En México la narrativa del terror, el sufrimiento y los costos emocionales y económicos en la búsqueda de personas desaparecidas han sido una constante desde hace 12 años, los cuales parecen una eternidad para las familias esmeradas en encontrar a sus seres queridos, en vida, en muerte, en fosas comunes y clandestinas.

Hoy en día, 40 mil 180 personas están en condición de desaparecidas o no localizadas y existen 36 mil 780 personas fallecidas sin identificar. A partir de la construcción y depuración de bases de datos, se puede decir que se tiene el registro de la identidad digital de la persona desaparecida que incluye nombre completo, fecha de nacimiento, fotografía y huella dactilar.

Esta información se desprende del último informe que rindió Roberto Cabrera Alfaro, ahora extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), dependiente de la Secretaría de Gobernación.

El exfuncionario, que renunció al cargo hace apenas unos días, subrayó que estos datos estadísticos se encuentran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Plataforma México. Cabe mencionar que se cuenta con la huella dactilar de esas 36 mil 708 personas fallecidas sin identificar y que el Grupo de Trabajo de Identificación Humana ha logrado dilucidar quiénes son 400 personas de quienes se ignoraba su paradero, incluso desde hace diez años.

Cabrera Alfaro reconoció que al menos existen mil 500 casos con rezago de identificación en las entidades que no han dado respuesta sobre el estatus de los cuerpos a su resguardo en las Semefo y fosas comunes. Esto significa que igual número de personas se encuentran en condición de desaparecidas o no localizadas.

La Comisión Nacional de Búsqueda cuenta con una base de datos de información genética de 50 mil familiares, lo que debe coadyuvar a realizar una confronta con alto potencial de identificación positiva. Esto ya ocurrió en al menos mil 200 casos, que aún deberán pasar por procesos de verificación y de protocolos aplicables por el Banco Nacional de Datos Forenses.

Los datos no son anecdóticos: en enero de 2018, hace un año, entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Es la tenacidad de las y los buscadores lo que permitió la concreción de un ordenamiento legal de esta naturaleza que es por demás indispensable y para cuyo cumplimiento aún se registran retos y pendientes. Las víctimas y las familias como víctimas indirectas reclaman investigaciones transparentes y certidumbre.   

A la danza de cifras dantescas de víctimas, se suma la tragedia de quienes con desesperación buscan a sus seres queridos. Porque la tragedia humanitaria se desarrolla en el inmediato de las personas allegadas de quienes están desaparecidas, sin localización y quienes murieron o fueron asesinadas, pero que se desconoce esta circunstancia.

Saber dónde están contribuye a sobrevivir  y cerrar los ciclos de duelo en lo individual y familiar, a reconstruir el tejido social, y debe permitir sanar heridas. Ello siempre y cuando se cumplan condicionantes básicas y muy necesarias: verdad, justicia y no repetición.  

A un año de la entrada en vigor de la ley, organizaciones de sociedad civil que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) reconocen que con el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador inició una nueva etapa del Estado mexicano en el trato, interlocución y diálogo con las familias de las víctimas.

No obstante, señalan que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley aún hay pendientes:

• Falta garantizar la participación de las familias de manera plena y adecuada en las acciones de implementación de la Ley. ¡Sin las familias no!
• Es urgente resolver la crisis de identificación de cuerpos exhumados en fosas clandestinas y comunes con un mecanismo extraordinario de identificación forense.
• Es necesario crear las instituciones que la Ley mandata para la búsqueda e investigación. Al día de hoy no se han conformado la gran mayoría de las comisiones estatales de búsqueda ni las fiscalías especializadas en los estados.
• Se deben lograr la coordinación y el intercambio de información entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Búsqueda, así como las Comisiones de Búsqueda y las Fiscalías Especializadas nacional y locales.
• Concretar con plena participación de las familias los protocolos en materia de búsqueda, investigación y forense que establecen la Ley, el Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de Exhumaciones.
• Poner en operación el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y que cada una de las 32 entidades hagan lo propio.
• Que el Estado garantice todos los recursos necesarios para la búsqueda de personas y el acceso a la justicia, y garantizar un ejercicio adecuado y transparente del presupuesto asignado.
• Que el Estado mexicano acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU para recibir comunicaciones individuales y se realice una visita oficial del Comité este 2019.
• Que el Estado mexicano acepte todas las recomendaciones en materia de desaparición y combate a la impunidad que se emitan como resultado del Examen Periódico Universal 2018 que se realizó en noviembre 2018.

El relevo de Cabrera Alfaro en la Comisión Nacional de Búsqueda deberá concretarse con un proceso elección transparente, público y con la plena participación de las familias. Esto es lo que solicita el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, integrado por más de 50 colectivos de familiares de personas desaparecidas, provenientes de 18 entidades federativas de México y tres países de Centroamérica.

Baste recordar que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como otros mecanismos complementarios son un logro de las familias que buscan en vida, en muerte, en fosas clandestinas.