La corrupción es uno de los delitos que más ha afectado a nuestro país en las últimas décadas. En particular para Jalisco, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 (ENCIG), la corrupción es el segundo problema más importante en el estado, solo por debajo de la inseguridad y la delincuencia, con un total de 57% de los encuestados que indican haber percibido algún evento de corrupción en la entidad.
El INEGI también señaló en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 (ENVIPE), que, en nuestro estado, la policía de tránsito es la que tiene mayor percepción de corrupción, ya que el 73.4% de los encuestados así lo considera, seguidos por los jueces, la policía municipal y la PGR con un 70.1%, 68.2% y 63%, respectivamente.
El informe “Anatomía de la Corrupción” de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad colocó a Jalisco como el quinto estado con mayor percepción de corrupción y, además, con un 66% de satisfacción en la calidad de transparencia.
Jalisco es el tercer estado con mayor percepción de corrupción según INEGI, ya que, en el estado, 1,576,075 personas mayores de 18 años que vive en áreas urbanas declararon percibirla muy frecuentemente en su comunidad, mientras que 1,321,322 personas indicaron percibir la corrupción de manera frecuente, esto equivale a un 92% en el grupo de edad indicado. Además, nuestro estado ocupa el cuarto lugar en cuanto a actos de corrupción en trámites y servicios, ya que 1,453,763 personas declararon haber tenido conocimiento de algún caso de corrupción.
Según el INEGI, 2,870,548 personas declararon que los partidos políticos son los que frecuentemente realizan actos corruptos, un 91% de los habitantes jaliscienses. Los partidos políticos son los siguientes más corruptos con un 91%, seguidos de los funcionarios federales, los diputados y senadores y el gobierno estatal.
En Jalisco, la tasa de incidencia de corrupción es de 25,129 casos por cada cien mil habitantes, lo que coloca al estado en el lugar número 12 a nivel nacional con respecto a la incidencia de corrupción presentada.
En contraste, el Semáforo Anticorrupción, presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, señaló en el apartado de reformas constitucionales estatales que Jalisco cuenta con una reforma constitucional satisfactoria con relación a la lucha contra la corrupción, la cual ha sido implementada en un 100por ciento.
Sin embargo, en el estado se siguen registrando altos niveles de corrupción, lo cual indica que, a pesar de tener una amplia reforma anticorrupción, no es implementada de manera satisfactoria.
México tuvo uno de los peores sexenios en materia anticorrupción durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto. Según cifras de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, 19 dependencias gubernamentales habían presentado desvíos de recursos por más de seis mil 650 millones de pesos, por lo cual fueron presentadas más de 60 denuncias en contra de funcionarios de dichas instituciones. La secretaría que presentó más desvíos de recursos, según esta organización, fue la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, donde se registraron desvíos de más de mil 748 millones de pesos, seguida por Pemex, con desvíos de hasta mil 143 millones de pesos.
La misma organización señaló en el documento “Índices de Competitividad Estatal y Urbana 2018: ¿Ahora con quién me enojo? Herramientas de exigencia ciudadana”, que, en México, una de las razones por las que existen altos niveles de corrupción es el exceso de trámites debido a sus altos procesos burocráticos, por lo cual es necesaria una reforma regulatoria, además de la existencia del denominado Ramo 23, donde existen grandes márgenes de discrecionalidad y generan el llamado “fondo de moches”.
Muchas instituciones han realizado iniciativas para detener este nivel de corrupción existente en México. Una de las primeras fue la iniciativa #TresDeTres, con la que se busca transparentar los recursos de los funcionarios públicos, o la iniciativa #Reforma102, la cual busca hacer una reforma eficaz al Artículo 102 Constitucional para crear una Fiscalía General de la República autónoma y con el suficiente poder como para juzgar a funcionarios públicos que realicen actos de corrupción.
Para la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social. Los datos que proporciona la organización indican que cada año se paga alrededor de un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales por la corrupción, lo equivalente al 5% del Producto Interno Bruto de todo el mundo.
Además, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se calcula que en los países en desarrollo se pierde una cantidad de dinero diez veces mayor a la que se dedica a la asistencia oficial para el desarrollo.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2017, de Transparency International, pese a los esfuerzos llevados a cabo en decenas de países para frenar la corrupción, los avances, cuando los hay, son demasiado lentos. El caso de México es alarmante: en una escala de 0 a 100, en la que 0 indica mayor corrupción, México empeoró, al pasar del lugar 30 en 2016 (de 180 países) al 29 en 2017.
Lee más sobre el tema aquí.
