Durante 2018 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) emitió tres recomendaciones por “violación al derecho a la integridad personal”, en su modalidad de tortura, dos de ellas en contra de personal de la Fiscalía General del Estado y una más a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, cuando el fallecido comandante Jaime Tejeda Ponce -mejor conocido como Comandante Rojo- formaba parte de la Dirección de la Policía Preventiva.
La recomendación está asentada en el expediente 16/18 de la CDHEA, en el que se indica que integrantes operativos de la Dirección de la Policía Preventiva de la SSPM detuvieron y golpearon a un hombre que se encontraba en un terreno de su propiedad, al que posteriormente llevaron a la fuerza al Ejido Coyote y después al complejo de seguridad pública municipal C-4.
Tras el análisis del caso, la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado resolvió como autoridad responsable de los hechos a Tejeda Ponce, por la violación a los derechos humanos del quejoso, específicamente a la libertad personal y por detención arbitraria.
En agosto de 2018, el Comandante Rojo pasó de las filas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a la Policía Ministerial, en donde se desempeñó hasta inicios de enero cuando fue detenido por su presunta participación en el delito de desaparición forzada en contra de un pepenador, del que hasta el momento se desconoce su paradero. Cinco días después de su detención, el comandante se suicidó al interior del Centro de Reinserción Social de Varones Aguascalientes, según la versión oficial de las autoridades.
Dos recomendaciones más para la Fiscalía General del Estado
Además de la recomendación emitida hace unos días por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Fiscalía General del Estado por presuntos casos de tortura y violaciones a derechos humanos durante los años 2011 y 2012, la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado emitió dos recomendaciones en 2018 por casos de tortura.
La primera de ellas es la correspondiente al expediente 253/16, en la que un ciudadano denunció haber sido detenido por agentes ministeriales cuando caminaba al exterior del Hotel Medrano, sobre Av. José María Chávez. Se señala que el quejoso fue agredido física y verbalmente al momento de la detención, posterior a la misma y cuando se encontraba en las instalaciones de la Policía Ministerial.
Sin embargo, en la recomendación se indica que no se logró identificar a los agentes ministeriales que llevaron a cabo las agresiones. Por tal motivo se exhortó a la Visitaduría de la Fiscalía General del Estado que se investigara la identidad de los servidores públicos que afectaron los derechos del quejoso, además de realizar un proceso administrativo de responsabilidad y sancionatorio, de acuerdo a la ley.
Asimismo, se pidió al titular de la fiscalía, Jesús Figueroa Ortega, que cubriera la reparación integral del daño a la víctima.
La segunda recomendación yace en el expediente 106/18, en el que un ciudadano señaló que el 07 de mayo de 2012 policías ministeriales le detuvieron sin motivo, para luego torturarlo física y verbalmente. Agrega el expediente que la víctima sufrió de toques eléctricos en el dedo meñique del pie derecho y por tal motivo le fue amputado el dedo.
Igual que en el caso anterior, la CDHEA no logró identificar a los agresores, por lo que se le pidió al fiscal general del estado realizar las investigaciones correspondientes para ubicar a los agentes agresores, además de establecer un proceso de responsabilidad administrativa disciplinaria.
