La Juez de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes resolvió vincular a proceso al ex auditor superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS), Arturo “N” “N”, al encontrar elementos suficientes que lo señalan de haber incurrido en los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.

Sin embargo, la juez resolvió que el ex funcionario pueda llevar el proceso jurídico en libertad, al tratarse de delitos no graves en la legislación del estado.

En la audiencia inicial desahogada este sábado 26 de enero de 2019, y luego de escuchar a las partes procesales, la autoridad jurisdiccional determinó emitir la referida vinculación a proceso por un periodo de cuatro meses, en tanto se desarrolla la investigación correspondiente para dictar su sentencia.

Aunado a esto, la juez decretó otorgar como medidas cautelares la presentación periódica semanal del imputado, la exhibición de una garantía económica de 60 mil pesos así como la prohibición de salir del Estado.

La acusación se refiere a la presunta contratación irregular de 13 personas en el OSFAGS en julio de 2016, las cuáles nunca laboraron físicamente en la dependencia pero sus nóminas sí fueron cobradas posteriormente, lo que derivó en una afectación al erario por 498 mil pesos.

Abogados acusan violaciones al debido proceso del ex funcionario público

Previo a la audiencia de este sábado, la defensa legal del ex auditor superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, encabezada por el abogado Jorge Alberto Romero Sánchez, turnó a varios medios de comunicación un documento en el que señala presuntas violaciones al debido proceso legal de su representado.

En primer término, asegura que la Fiscalía General del Estado violentó el principio de presunción de inocencia en el trato procesal, al referir que Arturo “N” fue tratado como culpable sin ser juzgado previamente. Al respecto, lamentó que el jefe de prensa de la Fiscalía haya difundido fotografías sin censura de protección de identidad cuando el ex funcionario público fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial.

De igual manera, argumenta la parte defensora que otra violación a los derechos humanos fue el internamiento en el CERESO para Varones Aguascalientes, cuando la ley prohíbe que las personas que hayan sido detenidas con motivo de una orden de aprehensión permanezcan recluidas con procesados y sentenciados.

Por otra parte, también se le obligó a Arturo “N” a portar el uniforme de “detenido” ante la Juez de Control.

Y por último, considera que la Juez de Control lo dejó en estado de indefensión al retirarle por disposición a sus abogados iniciales, por considerarlos “incompetentes” para llevar el caso, cuando en la audiencia anterior sólo uno de los tres abogados tuvo participación y únicamente para presentarse.

Por lo anterior, el litigante sugirió la presencia de representantes de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado así como órganos de vigilancia del Poder Judicial del Estado y medios de comunicación para atestiguar el desarrollo de la audiencia e identificar posibles violaciones al debido proceso.