Esta es la intrépida investigación de una periodista sobre una masacre en 2014 que aún atormenta a México.
El 26 de septiembre de 2014, la policía en el pueblo mexicano de Iguala interceptó a un grupo de estudiantes de la Escuela Normalista Rural de Ayotzinapa, ubicada en el estado de Guerrero, una región plagada de violencia relacionada con las drogas. Los estudiantes —también llamados normalistas— fueron detenidos por secuestrar dos autobuses para viajar a Ciudad de México, donde pretendían unirse a la marcha anual para conmemorar la masacre de Tlatelolco de 1968, un escándalo nacional en el que cientos de estudiantes y civiles fueron asesinados por las fuerzas militares. En el enfrentamiento subsiguiente, seis estudiantes, todos ellos veinteañeros, murieron y otros 25 resultaron heridos. Cuarenta y tres simplemente desaparecieron.
La investigación oficial del gobierno halló que las autoridades entregaron a los normalistas al cártel de las drogas Guerreros Unidos, quienes los mataron y luego incineraron a los estudiantes desaparecidos en un basurero de Cocula. Los mexicanos rechazaron esa versión, y miles se manifestaron, gritando: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, y “¡Fue el estado!”
En marzo, la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos halló que la llamada investigación sobre Ayotzinapa no fue adecuada y estaba “afectada por encubrimientos”. Para la periodista Anabel Hernández, se trataba de una reivindicación muy aplazada. Hernández ha investigado la colusión entre funcionarios del gobierno y los cárteles de la droga, así como el comercio ilícito de drogas y el abuso de poder, para las publicaciones más grandes de México por más de dos décadas. Las amenazas de muerte de los cárteles los obligaron a ella y su familia a huir del país —ahora viven en San Francisco—, pero ella ha continuado investigando el caso de Ayotzinapa. Mediante usar videos del metraje de vigilancia, reportes médicos y documentos secretos del gobierno, armó su teoría en La verdadera noche de Iguala: La historia que el gobierno trató de ocultar, publicado por primera vez en 2016.
Newsweek habló con la autora poco antes de la publicación en inglés del libro.
—¿Qué ha cambiado desde que se publicó la versión en español?
—Los hallazgos han sido confirmados por Naciones Unidas, un juez federal y una corte en el estado de Tamaulipas, México. La mayoría de la gente arrestada por el gobierno mexicano por los ataques contra los estudiantes ha sido torturada brutalmente y obligada a confesar un crimen que no cometió. Entre los individuos torturados se encuentra Felipe Rodríguez Salgado (también conocido como “El Cepillo”), a quien el gobierno acusó de incinerar a los estudiantes en el supuesto basurero. Hay cinco personas que han sido exoneradas, y un juez federal empezó a emitir órdenes de liberación para las otras [en septiembre].
—¿Quién es responsable de los ataques?
—Entre quienes cometieron los crímenes se encuentran el alcalde, quien ordenó a la policía interceptar los autobuses secuestrados, los soldados del 27º Batallón de Infantería, miembros de la policía federal asignados al cuartel de Iguala, miembros de la fiscalía general y la policía estatal y autoridades municipales. Hablamos de casi 60 funcionarios.
“Los otros culpables son quienes encubrieron los crímenes: los funcionarios que se negaron a encarcelar y enjuiciar. La administración de [el presidente saliente Enrique] Peña Nieto; el secretario de la defensa, Salvador Cienfuegos; el entonces fiscal general, Jesús Murillo Karam, y el entonces secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong”.
—Cuatro años después, ¿ha habido avances para llevar a estos funcionarios ante la justicia?
—No. Se ha demostrado que por lo menos nueve oficiales de policía dispararon sus armas esa noche, pero ningún soldado participante, oficial de la policía federal o estatal o algún miembro de la fiscalía general ha sido detenido.
—Los 43 estudiantes se encuentran entre los muchos miles que han desaparecido en México, ¿cierto?
—En los últimos 12 años, 36,000 personas han desaparecido en medio de la llamada guerra contra las drogas en el país. Cuando la administración de Felipe Calderón terminó en 2012, The New York Times y yo tuvimos acceso a una base de datos que contenía 25,000 personas desaparecidas al momento. Pero la administración de Calderón quería borrar la lista para que los mexicanos no supieran cuánta gente había desaparecido y bajo qué circunstancias. Esta es la razón por la cual el caso de Ayotzinapa es tan importante: aquí hay un patrón. La mayoría de estas desapariciones ocurrió con la presencia de las autoridades durante el crimen.
“Desde el gobierno de Calderón hasta la administración saliente de Peña Nieto, se cree que las desapariciones son llevadas a cabo por el crimen organizado, como los cárteles de la droga, secuestradores o tratantes de blancas. El gobierno mexicano nunca ha aceptado que las instituciones del estado o son los principales perpetradores o son cómplices de estos crímenes.
“Está demostrado que el ejército mexicano ha participado activamente en las masacres más terribles del país, incluidas las de Tlatelolco en 1968 y El Charco en 1998. En muchos casos, estos crímenes quedan impunes; no hay un solo militar tras las rejas”.
—El presidente electo Andrés Manuel López Obrador prometió reabrir la investigación cuando asuma el cargo. ¿Tienes esperanzas?
—Hablé con Alejandro Encinas, el subsecretario de derechos humanos, a partir del 1 de diciembre. Me confirmó que la nueva administración someterá al ejército mexicano, funcionarios públicos, soldados y capitanes a un interrogatorio riguroso, con la esperanza de hallar los cadáveres. López Obrador tal vez tenga buenas intenciones, pero las consecuencias de un gobierno haciendo responsable a un ejército con tanto poder como el de México sería impensable.
“Y aun así, es indispensable hacerlo. El ejército nunca había tenido tanto poder, con un arsenal más grande y mejor entrenamiento. Pero en vez de usarlos para combatir a los cárteles de la droga, los usan contra la población. No podemos hablar de un gobierno democrático mientras haya una institución que asesina ciudadanos con impunidad. El ejército y la marina no tienen entrenamiento en derechos humanos y han sido infiltrados por los cárteles de la droga.
“También vale la pena señalar que las fuerzas militares son financiadas, entrenadas y bien equipadas por Estados Unidos, gracias a la iniciativa Mérida de 2008, un acuerdo de cooperación en seguridad que busca combatir el lavado de dinero y el comercio ilícito de drogas”.
—¿Todavía temes por tu vida?
—No podemos regresar a vivir a México. Volví en agosto de 2016 para la investigación y publicar mi libro. Por entonces, me dijeron que me estaban siguiendo y me obligaron a huir de nuevo. A pesar de ello, regreso una o dos veces al mes para continuar mi investigación. Los criminales dentro y fuera del gobierno se las arreglaron para expulsarme de mi patria, pero no me silenciarán.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
