Desde Guanajuato, la tragedia hidalguense ha sido vista en declaraciones de políticos, desplegados de empresarios y titulares de los medios, solo como otro inconveniente en el camino de la normalización del abasto de combustibles. Pareciera una postura egoísta y poco solidaria; pero no solo es eso, también es una visión absolutamente miope.
Porque Guanajuato comparte con Hidalgo, Puebla y Tamaulipas el grave problema de las tomas clandestinas contadas por millares, cada una de las cuales puede llegar a convertirse en un riesgo grave, como ya se ha visto en el pasado, por fortuna sin llegar a los niveles de pérdida de vidas humanas que se registró en Tlahuelilpan.
Explosión en toma clandestina en Tlahuelilpan, Hg. Foto: Jazmín Adrián, HuffPost. mx
El problema de fondo sigue siendo el mismo, independientemente de que se esté de acuerdo con la forma de enfrentarlo de parte de Andrés Manuel López Obrador: el tráfico ilegal de combustible robado a Pemex que ha corrompido estructuras políticas y policiales a todos los niveles y que también ha pervertido al mercado legal a través de los expendios establecidos.
En esa lucha, que va más allá de los problemas derivados del desabasto, por más que este se prolongue, es volver al país al cauce de la legalidad y fortalecer sus mecanismos de defensa frente al carácter disolvente de la actividad criminal, sea de cuello blanco o de violentas bandas armadas.
No sería muy sensato de parte del empresariado guanajuatense que demandaran combustible ya, a cómo de lugar, aunque se solape el enorme robo generalizado, el mercado negro y la violencia asociada con ello. A la larga, eso sería aún más dañino.
Algo así recordaría la cínica consigna tan festejada por los priistas durante los años de gobierno de Vicente Fox, que rezaba: “que se vayan los pendejos y regresen los corruptos”.
¿De verdad queremos ser una sociedad viable que compita con las principales economías el mundo y que se integre a los flujos de capital de la globalización? Entonces habría que empezar por exigir al gobierno, este o cualquier otro, que combata con eficacia los delitos que afectan la sana convivencia.
Desde luego, se puede estar en profundo desacuerdo con la ruta táctica establecida por el gobierno de López Obrador, pero no con la decisión estratégica de frenar el robo de combustibles y de enfrentar a las mafias que han prosperado con ese delito.
Lo que sigue es exigir más eficacia, menos descuidos y, sobre todo, llegar al fondo de la responsabilidad de quienes se encuentran en la punta de la pirámide de ese productivo delito que creció exponencialmente en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.
Igualmente, la atingencia de la decisión de enfrentar el huachicol no tiene porque enmascarar la indagación de posibles omisiones y responsabilidades en las que pudieron haber incurrido técnicos de Pemex y mandos militares y civiles de Hidalgo y del gobierno federal, para que ocurriera la tragedia de Tlahuelilpan.
La lucha, como se ve, es en varios frentes y debe privar un piso mínimo de sentido común. La oposición política y la prensa crítica tienen una tarea vital en la nueva etapa del país, pero para ser productivos debemos pensar con claridad.
En la batalla emprendida por el gobierno de López Obrador contra las estructuradas bandas que construyeron la industria del huachicol no podemos apostarle a que sufra una derrota solo para minarlo políticamente. Mejor sería exigirle comunicación más clara, medidas eficaces de prevención y de vigilancia, atender a la demanda de las regiones afectadas, aplicación de la ley expedita, inteligencia estratégica. ¿Querían gobernar, no? Que se apliquen a ello.
De parte del presidente y de sus operadores políticos también hace falta un esfuerzo que ya no es de generosidad, sino de inteligencia estratégica, para tender puentes con otras fuerzas políticas y anteponer la urgencia de esta batalla a las pequeñas y grandes diferencias que se enconaron en la campaña, la transición y lo que va del gobierno.
Vicente Fox tuvo un yerro fundamental cuando evitó pactar con la izquierda cardenista para buscar un desmantelamiento de las estructuras de poder priistas. Lejos de eso entró al juego de componendas y pactó con personajes como Carlos Romero y Elba Esther Gordillo. Ahí fincó su fracaso y el de la transición. Esa también podría ser la tumba de la Cuarta Transformación, ese concepto que aún no sabemos con qué se come.
Sin embargo, me queda claro que apostarle al fracaso de la lucha contra el robo de combustibles para sacar dividendos políticos, resultaría aún más lesivo para nuestra frágil democracia y mostraría que el poder el huachicol va más allá de secuestrar comunidades y corromper policías: el que estaría secuestrado sería el país completo, con la complicidad de una clase política mezquina y corta de miras.
