En el transcurso de esta semana que concluye el INEGI hizo públicos los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), con datos al mes de septiembre de 2018.

La encuesta proporciona información sobre diversos aspectos vinculados con la seguridad, tales como sensación de inseguridad; expectativa social sobre la tendencia del delito; atestiguamiento de conductas delictivas; cambios de rutinas o hábitos por temor a ser víctima del delito.

Asimismo, da cuenta de la percepción del desempeño de las policías Preventiva municipal, estatal y federal; de la Gendarmería Nacional, el Ejército y la Marina; de la sensación de inseguridad en lugares físicos específicos; de conflictos sociales en el entorno; la percepción del desempeño gubernamental para resolver problemas; así como de las principales fuentes que la población utiliza para informarse sobre el fenómeno de seguridad pública en su localidad.

Según informa el INEGI, esta encuesta se lleva a cabo desde 2016 y tiene una muestra de 300 viviendas trimestrales por ciudad de interés y 300 viviendas por cada una de las cuatro regiones en que se divide la Ciudad de México.

El agrupado nacional en el mes de septiembre de 2018 fue de 24 mil viviendas. El entrevistado, que debe tener al menos 18 años de edad, es seleccionado aleatoriamente.

Para el tercer trimestre de 2018, la ENSU se aplicó en 64 ciudades de interés, más las cuatro regiones de la Ciudad de México (norte, sur, oriente y poniente). Un total de 65 ciudades de interés. El tamaño de la muestra garantiza un nivel de confianza en los resultados del 90%.

El primer dato relevante y ya no tan sorprendente es que el 74.9% de la población mayor de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro. Ignoro si el restante 25.1% piense lo contrario y verdaderamente estén convencidos de que su ciudad es segura o si simplemente mintieron al responder.

El 79.7% de las mujeres opina que su ciudad es insegura, mientras que, en el caso de los hombres, el 69.2 lo cree así.

Dentro de las ciudades que registran menor percepción de inseguridad, desde luego que no se ubica ninguna del estado de Guanajuato; entre ellas están: San Pedro Garza García (21.6%), San Nicolás de los Garza (34.2), Puerto Vallarta (36.6), Mérida (38.1), Saltillo (39.1) y Durango (40%).

Entre las percibidas con mayor inseguridad están: Ecatepec de Morelos (96.3), Villahermosa (94.5%), Reynosa (94.3%), Cancún (92.8%), Fresnillo (90.8%) y Tapachula (90.4%).

En el caso del Estado de Guanajuato solo aparecen mencionadas las ciudades de León y Guanajuato capital, con índices de 80.2 % y 84.3%. No hay mención sobre Irapuato y Celaya.

A la gente le preocupa la inseguridad en determinados espacios como cajeros automáticos ubicados en la vía pública, transporte público, bancos y calles que habitualmente usa.

El 65.8% de la población manifestó que durante el tercer trimestre de 2018 modificó sus hábitos respecto a “llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito” por temor a sufrir algún delito.

De igual manera, el 61.1% reconoció haber cambiado de hábitos respecto a “permitir que sus hijos menores salgan de su vivienda”; el 55.8% cambió rutinas en cuanto a “caminar por los alrededores de su vivienda, pasadas las ocho de la noche” y el 38.2% cambió rutinas relacionadas con “visitar parientes o amigos”.

En cuanto a la percepción sobre las corporaciones policiacas y de seguridad pública, la Marina ha sido percibida como muy efectiva en sus labores para combatir y prevenir la delincuencia con una aceptación del 85.8% de la población encuestada.

A la Marina le siguen el Ejército (82.4%), la Gendarmería Nacional (69.2%), la Policía Federal (64.4%), la Policía Estatal (48.6%) y la Policía Preventiva Municipal (38.6%). Como siempre la seguridad pública municipal queda en el peor sitio según la percepción de la población.

Llama la atención que, a pesar de la radiografía numérica sobre la percepción de la inseguridad, no es este el mayor problema que señala la población encuestada, sino la existencia de baches en calles y avenidas, seguido por la delincuencia (robos, extorsiones, secuestros, fraudes, entre otros) y un alumbrado público insuficiente. Así las prioridades.