Guanajuato empieza el nuevo año como el estado más violento del país y como una entidad en la que persisten grandes desigualdades sociales, donde las personas con mayores ingresos ganan casi 30 veces más que los más pobres. En este contexto, el 90.8% de los habitantes de Guanajuato piensa que es muy común que exista corrupción en el estado
Millones en pobreza
Todavía estamos muy lejos de alcanzar lo que los expertos llaman el círculo virtuoso entre una disminución de la pobreza y la desigualdad combinado con un mayor crecimiento económico.
Si bien el crecimiento del producto estatal ha sido superior al que se se registró a nivel nacional desde los estragos económicos de la crisis de 2008, estos resultados no se reflejan en la reducción de la pobreza.
Mientras que, entre 2010 y 2017 la economía mexicana tuvo un crecimiento promedio de 3.1%, Guanajuato creció a un promedio de 5.2 por ciento y para 2017, nuestra entidad fue el sexto estado que más contribuyó al PIB nacional con un 4.1 por ciento.
Sin embargo, para 2016, en Guanajuato un total de 2.5 millones de personas vivían en situación de pobreza, es decir, el 5% del total nacional.
Esos 2.5 millones de personas, equivalen al 42.4% de la población estatal y de ese total, casi 260 mil personas se encuentran en situación de pobreza extrema, es decir, se encuentran privados de tres o más derechos sociales y sus ingresos son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria[1].
Aunque la medición más reciente del Coneval refiere que, entre 2010 y 2016 la pobreza en nuestro estado disminuyó por un orden de 6.2 puntos porcentuales, en términos absolutos es cifra implica a sólo 214 mil personas menos: el equivale a menos del 9% de las personas que se encontraban en esa situación en 2016.
De igual forma, pese a que la población en situación de pobreza extrema pasó de 470 mil a 258 mil personas en estos seis años, la población vulnerable por carencias sociales (quienes carecen de más un derecho social cuyos ingresos son superiores al valor monetario de la canasta de alimentos, bienes y servicios) incrementó casi 150 mil personas, mientras que, la población que no presenta carencias sociales, pero que tiene ingresos inferiores a la canasta de bienes y servicios (vulnerables por ingresos), tuvo un incremento de 166 mil personas.
Adicionalmente, en 2015 el 72% de los municipios guanajuatenses tenían más del 50% de su población en pobreza, en siete de ellos (Atarjea, Xichú, Santiago Maravatío, Jerécuaro, Ocampo, San Diego y Santa Catarina) más del 65% de las personas eran pobres.
Destaca que, en los 46 municipios de nuestro estado, la población tiene al menos 1.8 carencias sociales en promedio, en tanto que en 25 de ellos, es superior a 2 carencias.
En contraparte, para 2016 únicamente el 19% de la población guanajuatense era no pobre y no vulnerable.
Pocos muy ricos; muchos muy pobres
Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) en 2017, los ingresos mensuales promedio de los hogares guanajuatenses ascendieron a 18 mil 991 pesos.
No obstante, si se clasifican los hogares por nivel de ingresos en 10 partes, resulta que, el 10% más rico, en promedio, tuvo ingresos por 88 mil 141 pesos mensuales, lo que representa 2,938 pesos diarios, mientras que el ingreso promedio del 10% más pobre fue de apenas 2 mil 975 pesos, o bien, de 99 pesos diarios.
Eso significa que, los hogares que se encuentran en la cima en cuanto a la recepción de ingresos, en promedio reciben casi 30 veces más ingresos que los hogares más pobres del estado. Con ello, Guanajuato tiene la segunda brecha más amplia después de Nuevo León, en donde la diferencia es de 34 veces.
Estas brechas de ingreso se perciben también entre el ámbito urbano y rural del estado, pues, mientras que en las localidades de más de 2, 500 habitantes el ingreso promedio mensual fue de 22 mil 190 pesos, en las localidades rurales fue de 11 mil 759 pesos, lo que significa que los ingresos de los guanajuatenses que viven en áreas urbanas son 1.9 veces más altos que los de los guanajuatenses que viven en áreas rurales.
Enfermedades de guanajuatenses: un asesino serial
El problema de salud pública en la que se encuentra nuestro estado requiere, con urgencia, de respuestas institucionales eficaces.
En Guanajuato, datos del Coneval indicaron que en 2016 había cerca de 800 mil personas que no tenían acceso a los servicios de salud, cifra que representa al 13.4% de la población estatal.
En ese contexto, el número de enfermos y las vidas que cobran las enfermedades crónico-degenerativas mantienen cifras elevadas y crecientes.
Los registros del Inegi evidencian que, entre 2006 y 2017 hubo 55 mil 200 muertes por diabetes mellitus, 11 mil 322 por enfermedades hipertensivas, y 42 mil 520 por enfermedades isquémicas del corazón.
En tanto, las defunciones que tienen como causa algún tipo de cáncer o tumor sumaron en dicho lapso 38 mil 570 fallecimientos.
De los más violentos
Desde 2017 nuestro estado es el más violento del país: entre enero de 2015 y octubre de 2018 se cometieron en Guanajuato 11 mil 920 homicidios, lo cual posiciona a nuestro estado en el primer lugar a nivel nacional.
En el 42% de los casos se trató de homicidios dolosos, los cuales, en total, sumaron 5 mil 56 muertes.
Los casos de homicidio doloso que se registraron entre enero y octubre de 2018 superaron por 151% a los registrados durante todo 2015 cuando se esa cifra ascendió a 863 casos.
Los más de 2 mil 162 homicidios que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó hasta octubre de 2018 representaron el 9% del total nacional, con lo cual, Guanajuato ocupa la quinta posición.
Es importante destacar que 82% de los homicidios dolosos que se cometieron hasta octubre de 2018 fueron perpetrados con armas de fuego.
En nuestro estado, León es el municipio que acumula el mayor número de homicidios dolosos cometidos desde enero de 2015 y hasta octubre de 2018 con 964. Le siguen Irapuato, con 540 casos; Salamanca, con 431; Celaya, con 418; y Pénjamo, con 265.
El nivel de violencia de nuestro estado también se refleja en otros delitos de alto impacto como los feminicidios, ya que, durante el mismo periodo se registraron 59 casos, entre 12 y 17 cada año.
Desconfianza y corrupción
La crisis de violencia en la que se encuentra el país se acompaña de una profunda desconfianza hacia las autoridades de seguridad y de una percepción de corrupción que se encuentran en niveles muy altos.
En Guanajuato, el 51.5% de la población mayor de 18 años desconfía algo o mucho de la policía preventiva municipal, 48.9% de la policía de tránsito, 39.3% del ministerio público, 38.3% de la policía estatal y el 37.2% de los jueces.
Nuestra entidad se encuentra entre las 18 que superan el 90% de percepción de corrupción frecuente o muy frecuente.
Según los datos de la ENCIG, 2017, actualmente, el 90.8% de los habitantes de Guanajuato piensa que es muy común que exista corrupción en el estado, lo que implica un incremento de 2.6 puntos porcentuales respecto de 2015, cuando se reportó que el 88.2% de los guanajuatenses tenía esta percepción.
De hecho, los datos señalan que en el estado hay una tasa de
incidencia de corrupción de 13 mil 245 delitos por cada 100 mil habitantes que
tuvieron contacto con servidores públicos.
[1] Desde la perspectiva de la medición multidimensional de la pobreza del Coneval, se toman en cuenta cinco derechos sociales: acceso a la educación (en términos de la medición de la pobreza se toma en cuenta el rezago educativo); a los servicios de salud; a la seguridad social; a la alimentación; a la calidad de los espacios en la vivienda, y el acceso a los servicios básicos en la vivienda. Cuando las personas carecen tres o más de estos derechos y tienen un ingreso insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, se considera que están en una situación de pobreza extrema.