No lleva ni un mes en el poder y los errores del nuevo gobierno federal parecen muchos y demasiado sensibles. ¿Cómo es posible que, en un proyecto de reforma constitucional, sin motivo alguno, simplemente se presente la iniciativa derogando el principio esencial de la autonomía universitaria?
Sumado a semejante “desliz”, ¿cómo es que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 se incluya una reducción manifiesta a los recursos que corresponden a las universidades públicas?
En palabras del presidente mismo, se trata de yerros en la elaboración de los documentos, lo que los medios han denominado como el “error de dedo”, en evidente alusión a la cultura del poder digital que se instituyera en el pasado y que parece estar resurgiendo con nuevas particularidades, pero que en el fondo no son sino efectos del poder omnímodo que López Obrador se ha arrogado, con la condescendencia de su mayoría absoluta en el Congreso federal.
Se incurre en ambos errores tratándose, casualmente, de la educación superior. No se equivocaron en las previsiones para el nuevo acuario de Mazatlán o en los recursos para proyectos de desarrollo de zonas áridas (sin restar importancia a estos rubros). El hecho es que las erratas inciden justamente en uno de los ámbitos de la mayor importancia del gasto público como lo es la educación superior, con todos los aspectos que gravitan sobre este particular rubro, no solo desde el punto de vista económico, sino social y político.
Todo pretende reducirse a un mero gazapo corregible, nada de qué preocuparse, se atiende la falta y ¡listo!, como si nada hubiera pasado. ¿A poco pensaron que la Cuarta Transformación se aventaría el trompo de reducir los recursos a la universidad pública o, peor aún, privarle de su derecho a la autonomía? Desde luego que no; todo habría sido un desafortunado malentendido, una indeseable confusión que no debe tomarse en serio, sino solo como eso, una inocente distracción.
Calcula nuestro presidente la pifia en una disminución de “entre cuatro y cinco mil millones de pesos” en el presupuesto de las universidades, como quien dice “llego a tu casa como entre cuatro y cinco de la tarde”. De cuatro a cinco mil millones de pesos, existe una diferencia muy grande como para hacer cálculos al muy mexicano estilo del tanteo. Y agrega con terrenal humildad: “cometemos errores, esa es la diferencia entre el ser humano y la divinidad”.
Lejos de contemporizar con la simplicidad de tales conclusiones, el asunto merece un análisis un tanto más serio. Sabemos que uno de los grandes proyectos del nuevo régimen es la ampliación de la oferta de educación superior, “para que ningún joven se quede sin estudiar”.
Para lograr este objetivo, la estrategia es crear cien nuevas universidades en todo el país. El proyecto del PEF incluye, dentro del rubro Educación Superior una previsión de cuatro mil trescientos veinte millones de pesos (cifra que bien podría ubicarse entre aquellos cuatro y cinco mil millones), para el programa denominado “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Parece que la cuarta de las transformaciones prefiere crear sus propias instituciones de educación superior, por encima de fortalecer la planta educativa universitaria instalada.
Después de todo, los jóvenes que egresan de las universidades públicas, por alguna extraña razón no consideran que deban agradecer ningún favor al gobierno. Esta ingrata actitud bien podría corregirse cuando las generaciones de estudiantes que egresen de las nuevas instituciones gratuitas, creadas a iniciativa del señor presidente, reconozcan que es a él a quien todo le deben.
El presunto error de cancelar de un plumazo la autonomía universitaria tampoco puede ser interpretado solo como eso. Es evidente que, para proponer una iniciativa de ese calado, la decisión tiene que ser deliberada y previamente diseñada. Se arroja la iniciativa de manera soslayada, oculta, como si fuera un error en la colocación de una coma o un punto. Quien quite y en una de esas la oposición a tal omisión no resulte apreciable y de una vez por todas el gobierno federal logre sacudirse el fastidioso principio de la autonomía universitaria.
No es creíble de ninguna manera que se trate de simples y anodinas erratas. Restar recursos a las universidades y privarles de su capacidad de autogestión no es casualidad, sino un diseñado plan para ver qué tal caían esas noticias en la opinión pública.
Dicho en términos llanos: se trataba de “medirle el agua a los camotes”, para evaluar la reacción sin ningún atisbo de responsabilidad; sin embargo, al notar cierta efervescencia por encima de la esperada, es que han reculado recurriendo al expediente del “error”.
En un febril ejercicio de imaginación, pensemos por unos instantes si tal “error” se hubiera cometido en los regímenes panistas o priístas. Por lo menos tendríamos a la UNAM en pleno paro, marchas y mítines, por más que esos gobiernos hubieran reculado en la medida, alegando semejante y absurda justificación.
Y a todo esto, aparecen más errores dactilográficos en el prespuesto, algunos que enmendaron los legisladores y otros que no.
Tomo la frase de un gran jurista, E. Trueba: Si esa es la culpa, ¿cuál es la disculpa?
