Recortar el financiamiento público a los partidos políticos podría generar al gobierno federal un ahorro de hasta 10 mil millones de pesos anuales, cifra muy superior a los recursos que se economizarían con la reducción de los salarios de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), como lo ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, así lo señala el ex presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde.

“Curiosamente, una de las demandas más importantes del país, que ha sido reducir el financiamiento público de los partidos políticos es el único tema que nadie ha mencionado, que ha estado sobre la mesa desde hace 20 años y que si se reducen los recursos a nivel federal y estatal se podrían ahorrar entre 8 mil y 10 mil millones de pesos al año, si se redujera la mitad del financiamiento, es decir, casi el doble de lo que se van a ahorrar con la reducción de sueldos y salarios de la alta burocracia”.

El ahora consultor en materia electoral asegura que para reducir el costo de la burocracia electoral se debería incluir la reducción del financiamiento a partidos políticos dentro de la Ley de Austeridad Republicana del nuevo gobierno federal, tema que incluso ha pasado a segundo término en el Congreso de la Unión.

“La pregunta es ¿por qué no se aborda este tema en la nueva Ley de Austeridad?, el tema de los partidos políticos, porque ya se les tocó en el Congreso de la Unión y el tema sigue ahí”, destacó.

De la misma forma, Luis Carlos Ugalde refirió que la propuesta de López Obrador de elevar a delito grave el fraude electoral, la compra de votos y el desvío de recursos públicos para favorecer a candidatos y partidos políticos, no funcionará si no se ataca el problema de fondo y sólo se imponen mayores sanciones.

“El problema y el error es el mismo de siempre: pensar que con amenazas de castigo vas a a eliminar un problema estructural. Si tú amenazas de que ahora sí te van a meter a la cárcel por comprar votos, esto no va a resolver el problema, se tiene que atacar su estructura y romper el modelo de negocio, por lo que creo que estas amenazas no van a tener mucho efecto”, indicó el ex presidente del Consejo General del IFE.

Lo anterior lo dio a conocer durante su participación en el foro “La cultura de la transparencia: ciudadanía participativa y gobiernos proactivos” en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el que participó en una ponencia sobre el financiamiento ilegal y los actos de corrupción en las campañas electorales.

Comentó que tras un informe realizado por la asociación “Mexicanos contra la Corrupción” y su consultora, Integralia, denominado “Dinero bajo la Mesa. Financiamiento ilegal de las campañas políticas en México”, se descubrió que en promedio por cada peso “legal” que fiscaliza el INE en las campañas electorales, hay 15 pesos que son ingresados a las campañas mediante actos de corrupción o a través del crimen organizado

“La corrupción del financiamiento ilegal de las campañas políticas es el mayor problema de la democracia mexicana y, ¿de dónde sale este dinero?, sale de desvíos de recursos públicos, sale de empresarios contratistas que quieren comprar acceso a contratos de gobierno y sale del crimen organizado”.

Agregó que en una campaña de un candidato a gobernador se estima un financiamiento de 500 millones de pesos en promedio, cantidad muy superior a los topes de gastos de campaña, por lo que ingresan a través de transacciones ilícitas en las que intervienen empresarios, funcionarios públicos e incluso integrantes de la delincuencia organizada, sin que los recursos puedan ser rastreados por la autoridad electoral.

“Es un fenómeno que abarca a todos los partidos políticos, es un fenómeno que va a seguir creciendo y si López Obrador quiere construir una honestidad valiente es indispensable que se resuelva el financiamiento ilegal en las campañas y esto no se resuelve con buena voluntad, ni con llamados a la responsabilidad ciudadana, se resuelve con medidas concretas”, añade.

Por lo anterior, Luis Carlos Ugalde sugiere que para evitar la corrupción en las campañas electorales, se debe fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas mediante algunas acciones como: restringir el uso de dinero en efectivo, prohibir contratos con empresas “fantasma” e impulsar un mayor control de las finanzas públicas para evitar desvíos de recursos con fines proselitistas.