Las cuentas alegres de la pobreza | Newsweek México


Las cuentas alegres de la pobreza



La pobreza es uno de los temas de mayor sensibilidad política en cualquier sociedad y el que haya menos o más personas pobres tendrá casi siempre impactos significativos en la percepción que una población tiene respecto del desempeño de sus gobiernos.

De ahí que cuando las cosas no salen bien, sea ridículo que los políticos que tienen cargos públicos llamen paradójicamente a “no politizar” la discusión, cuando, por el contrario, de suyo debería ser un tema a discusión, tanto en el terreno político como en el de las políticas públicas.

En el estado de Guanajuato ese ha sido el caso. Es decir, el gobierno saliente de Miguel Márquez Márquez ha hecho del tema de la supuesta reducción de la pobreza —ya se aclarará más adelante por qué es solo un supuesto—, una bandera política que, en la narrativa de lo que él y su equipo consideran que fue su gestión, ha tenido resultados ejemplares a nivel nacional.

Este tipo de debates suele llevarse al terreno de las percepciones; los funcionarios, por un lado, sostienen siempre que “han hecho mucho”, “que su trabajo ha tenido resultados impactantes”, “que para evidenciar la eficacia de sus acciones solo basta con recorrer las comunidades”, “que la gente les dice que van muy bien” y otras frases por el estilo.

En el lado opuesto, la crítica radical sostiene que “el gobierno nunca hace nada”, “los políticos se roban todo el dinero”, “los gobernantes solo velan por sus propios intereses” y otras frases que no abonan en nada a la discusión seria en torno a las políticas públicas y al diseño específico de programas y acciones.

Desde esta perspectiva, es importante decir que todo gobierno tiene el derecho de de – fender su visión del desarrollo y las acciones que ha emprendido para conseguirlo. Sin embargo, esa defensa no puede ser a priori ni contraria a lo que muestran las evidencias sobre el tema, y ese es el caso del gobierno estatal, cuyas afirmaciones no tienen más sustento que la percepción de los funcionarios, por lo que es necesario mostrar qué es lo que dicen, de manera objetiva y fría, los datos en la materia.

La pobreza es un fenómeno complejo, cuya reducción y eventual erradicación requiere de soluciones que respondan a la complejidad estructural del fenómeno. En este sentido, lo importante es llevar a cabo revisiones de largo plazo que permitan dimensionar de manera adecuada cómo se ha avanzado o retrocedido en la materia de que se trate.

En el caso de la medición de la pobreza, en México contamos, por mandato del Artículo 26 de la Constitución, con un organismo autónomo denominado Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el cual tiene la responsabilidad —pero también la facultad exclusiva—, de llevar a cabo, al menos de manera bienal, la medición oficial de la pobreza.

En el modelo utilizado por el Coneval se tienen categorías centrales, como, por ejemplo, el propio de la medición multidimensional de la pobreza, indicador que a su vez incluye a los relativos a la pobreza moderada y la pobreza extrema. De hecho, de la suma de ambos se construye el valor que tienen el indicador relativo a la pobreza multidimensional.

Así pues, una revisión de los datos disponibles desde que se ha llevado a cabo la medición multidimensional (2008) y la última medición (2016) permite sostener que en Guanajuato se ha avanzado muy poco en la generación de condiciones de bienestar y justicia social.

Cuando el gobierno del estado dice que ha avanzado de manera importante en la reducción de la pobreza extrema, dice relativamente la verdad. Los datos del CONEVAL muestran que en 2008 el porcentaje de la población estatal que se encontraba en esa condición era de 7.6%; sin embargo, el indicador creció a 8.4% en el año 2010; disminuyó posteriormente a 6.9% en 2012; a 5.5% en 2014, y a 4.4% en 2016. Como puede verse, la reducción en ocho años es de aproximadamente 57.8 por ciento.

A pesar de lo anterior, y debido al crecimiento de la población, es importante considerar que en 2008 el número de personas en pobreza extrema era de 380 mil; pasó a 469 mil en 2010; se redujo a 392 mil en 2012; a 318 mil en 2014 y a 258 mil en 2016.

Lo anterior significa que, en ocho años, se ha logrado que 122 mil personas hayan salido de la pobreza extrema, pero que se mantuvieron, en su gran mayoría, en condiciones de pobreza moderada.

Esto se corrobora al contrastar los valores que tiene ese indicador en el periodo señalado; en efecto, en el año 2008 el porcentaje de personas en pobreza moderada fue de 36.2%; en 2010 subió a 40.1%; en 2012 descendió a 37.6%; subió nuevamente a 41% en 2014, y, finalmente, descendió a 38% en 2016, es decir, casi dos puntos porcentuales más que en 2008.

En el agregado, el indicador de la pobreza multidimensional en 2008 era de 43.8% de la población estatal; en 2010 creció a 48.5%; en 2012 bajó a 44.5%; en 2014 creció otra vez para ubicarse en 46.6%, mientras que en el 2016 tuvo un descenso para llegar a 42.4%, el cual, si bien es el más bajo de la serie, no es estadísticamente distinto al que se tenía en el año 2008.

Ahora bien, si estos datos se analizan en términos absolutos, lo que el CONEVAL documenta es que en el año 2008 había aproximadamente 2.2 millones de personas en pobreza multidimensional; la cifra creció a 2.7 millones en el año 2010, descendió a alrededor de 2.5 millones en el año 2012 y creció nuevamente a aproximadamente 2.68 millones en 2014, para bajar de nuevo en el 2016 y ubicarse en una cifra aproximada de 2.49 millones de personas en situación de pobreza multidimensional.

En términos estrictos, que en el año 2016 había más personas en pobreza que en el 2008, lo cual significa un auténtico fracaso de la política social, tanto del gobierno de Juan Manuel Oliva, como del de Miguel Márquez Márquez, una realidad que debería obligar al gobierno de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, a repensar con serenidad, sobre todo porque fue secretario de Desarrollo Social, en una modificación radical de los programas y acciones que se desarrollan en esta materia.

Finalmente, debe señalarse que hay un indicador sobre el que pocas veces se pone atención, pero que es en realidad la síntesis de las condiciones de rezago que hay en la entidad: el relativo al porcentaje y número de personas que no son pobres ni vulnerables.

En este indicador, los datos del CONEVAL muestran que la evolución fue de 15.1% a 19.5% de la población estatal entre los años 2008 y 2016. En números absolutos, la suma pasó de 760 mil a 1.14 millones de personas que, según los estándares de la medición multidimensional de la pobreza, se encontrarían en “condiciones aceptables de bienestar”.

Esa cifra, sin embargo, implica un promedio de avance de 48,125 personas por año, por lo que, considerando que la población estatal ronda los 6 millones de habitantes, faltarían cerca de 4.85 millones de personas en llegar a esa condición “ideal”, que debería ser, a final de cuentas, el objetivo de la política social y no solo reducir la pobreza.

Así, proyectado en el tiempo, al ritmo que se está avanzando, faltarían cien años para lograr que todos los guanajuatenses hayamos superado la pobreza y la vulnerabilidad en cualquiera de sus formas.

Los datos muestran que no hay política social que por sí sola pueda erradicar la pobreza. En ese sentido, programas federales como el llamado Prospera y en el estado el denominado Impulso son en realidad programas de asistencia social que evitan la profundización de la vulnerabilidad de las personas, pero que no tienen la capacidad de romper con los ciclos intergeneracionales de reproducción de la pobreza.

La clave entonces está en la generación de empleos, pero no de cualquier tipo, sino de empleos dignos, es decir, que, además de dar acceso a salarios remuneradores —en el sentido constitucional del término—, den acceso igualmente a prestaciones económicas y sociales.

En esa lógica es de destacarse que en la entidad se haya tenido una creación importante de empleos que no cumplen con las características señaladas. En ello los datos del CONEVAL son contundentes: en el año 2005, el ingreso laboral per capita, es decir, lo que las personas obtienen por su trabajo tuvo un promedio de 1,672.3 pesos mensuales.

Para el año 2008, el promedio descendió a 1,560.5 per cápita al mes; en 2010 el promedio cayó aún más, para ubicarse en 1,399 pesos per cápita mensuales y en 2012 se logró contener la caída, para ubicarse en 1,392.6 pesos por mes. A pesar de ello, todavía en 2015 el promedio del ingreso laboral fue de 1,391.9 per cápita mensual, en 2016 se logró una ligera recuperación a 1,465.9, en el 2017 fue de 1,470.8, mientras que al cierre del segundo trimestre del 2018 el promedio registrado es de 1,614 pesos per cápita al mes.

Como puede observarse, el indicador es inferior al que se tenía en el año 2005, y debe hacerse notar que la ligera recuperación que ha habido en los últimos años se debe sobre todo al incremento en el nivel del salario mínimo establecido para el país, antes que a un conjunto de políticas estatales.

Los gráficos presentados muestran una tendencia errática en cuando a la reducción de la pobreza en la entidad. De hecho, son los altibajos lo que caracteriza a los resultados y, en sentido estricto, éstos parecen vinculados, no a una tendencia general de avance en la entidad, sino a la variación de los precios que conforman a la canasta alimentaria.

Es decir, el comportamiento de la pobreza está relacionado sustantivamente con la inflación y, de una manera mucho menor, al impacto que tienen los programas sociales, tanto de transferencia de ingresos como de entrega de apoyos para reducir el rezago social.

Desde esta óptica debe insistirse en la necesidad de que el nuevo gobernador, Rodríguez Vallejo, lleve a cabo una revisión de los supuestos que asume en torno a lo que es el desarrollo.

Al mismo tiempo, en su equipo debería imponerse una reflexión serena, pero sobre todo crítica, respecto del esperpento llamado Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040, en el cual se repiten los mismos errores de visión y planteamiento de política pública que se han cometido en los últimos 15 años en la entidad, y que, por los resultados obtenidos, deben ser puestos severamente en cuestión.

Querer reducir la pobreza haciendo lo mismo que se ha hecho en los últimos 15 años, cuyos resultados muestran la ineficacia en el impacto de esas políticas, es simplemente mala ciencia y una auténtica necedad. Urge un cambio radical de visión y principios de la política social, y el próximo gobernador tiene la oportunidad de impulsar un cambio auténtico a favor de la población estatal.

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