Especialistas y analistas en temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción observan “focos rojos” en estos rubros en la nueva administración federal, que de no tomarse acciones podrían debilitar el sistema democrático del país.
Dentro del Congreso Municipal de Transparencia “La cultura de la transparencia: ciudadanía participativa y gobiernos proactivos”, el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), José Antonio Crespo, aseguró que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los organismos de transparencia y rendición de cuentas de los tres niveles de gobierno deberán apelar a una verdadera autonomía, o de lo contrario se podría caer en un régimen autoritario.
“Lo que está pasando es que de procesos democráticos y legítimos pueden surgir gobiernos fuertes que usen el poder para ir minando lo que quede de democracia, minando las autonomías, minando los contrapesos y terminan siendo regímenes autoritarios y estos cambios se hacen por la vía legal, usando las mayorías en los congresos, nombran a los titulares de esos institutos con gente cercana y ahí se va perdiendo la autonomía, entonces hay muchos focos rojos y las condiciones para que eso ocurra”.
Por su parte, la ex comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), María Elena Pérez-Jaen señaló que desde que era jefe de gobierno en el Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, dio visos de opacidad y de falta de rendición de cuentas, en algunos temas específicos como la construcción del segundo piso del Periférico, lo que pondría en entredicho el desempeño de la administración federal en estos ámbitos.
“Nosotros en su momento sacamos a flote que López Obrador estaba ocultando la información de la construcción del segundo piso a través del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación (FIDEMIC), se negaban a dar la información. Aquí hay temores porque están mandando señales muy duras para el tema de la transparencia, a Andrés Manuel no le gusta la transparencia y parece que ya hay una iniciativa para reformar la Ley General de Transparencia para restar autonomía a los institutos de transparencia”, comentó.
Gobiernos estatales y municipales tampoco cumplen en transparencia
Por otra parte, el catedrático del CIDE e integrante del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, Carlos Arce Macías, aseveró que el cumplimiento en transparencia no sólo es responsabilidad del gobierno federal, sino también de los demás niveles de gobierno, estatal y municipal, y en ello, han dejado mucho qué desear en la difusión de las obligaciones que marca la ley.
“Los gobiernos en cuestión de transparencia ‘se están haciendo tontos’, casi todos, porque están haciendo los procesos administrativos muy complicados, están subiendo mucha información para que el ciudadano no tenga información; el exceso de información también llega a ser desinformación, es una manera de ocultar lo importante, no hay páginas con datos de inteligencia: ¿cuánto se gastó?, ¿cómo se gastó?, ¿cuánto está costando en promedio cada licitación? y eso no se está haciendo”.
La corrupción se puede encontrar en forma de “moches”, contrataciones amañadas y opacidad en los procesos de obra pública, por lo que los gobiernos municipales y estatales deben mejorar en estos aspectos.
“Se debe dar luz a todos los contratos, saber quiénes son los contratistas porque a veces se dan a través de comercializadoras que le venden de todo a gobierno y es ahí donde se suelen hacer contrataciones con ‘empresas fantasma’ y así es el mundo más bonito para los corruptos”, destacó.
Sistema Nacional, insuficiente para combatir la corrupción
Con las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en 2015 para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción se dio un importante avance en el combate de la corrupción, sin embargo las leyes son insuficientes si no se consolida el sistema de justicia para que se castiguen los actos de corrupción, señala Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red de Rendición de Cuentas.
“No todos tenemos el mismo acceso a la justicia, la justicia se aplica con criterios de sesgos, con criterios políticos y además hay una gran ineficiencia en la integración de las investigaciones”.
Para ello, la nueva administración federal tendrá la encomienda de garantizar el derecho a la información y de fortalecer la justicia en los casos de corrupción para evitar mayor impunidad.
“Los corruptos son corruptos, no son idiotas, entonces mucho de lo que vemos de que no los atrapan por fallas en el sistema de justicia es también porque ellos se blindan con los mejores bufetes de abogados y en ese caso, lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador no es tan errado en cuanto a que no se van a dedicar a perseguir corruptos porque no van a poder y además deben de gobernar, pero eso no significa que tenga que haber impunidad”.
Asimismo, se deberán profesionalizar los sistemas anticorrupción de los estados para que los comités de participación ciudadana funjan como verdaderos contrapesos de los gobiernos, ya que aunque existen algunos estados con un avance importante, la mayoría continúan rezagados en su implementación.
“En algunos casos los Comités de Participación Ciudadana se sienten los ‘niños héroes’ y piensan que su función es denunciar, es ser protagónicos, es tener atención y son muy pocos consistentes y otros casos han utilizado el primer año de gestión porque no tienen dinero y por eso van gestionando recursos para trabajar y no están cumpliendo con lo que dice la ley”.
Los datos duros de la corrupción en México
Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, México se encuentra reprobado en el panorama internacional, al sumar 29 puntos de 100 posibles, lo que lo ubica en el lugar 135 de 180 países en percepción de actos de corrupción, por debajo de países como Brasil y Colombia, en donde se gestó uno de los casos más emblemáticos de corrupción en los años contemporáneos: Odebrecht.
Según la Encuesta de Calidad de Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a nivel nacional el 80% de los mexicanos creen que las instituciones de gobierno son corruptas o extremadamente corruptas.
Pero la corrupción no es privativa del sector público, ya que 7 de cada 10 mexicanos señalan que los mismos ciudadanos permiten la incidencia de actos de corrupción en su vida cotidiana, además de que el 56% considera que la corrupción es un problema difícil de erradicar.
Las instituciones y entidades gubernamentales con la mayor percepción de corrupción por parte de la población mexicana son los partidos políticos (91%), las corporaciones policíacas (90%), los funcionarios públicos (87%), el Poder Legislativo (83%) y el Poder Judicial (60%).
