Este próximo jueves Nicolás Maduro pretende asumir la presidencia de Venezuela por segunda vez para el periodo 2019-2025. Las elecciones celebradas el pasado 20 de mayo fueron las más cuestionadas, debido al enorme rechazo que existe contra el dictador dentro de su propio pueblo y por parte de la comunidad internacional. Las fechas de los comicios fueron manipuladas violentando lo que establece la Constitución. Los resultados no sorprendieron a nadie y tuvieron la participación más baja de los últimos tiempos a pesar de que el oficialismo utilizó electoralmente su sistema clientelar denominado “Carnet de la Patria”, por medio del cual se entregan alimentos y otros subsidios a la población con criterios políticos. Con un control férreo de las instituciones del Estado, desde el Consejo Nacional Electoral hasta el Tribunal Supremo de Justicia, pasando por la ilegal Asamblea Constituyente establecida para restar poder a la Asamblea Nacional, democráticamente electa y único contrapeso real al poder de Maduro; la autoridad electoral impidió la participación de diversos candidatos opositores, inhabilitándolos, limitando la inscripción de los ciudadanos en los listados electorales, impidiendo la observación internacional, así como otras irregularidades que anularon los principios de certeza, objetividad, transparencia y legalidad de los comicios. La Asamblea Nacional ha declarado la ilegitimidad de un segundo mandato y de concretarse, una usurpación de la presidencia por parte de Maduro.
Mucho se ha escrito sobre la crisis humanitaria que sufre Venezuela, el país con mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, así como sobre el fracaso del “programa de recuperación económica” del gobierno. Después de las elecciones se han tomado medidas drásticas: se impuso una reconversión monetaria que quitó cinco ceros a la moneda, el salario mínimo se incrementó en seis ocasiones alcanzando un 150% pero muy por debajo de la inflación calculada por agencias internacionales en más de un millón por ciento, que se suma a la escasez de productos de primera necesidad y medicamentos. El descenso del PIB es más agudo que el observado durante la recesión económica de 1929. Obligados por esta situación 2.5 millones de venezolanos —el 10% de la población— han abandonado el país. Ante el fracaso de las políticas económicas implementadas, el gobierno de Maduro busca financiamientos por parte de Rusia y China, a quienes ha entregado el control de la producción petrolera. Venezuela tiene una deuda externa impagable de 172 mil millones de dólares, que representan el 152% del PIB.
Este pasado viernes el Grupo de Lima, una instancia multilateral en la que participan 14 países de la región y que busca una salida política a la crisis venezolana, exhortó a Maduro a no juramentarse para un nuevo periodo, pidiendo la libertad de los presos políticos, la restauración del orden constitucional y el restablecimiento de la democracia. La resolución aprobada contó con el apoyo de la OEA y la Unión Europea. México, que también forma parte de ese Grupo no apoyó la iniciativa, lo cual además de ser políticamente incorrecto va contra las tradiciones libertarias de nuestra política exterior. Por lo anterior, es urgente preguntarnos sobre la pertinencia de aplicar el viejo principio de “la no intervención” en los asuntos de otros países, considerando que la lucha política debe ser por la emancipación de los pueblos y las naciones, y no por la permanencia de un partido en el poder.
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