En la elección intermedia de este 6 de noviembre no solo están en juego las posiciones de 435 representantes de la Cámara Baja, 34 senadores y 36 gobernadores de Estados Unidos. Con esta votación, un referéndum de facto para evaluar la administración de Trump, se define también el rumbo que seguirá el país en materia de derechos políticos y libertades civiles en los próximos años.
LOS ÁNGELES, CA.– El martes 30 de octubre, a una semana de las elecciones intermedias en Estados Unidos, el presidente Donald Trump amaneció con una nueva idea: declarar, durante una entrevista matutina, su intención de presentar una orden ejecutiva para terminar con el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento; un principio que ha estado vigente en la Constitución por 150 años, y que establece que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana de ese país.
Aunque no es la primera vez que esta idea se plantea desde el gobierno con la intención de negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes irregulares, el revuelo causado por la declaración del presidente, quien afirmó que no es necesario hacer una enmienda constitucional para hacer el cambio –lo cual es falso: sí es necesario y requiere de la aprobación de dos terceras partes del Congreso– logró distraer la atención de algunos medios, y de la opinión pública, del asunto más relevante de la semana: el asesinato de once personas en una sinagoga de Pittsburgh, Pennsylvania, a manos de Robert Bowers, un hombre que en redes sociales solía escribir frases antisemitas y también se presentaba como seguidor de Trump.
Al margen del debate generado en torno a la legalidad de la propuesta de Trump –la mayor parte de los expertos en derecho e inmigración coinciden en que esta no es viable–, el esfuerzo del presidente por reforzar su discurso antiinmigrante, argumentando la defensa de los derechos de los estadounidenses, ha sido leído como un recurso desesperado para conservar a su base republicana en los comicios de la primera semana de noviembre.
“Con esta propuesta el presidente Trump claramente busca encender a sus seguidores (…) y usa a los inmigrantes como ‘chivo expiatorio’ para alentar a sus bases, apenas a unos días de una elección importante”, comentó casi de inmediato Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición de Los Ángeles por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), una de las principales organizaciones proinmigrantes. La Unión de Derechos Civiles de Estados Unidos, la poderosa ACLU que ha logrado frenar acciones como la llamada “Muslim Ban”, emitió un comunicado en el mismo sentido: “El presidente no puede borrar la Constitución con una orden ejecutiva. Esto es un intento transparente y descaradamente inconstitucional para sembrar la división y avivar la llama del odio antiinmigrante en los días previos a la elección”.
La relevancia de esta elección, tal vez la más importante de las “midterms” de los últimos años, no radica solamente en las posiciones que están en juego. Además de los 435 representantes de la Cámara Baja, 34 senadores y 36 gobernadores que serán electos, estos comicios, y lo que ocurre alrededor de ellos, constituyen un referéndum de facto para evaluar a la administración de Trump –cuyo nivel de aprobación está en los 42 puntos–. El resultado determinará el nivel de control o alianza entre el presidente y el Congreso, y por tanto, el rumbo que seguirá el país en materia de derechos políticos y libertades civiles en los próximos años.
LA BATALLA POR EL CONTROL
Las elecciones intermedias en un país suelen ser, en general, un referente para evaluar la percepción pública del gobierno en turno. En el caso de Estados Unidos, la euforia que genera el triunfo del candidato que llega a la Casa Blanca entre sus seguidores, suele moderarse una vez que han pasado dos de los cuatro años del periodo de gobierno, cuando es posible contrastar las promesas de campaña y las acciones desde el poder. Históricamente, desde la Guerra Civil, el partido del presidente en turno suele perder terreno en el Congreso en las elecciones intermedias; con excepción de dos años –1934 y 2002–, el promedio de pérdida es de 32 escaños en la Cámara Baja y dos en el Senado. Este año, para recuperar el control del Congreso –actualmente ambas cámaras tienen mayoría republicana, el partido del presidente–, los demócratas necesitan ganar 24 nuevos escaños en la primera y dos en la segunda.
Si los demócratas logran recuperar una, o ambas cámaras, tendrán la oportunidad de frenar la agenda legislativa de Trump y su partido, que incluye, entre otras medidas de corte conservador, recortes de impuestos y el intento de cancelar la Ley de Acceso a la Salud conocida como “Obamacare”. Pero no solo eso: una mayoría demócrata en el Congreso abre la oportunidad de vetar algunos nombramientos realizados por el presidente, y de citar a declarar a actores determinantes en las investigaciones que involucran a la actual administración, incluidas la intervención de Rusia en las elecciones de 2016, las acusaciones de acoso sexual, y los negocios personales del Trump señalados como posible conflicto de interés.
Las encuestas recientes entre votantes registrados coinciden en que esta es una posibilidad, al menos en la Cámara Baja. En todos los casos la preferencia de los votantes por los candidatos del Partido Demócrata está por encima de los del Partido Republicano; en la mayoría de las encuestas la diferencia ronda los 10 puntos porcentuales. En todos los casos estas encuestas no especifican los nombres de los candidatos, solo su afiliación política.
Además de las posiciones congresionales, las 36 gubernaturas que van a la boleta electoral este noviembre constituyen otro factor de peso o contrapeso político. Actualmente el Partido Republicano está en control de 33 de los 50 estados, y de 67 de las 99 legislaturas estatales. Un avance demócrata en el número de gobernadores estatales significa un avance de la agenda progresista, o al menos un freno a la agenda conservadora, que involucra leyes de salarios, registro de votantes, regulación de energía, control de armas y recaudación de impuestos.
Un detalle más: tras la realización del Censo de 2020, serán los legisladores electos este noviembre a quienes corresponderá, con base en los resultados de este ejercicio demográfico, distribuir recursos y ajustar las políticas públicas que serán aplicadas en el país durante la siguiente década.
BRECHA IDEOLÓGICA
Aunque en las encuestas genéricas se registra una tendencia que favorece a los candidatos del Partido Demócrata, un desglose de las preferencias por grupos revela el impacto de las políticas y de la narrativa emitidas desde el gobierno en los últimos dos años.
Una encuesta realizada por el think tank Pew Research Center, a principios de octubre, identificó amplias diferencias en la visión de los votantes con respecto a los asuntos que consideran relevantes para el país, con base en su preferencia política, incluidos el sistema de justicia, el cambio climático, la desigualdad económica, la violencia con armas, y la inmigración ilegal. La mayoría de los votantes registrados que apoyan a los candidatos demócratas al Congreso consideraron que 13 de los 18 temas mencionados representaban “grandes problemas” para el país. Entre los votantes que favorecen a un candidato republicano, en promedio solo cinco asuntos fueron considerados como relevantes.
Pero una diferencia tal vez más importante es la que se presenta en el tipo de asunto que cada uno de los grupos juzga relevante. Un ejemplo: siete de cada diez votantes demócratas consideró que la manera en que el sistema de justicia criminal trata a las minorías raciales y étnicas es un gran problema para el país; en el caso de los republicanos, solo uno de cada diez lo estimaron relevante.
Una diferencia igualmente amplia es la que arroja el tema del cambio climático –71 por ciento de los demócratas lo considera relevante, contra 11 por ciento de los republicanos–, mientras la brecha entre ricos y pobres resulta importante para 77 por ciento de los demócratas, y solo para 22 por ciento de los republicanos. En contraste, la inmigración ilegal fue calificada por los simpatizantes del Partido Republicano como el mayor problema nacional, pero es el menos importante para los del Partido Demócrata: solo 19 por ciento de ellos lo considera relevante, contra el 75 por ciento de los republicanos.
La brecha de opiniones entre los simpatizantes de ambos partidos ayuda a dimensionar las diferencias entre las agendas de los grupos que se disputarán el control del Congreso. Con respecto al control de armas, 79 por ciento de los republicanos se describieron como simpatizantes de la política que permite portar armas, contra 12 por ciento de los demócratas. El sexismo fue considerado un problema para la mitad de los demócratas y solo para el 12 por ciento de los republicanos.
El tema del sexismo ha tenido impacto también en el desglose por género. En una encuesta publicada por el diario The Washington Post, 54 por ciento de las mujeres registradas para votar manifestaron preferencia por los candidatos demócratas, contra 40 por ciento que optaron por los republicanos. La cifra contrasta con las respuestas de los hombres: 51 por ciento que apoya a los republicanos, contra 46 por ciento que apoya a los demócratas.
Otra encuesta realizada por la cadena CNN arrojó como resultado un 66 por ciento de preferencia de las mujeres por un candidato demócrata contra 33 por ciento de quienes dijeron preferir a un republicano. Al igual que la anterior, los hombres mostraron una mayor simpatía por los republicanos, esta vez 50-45.
Ambos ejercicios fueron realizados en la misma semana en la que se debatía en el Congreso la confirmación del juez Brett Kavanaugh como miembro de la Suprema Corte de Justicia estadounidense. Esto parece haber reavivado el interés de la base republicana, cuyos miembros consideraron que la investigación contra Kavanaugh por acoso sexual era parte de una maniobra política. Una encuesta realizada por la cadena National Public Radio (NPR) en alianza con el Instituto Marista de Opinión Pública (Marist Poll), encontró que en el mes de julio solo 70 por ciento de los simpatizantes republicanos consideraban importantes las elecciones intermedias. El mismo ejercicio realizado en octubre mostró un aumento al 80 por ciento, casi alcanzando el promedio de los demócratas, un 82 por ciento.
“El resultado de las audiencias [en el Congreso sobre el caso Kavanaugh], al menos en el mediano plazo, es que la base republicana ha despertado”, afirmó Lee Miringoff, director del Instituto Marista.
JÓVENES Y VETERANOS
Además de la diferencia de preferencias por género y por tema, otros elementos en el desglose de las encuestas ayudan a construir un perfil del votante que irá a las urnas este noviembre.
Uno de los grupos que atrae mayor atención en el análisis del electorado es el de los jóvenes. Al ser cuestionados sobre cuán importante consideran la elección intermedia, solo 48 por ciento respondió que es “muy importante”. En la encuesta realizada por Pew Research Center, este es el porcentaje más bajo entre grupos de edad, comparado con, por ejemplo, el 83 por ciento de votantes mayores de 65 años que dan importancia a la elección. Este grupo suele ser consistente en su participación electoral y se decanta mayoritariamente por los candidatos republicanos. Los jóvenes, por su parte, suelen preferir electoralmente a los candidatos demócratas, y a aquellos que no son políticos tradicionales.
Son estos candidatos, los que se mueven fuera del establishment, quienes más han llamado la atención en estos comicios. Para muestra, dos botones.
En las elecciones primarias del 26 de junio de 2018, Alexandria Ocasio-Cortez, una joven de 29 años de edad, de madre puertorriqueña y nacida en el Bronx, quien se describe como “política, educadora y activista”, obtuvo el triunfo en el 14vo distrito congresional de Nueva York, derrotando al veterano político y presidente del Caucus Demócrata del Congreso, Joe Crowley. El triunfo de la joven, con un presupuesto de campaña considerablemente menor al de su contrincante, sacudió la escena política en uno de los estados más liberales del país, e inmediatamente sumó en torno suyo a organizaciones y personalidades de la política más progresista. Entre otros puntos de su agenda, en caso de llegar a la Cámara Baja, Ocasio-Cortez destaca su intención de promover el juicio político al presidente Trump.
Otro caso que ha captado la atención nacional es el de Beto O’Rourke, un político de 46 años de edad, originario de El Paso, que ha sido miembro de la Cámara Baja por el 16vo distrito congresional de Texas desde 2013, cuando derrotó al veterano congresista Silvestre Reyes. Este año, O’Rourke decidió buscar su paso al Senado compitiendo contra Ted Cruz, excandidato a la presidencia y uno de los iconos del Partido Republicano. En un fenómeno que ha sido calificado como “Betomania”, los grupos liberales y la gente joven han manifestado su apoyo a este demócrata que toca la guitarra y anda en patineta, y que presumiblemente perderá la contienda electoral, aunque algunos grupos ya lo ven como un “nuevo Obama” que podría tomar por asalto la candidatura a la presidencia en 2020.
En toda elección intermedia, el abstencionismo es un asunto que suele preocupar a los partidos, ya que las intermedias se caracterizan por una baja participación electoral en comparación con las elecciones presidenciales. En la última, la de 2014, la participación fue de 36.4 por ciento del padrón electoral.
Sin embargo, todo indica que este año el entusiasmo por ir a las urnas puede superar las cifras de las elecciones intermedias de los últimos 20 años. En los habituales sondeos que realiza Pew Research Center, 61 por ciento de los votantes registrados manifestaron entusiasmo por ir a las urnas, una cifra sin precedente en las décadas recientes; el entusiasmo es mayor entre los simpatizantes demócratas (67 por ciento) que entre los republicanos (59 por ciento).
EL VOTO LATINO
Uno más de los focos de atención en esta elección es el electorado latino. Aunque el discurso racista, antiinmigrante y criminalizador de Donald Trump cuando era candidato llegó a considerarse una estrategia de campaña, el presidente no solo ha mantenido su narrativa desde la Casa Blanca sino que ha echado mano de las acciones que están en su poder –no tantas como él quisiera– para legitimarse ante su base.
Medidas como la separación de familias en la frontera, las declaraciones en contra de la Caravana Migrante formada por miles de centroamericanos que a mediados de octubre salieron de Honduras para pedir asilo en Estados Unidos, y la amenaza de quitar el derecho a la ciudadanía, son el arma que ha utilizado un presidente que, debido a la separación de poderes, no ha podido cumplir sus promesas de construir un muro en la frontera, derogar el Obamacare, impedir el ingreso en Estados Unidos a personas provenientes de países árabes, o eliminar la protección temporal de los programas DACA y TPS, todas estas iniciativas que han sido bloqueadas por las cortes o por el Congreso.
Esto puede tener un impacto directo en la participación electoral de los votantes de origen inmigrante, y en particular de los latinos. 29 millones de latinos se encuentran registrados para votar, más de 12 por ciento del padrón electoral. Entre ellos, 69 por ciento desaprueba la administración Trump, y 63 por ciento tiene preferencia electoral por los demócratas, seis puntos arriba del 57 por ciento de la elección intermedia de 2014. De entonces a la fecha, cuatro millones de hispanos se convirtieron en votantes elegibles ya sea por el proceso de naturalización, o por haber alcanzado la mayoría de edad; la mayor parte de este crecimiento se debe a la segunda razón, con cerca de 3 millones de chicos que cumplieron los 18 años desde 2014. En el caso de las naturalizaciones, casi medio millón corresponden a mexicanos que se naturalizaron.
Pero aunque potencialmente la fuerza del voto latino ha aumentado en los últimos años, la participación de este grupo de población en las elecciones intermedias ha declinado desde 2006. En 2014 el porcentaje de latinos que acudió a las urnas fue de 27 por ciento, una baja histórica –aunque los otros grupos étnicos también tuvieron bajas históricas–. Sin embargo, en cifras absolutas, fueron casi 7 millones de latinos los que votaron. En unos comicios que en ocasiones se deciden por decenas de miles, la cifra no es despreciable.
El panorama, sin embargo, no es alentador cuando se ven los grupos de edad. En la intermedia de 2014, solo 16 por ciento de los latinos elegibles para votar entre 18 y 35 años de edad lo hicieron, comparado con el 36.2 por ciento de latinos mayores de 36 años. Pero estos jóvenes son la base del electorado latino en los próximos años: cerca del 44 por ciento de los hispanos elegibles para votar en 2018 tienen entre 18 y 35 años de edad, comparado con el 30 por ciento de los votantes de la misma edad en el total de votantes de Estados Unidos.
Aunque estas cifras no parecían preocupar al Partido Republicano, casi a la mitad de la presidencia de un hombre que llama a los inmigrantes “animales”; a los países en vías de desarrollo “shitholes”, y a los simpatizantes de la ideología neonazi “gente muy buena”, dos tercios de los adultos latinos consideran que las políticas de la administración Trump han sido perjudiciales para los hispanos. La mitad tiene serias preocupaciones sobre “su lugar en la sociedad estadounidense” –siete puntos más que el 41 por ciento de 2017–, y más de la mitad manifiesta preocupación por la posibilidad de que ellos, o alguien de su familia, sean deportados.
Muchos de los distritos congresionales que van a elección este noviembre cuentan con poblaciones latinas de tamaño considerable –en California, el estado con la mayor proporción, 30 por ciento del padrón electoral es latino–. Esto, combinado con el crecimiento de la población latina elegible para votar en los dos años previos, puede representar –si las cifras de Pew son correctas, y si este grupo de votantes acude a las urnas en números importantes– una buena oportunidad de triunfo para los candidatos demócratas a la Cámara Baja, e incluso alguna oportunidad para ganar los escaños senatoriales en Nevada y Arizona.
EL PRESIDENTE QUE NO AYUDA
Mientras los candidatos de ambos partidos buscan las mejores estrategias para motivar a la gente para votar, y las dirigencias partidistas hacen números, el presidente en funciones, quien en las elecciones intermedias suele ser un activo para el partido al que pertenece –haciendo mítines de apoyo a los candidatos locales, o mostrando el balance positivo de su administración– se ha convertido por momentos, más que en un punto de apoyo, en un problema que resolver.
Las declaraciones de Trump, o la falta de ellas –con respecto al gobierno de Arabia Saudita tras la desaparición y presunto asesinato del periodista de The Washington Post, Jamal Khashoggi; sobre la Caravana Migrante, acusando a quienes desean solicitar asilo de ser criminales y “gente verdaderamente muy mala”; sobre los medios de comunicación, en una guerra abierta contra la libertad de expresión– han generado enojo en grupos específicos de la sociedad que han volcado sus reclamos en sus representantes. Algunos congresistas republicanos, como Brian Fitzpatrick de Pennsylvania, o Steve Knight de California, han marcado distancia con respecto a la agenda de Trump durante la campaña electoral.
Un momento clave que podría provocar algunos cambios en las encuestas es la masacre del sábado 27 de octubre en la sinagoga Árbol de la Vida en Pittsburgh, Pennsylvania, el peor ataque antisemita en la historia de Estados Unidos; al grito de “todos los judíos deben morir”, 11 miembros de esa comunidad murieron a manos del antisemita y seguidor de Trump, Robert Bowers. Mientras el país se conmocionaba por el nuevo episodio, y el debate sobre la posesión legal de armas regresaba a los noticieros y a las redes sociales, un nuevo elemento se sumó a la discusión: la posibilidad de que el discurso incendiario de Donald Trump sea un incentivo para quienes deciden cometer crímenes de odio.
En su pronunciamiento tras el ataque, la Liga Antidifamación (ADL), una de las organizaciones de derechos humanos más importantes del país, señaló que “es increíble que esto pueda ocurrir en los Estados Unidos de América en este día y en estos tiempos. Desafortunadamente, esta violencia ocurre en un momento en el que la ADL ha reportado aumentos históricos en los ataques antisemitas, tanto en incidentes como en línea”. De acuerdo con el reporte de la organización, en 2017 se registraron 1,986 ataques antisemitas en el país, un aumento del 57 por ciento con respecto al año previo.
El presidente Trump tardó siete horas en emitir un pronunciamiento público con respecto a la masacre. Esa noche, a través de su cuenta de Twitter, hizo comentarios con respecto al partido de la Serie Mundial de beisbol disputado entre los Red Socks de Boston y los Dodgers de Los Ángeles.
El martes 30 de octubre, a una semana de la elección, Trump anunció su plan de eliminar el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Más tarde, él y su esposa visitaron la sinagoga en Pittsburgh con la intención de confortar a los familiares de las víctimas y a la comunidad. En el lugar lo esperaban grupos de protesta que le exigieron condenar las acciones de los grupos de supremacía blanca y nacionalistas –calificativo con el que él mismo se describió unos días antes–. Las protestas, en las cuales se acusó a Trump de promover el odio con su discurso, desplazaron en los telediarios a la noticia de esa mañana.
