Emmanuel Rincón I Pachuca

Por su presunta participación en desvíos por 686 millones 934 mil 466 pesos, el fin de semana Pablo Pérez Martínez, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), fue vinculado a proceso en tres causas penales.

Luego de que el jueves fuera aprehendido en Morelos, la madrugada del siguiente día el juez determinó su probable relación con una distracción de 68 millones 795 mil 10 pesos entre 2012 y 2013 y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva (354/2016).

Ayer fueron programadas dos audiencias, de las causas 355/2018 y 362/2018. La primera, a las 10:00 horas; sin embargo, su representante legal no se presentó, por lo que se difirió para las 14:00, pero tampoco acudió su abogado –presuntamente accidentado–.

El exfuncionario trató de persuadir al juez de control Ciro Juárez González sobre para posponer su comparecencia hasta las 19:00 horas, pero la autoridad judicial pidió respeto a su tiempo y al de sus acusadores.

“Me deja en una situación de desprotección”, argumentó el exservidor cuando el juez designó a la defensora de oficio Xóchitl Enciso Santos para representarlo, a quien concedió dos horas para estudiar el caso e iniciar el desahogo de la causa penal en la que el Estado reclama un agravio por 126 millones 871 mil 653 pesos.

No hubo necesidad de que la abogada de oficio interviniera porque finalmente el representante legal de Pérez Martínez se presentó a la audiencia, en la que solicitó permiso para mantenerse de pie durante el desarrollo de la misma, por supuestas complicaciones de salud.

El abogado argumentó que su defendido no se apropió del recurso destinado al pago de impuesto sobre la renta (ISR), sino que lo “distrajo” para dar cumplimiento a obligaciones por prestaciones “extralegales” a la Sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como parte de la revisión de sus condiciones generales de trabajo, así como para llevar a cabo celebraciones por Día del Padre, de la Madre y del Maestro, entre otros.

Esto, planteó la defensa, para evitar que el sindicato recurriera a la figura legal de huelga por el incumplimiento. Aseguró que la SEPH no es un ente que genere recursos, por lo que este no se encontraba obligado a cubrir el ISR, pues en el Presupuesto de Egresos del estado tampoco estaba etiquetada una cantidad para ese fin.

El jurista utilizó el concepto de “un estado de necesidad justificado” para admitir la distracción del recurso de la secretaría y justificarla.

Mientras el abogado exponía su defensa, a Pérez Martínez se le veía ansioso; no paraba de mover la pierna derecha. Por momentos, con ambas manos se tomaba el rostro o inclinaba la cabeza.

El juez calificó la exposición de la defensa como “sofismo”, es decir, argumento o raciocinio falso que se pretende hacer pasar como una verdad.

La defensa repitió estos planteamientos durante el desahogo de la causa penal 362/2018, a cargo del juez Víctor Manuel Pórtela Ortiz, en la que se presume la participación del exfuncionario en un agravio al erario por 491 millones 267 mil 803 pesos. El representante del Poder Judicial calificó como “irrelevantes” las explicaciones del litigante.

El viernes, la autoridad fijó como plazo de cierre de la investigación complementaria de la primera causa dos meses, es decir, vence el 9 de enero de 2019; concedió tres para la segunda, que expira el 11 de febrero.

Al término de la comparecencia, Pérez fue sacado de los juzgados por un solo custodio. A paso lento, caminó por la banqueta de la parte exterior del Centro de Readaptación Social (Cereso), como cualquier transeúnte en libertad, solo que su caminata terminó al llegar a la reja giratoria por la que ingresan las visitas al penal, donde pasó su cuarta noche en cautiverio preventivo.

• Según la causa penal 362/2018, presuntamente Pablo Pérez Martínez omitió el pago del ISR correspondiente al periodo febrero-noviembre de 2014. De 435 millones 267 mil 803 pesos, solo se erogaron 92 millones 867 mil 164 pesos.
• Esto dejó un saldo pendiente de 342 millones 400 mil 639 pesos, que generaron un crédito fiscal total por 491 millones 267 mil 803 pesos que finalmente fueron solventados por la administración estatal.
• En la causa penal 355/2016 se explica que no se entregaron 44 millones 203 mil 192 pesos al Servicio de Administración Tributaria por el mismo impuesto. Esto provocó recargos que elevaron el monto a 126 millones 871 mil 653 pesos.
• La madrugada del viernes, al exfuncionario le fue dictada la vinculación a proceso por la causa penal 354/2016, por 68 millones 795 mil 10 pesos, por supuestamente autorizar la emisión de cinco cheques y cuatro órdenes de pago en efectivo.