientos la posibilidad de recabar estos documentos de sus servidores públicos a través de sus Contralorías, por lo que debían crear estos entes.

Esto como parte de las reformas efectuadas en materia de combate a la corrupción, que tenían como finalidad el fortalecimiento de los órganos de control interno desde los municipios.

Sin embargo, el Congreso se regresó la facultad bajo el argumento que a este poder le corresponde a través de su órgano técnico, es decir el Órgano Superior de Fiscalización la fiscalización de los municipios.

“La declaración es considerada como un mecanismo del combate a la corrupción pues permite de esta manera verificar inconsistencias en el patrimonio de los servidores públicos, la información proporcionada en las declaraciones será consultable en la plataforma digital nacional del sistema nacional anticorrupción misma que por disposición normativa deberá quedar lista a más tardar el día 30 de abril del presente año”, indica el dictamen aprobado por el pleno del Congreso.

En el dictamen también se detalló que por la naturaleza de la declaración patrimonial se deben tomarse en cuenta dos aspectos: los controles que requieren constante verificación con la finalidad de establecer si la naturaleza de la declaración está cumpliendo su objetivo, como es el de detectar las desviaciones en las políticas y en los flujos operativos a cargo de los servidores públicos; así como el control susceptible a mejorarse.

 

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