Se buscan víctimas del racismo de Joe Arpaio | Newsweek México


Se buscan víctimas del racismo de Joe Arpaio



Como sheriff de Maricopa, Arizona, Arpaio fue el terror de mexicanos y latinos al usurpar funciones de policía de migración. Al declarar sus detenciones anticonstitucionales, una corte federal de Estados Unidos condenó a la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa a indemnizar económicamente a las víctimas. Hoy se busca localizarlas en México y Estados Unidos.

EN EL DESÉRTICO suroeste de Estados Unidos, Maricopa es uno de los 15 condados que comprende el estado de Arizona. Debe su nombre a los nativos indios maricopa, que se hacen llamar pipatsje (“personas”).

En ese terruño, con la mayor densidad de población en Arizona, la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO, por sus siglas en inglés) es la ley, y la policía local honra el lema de “Integrity, Accountability and Community”, solo que no lo aplica de igual forma para todos los habitantes de ese estado.

Hoy esta oficina enfrenta una condena federal que le obliga a indemnizar a las personas que, entre 2011 y 2013 fueron ilegalmente detenidas, encarceladas e incluso algunas robadas, golpeadas y abusadas por orden del polémico Joe Arpaio, inquisidor de mexicanos y latinos.

Abogados de México y Estados Unidos en la actualidad están tratando de localizar a sus víctimas para compensarlas.

Aunque el otrora agente de policía estadounidense dejó su cargo de sheriff a finales de diciembre de 2016, al perder la reelección que buscaba por séptima ocasión, derrotado por el demócrata Paul Penzone, exsargento del Departamento de Policía de Phoenix, los estragos de su mano de sheriff aún cimbran la MCSO que ahora deberá pagar por los platos rotos de Arpaio.

Republicano, fundamentalista, veterano de guerra, amante de las armas, admirador y correligionario de Donald Trump, a quien define como “un héroe”, y con una marcada animadversión por hispanos y latinos, Joseph Michael Arpaio, hijo de migrantes italianos nació en Springfield, Massachusetts, en junio de 1932, y a sus 60 años, tras una larga carrera de policía y agente de la DEA (la Administración para el Control de Drogas), en Turquía y México, en 1992 fue designado sheriff de Maricopa.

El “sheriff más implacable de Estados Unidos”, se hacía llamar. Y presumía su récord de haber detenido en Las Vegas al mismísimo Elvis Presley cuando este conducía una motocicleta a exceso de velocidad.

Lo indiscutible es que, desde su llegada a Maricopa, asumió una posición bélica antiinmigrante, que se hizo mucho más abierta en la primera década del siglo. Justo cuando la polémica ley SB1070 de Arizona endureció la política migratoria en ese estado, que para entonces ya se había convertido en uno de los principales puntos de ingreso de oleadas de migrantes que desafiaban el inclemente desierto.

En Estados Unidos la migración es un asunto del orden federal que compete al ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y los oficiales y policías locales no tienen atribuciones para arrestar a personas por su estatus migratorio. Pero aun cuando su función de policía de condado no le daba facultades, Arpaio prácticamente ordenaba redadas cazamigrantes en las cuales las personas eran detenidas simplemente por su apariencia.

Para la comunidad latina no importaba si se tenía o no un estatus legal, poner un pie en la calle era aterrador, trasladarse al trabajo, la escuela, o simplemente moverse de un punto a otro. Los policías de Arpaio se aparecían súbitamente en restaurantes, hoteles, tiendas, en cualquier punto donde suponían que se empleaba migrantes para cargar con ellos. En autopistas y caminos instalaban retenes para detener a quienes manejaban “como mexicanos o latinos”.

ARRESTOS POR SER LATINOS

Centenares si no es que miles de personas fueron arrestadas bajo ese criterio. A algunas se les encarcelaba directamente y a otras se les retenía para transferirlas al ICE.

“Esa oficina tenía una política de detener a personas solamente por cómo se veían, por su cara o rasgos. Así que había mucho miedo en la comunidad porque las personas podrían ser arrestadas simplemente por salir a la calle o por manejar como latinos”, explica a Newsweek en Español Benjamin Botts, un experimentado abogado en temas migratorios, doctorado en la Berkeley School of Law, quien en esos años litigó numerosos asuntos y casos de asilo, también en la Oficina del Procurador General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.

En sus redadas, los policías de Maricopa agarraban parejo, recuerda Botts. Solo que en 2007 algunas víctimas se defendieron: no eran “sin papeles”, sino residentes con visas legales.

Manuel de Jesús Ortega Melendres y otros demandaron a Joseph M. Arpaio y su oficina por violación a sus derechos civiles, ya que los detuvo solo por su apariencia “latina”, aun cuando su estatus migratorio era legal.

Luego de años de litigio, que el propio sistema de justicia identificó como un juicio “contra el racismo”, una corte federal les dio la razón y determinó que incluso más allá del estatus migratorio de una persona, las detenciones de Arpaio basadas en la apariencia física eran anticonstitucionales, violaban derechos civiles, aunado a su usurpación de funciones.

En un Interdicto, en 2011 la Corte le ordenó cesar ese patrón inconstitucional de detener personas solo por su apariencia; pero el sheriff que alardeaba de ser el más duro entre los alguaciles, no quería dar su brazo a torcer y, desafiante, continuó con las detenciones, violando sistemáticamente los derechos de mexicanos y latinos.

Arpaio y la MCSO estaban en desacato criminal, y esta vez fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que demandó al polémico alguacil.

Aún con los ojos del Departamento de Justicia y la Corte sobre él, en el oeste Arpaio siguió imponiendo su propia ley, hasta que en diciembre de 2016 debió dejar el cargo que ocupó durante 24 años, derrotado en las urnas por Penzone.

Para julio de 2017 la Corte condenaba a Arpaio a seis meses de prisión por desacato criminal pero, en agosto, el presidente Donald Trump lo indultó.

No obstante el polémico indulto presidencial, en su resolución la Corte ordenó a la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa indemnizar a todas aquellas víctimas, a quienes detuvo entre el 23 de diciembre de 2011 y el 24 de mayo de 2013.

La Corte ordenó crear un Fondo de Compensación, el cual ya está disponible. Ahora, abogados de Estados Unidos y México han emprendido una odisea para ubicar a esas víctimas y económicamente resarcirles los daños.

Se trata, explica Benjamin Botts, actual director jurídico del Centro de los Derechos del Migrante, de por lo menos 180 personas, aunque “podrían ser mucho más porque 180 es una cifra de la Oficina del Sheriff, pero se detectó que en sus archivos no mantenían en orden sus propios registros, así que muy probablemente hay muchas más víctimas desconocidas”.

En efecto. Arpaio solía confinar a los migrantes en su Tent City, la famosa prisión al aire libre que mandó instalar con las tiendas de campaña militar que sobrevivieron a la guerra de Corea, en medio del desierto de Arizona flanqueadas por altos enrejados coronados con alambre de púas y bajo férrea custodia policiaca, donde a los presos se les encadenaba masivamente y los hacía vestir uniformes de rayas, como en las viejas penitenciarías donde tal indumentaria significaba ser la escoria social, a lo que Arpaio adicionó ropa interior y calcetas color de rosa.

Amnistía Internacional calificó las condiciones de Tent City como inhumanas, ya que bajo esas tiendas de campaña a los presos se les mantenía bajo un infernal sol que en verano atiza más de 50 grados en bocanadas que se resienten como fuego. El agua era restringida, los alimentos, deficientes, y había maltrato.

“Un campo de concentración”, le llamó The Guardian, irónicamente parafraseando la definición que el propio Arpaio hacía de su modelo de prisión, que prácticamente operó durante toda su estadía como sheriff. Tent City era su orgullo, por eso cada aniversario solía festejarlo con un enorme pastel que él mismo partía.

Las cifras hablaban de más de 1,400 personas encarceladas, por lo menos 200 de ellas solo por su condición de inmigrantes.

“Escuché todo acerca de las cruzadas de Arpaio de primera mano. Para 2014, estaba trabajando como intérprete de la Corte para el Condado de Maricopa. Todos los días interpretaba para personas de habla hispana que habían sido arrestadas por Arpaio en el desierto, tratando de ir a trabajar a Estados Unidos. Los hombres de Arpaio los arrestarían y los pondrían en centros de detención durante meses, reteniéndolos hasta que llegaran a un acuerdo de culpabilidad, para poder obtener una condena por ellos en el registro. De esa forma, si alguna vez intentaran regresar a Estados Unidos, serían colocados en una prisión federal”, escribió Francisco Chairez, un mexicano de Tijuana quien, radicado en Phoenix, estudió en la Universidad Estatal de Arizona. En 2014 tuvo la mala fortuna de caer en la cárcel de Arpaio, experiencia que narró en 2017 en un testimonio publicado en The Washington Post.

Como “un circo de Arpaio” calificó la Tent City el alguacil Penzone, por ello, una de sus primeras medidas fue reubicar a los internos y cerrarla. Y ahora toca indemnizar a las víctimas de Joe.

Imagen: John Moore/AFP/Getty

LA JUSTICIA ES POSIBLE

El Centro de Derechos del Migrante, organización binacional que trabaja en México y Estados Unidos, en colaboración de un despacho de Virginia, encargado de administrar el Fondo de Compensación, han emprendido la odisea de hallar a las víctimas de Arpaio para que puedan cobrar su compensación.

“Realmente estamos en búsqueda de personas desconocidas. Es muy difícil saber quiénes son, pero creemos que la mayoría son mexicanas”, dice Botts. Los abogados tratan de ubicarlas geográficamente, ya sea por lugares destino de las personas deportadas desde Arizona o por el cruce de las autopistas principales.

Se busca “que se enteren tanto víctimas como familiares o amigos, que puedan tener información sobre una persona que fue detenida durante estas fechas por esa oficina”.

Benjamín Botts explica que la resolución a este caso contra la MCSO va más allá de las indemnizaciones a las víctimas. “Nos lleva a entender —explica— que cualquier persona en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, tiene derechos constitucionales, y esos derechos civiles tienen que ser respetados”.

Pero además, agrega, “se trata de un caso emblemático porque, aunque nuevamente se viven detenciones similares, con este caso la Corte le recuerda a los migrantes que experimentan violaciones a sus derechos, como la detención ilegal, que sí hay manera de buscar justicia”.

La odisea por ubicar a las víctimas de Arpaio tiene obstáculos que Botts no pasa de largo:

“En esa época, como en muchos lugares actualmente, comunidades inmigrantes tenían miedo de las autoridades justamente porque pensaban que ir ante una autoridad para denunciar algo podría tener consecuencias graves para su vida, para su familia y, por no tener un estatus migratorio, siempre hay el riesgo de que una autoridad te vaya a detener o deportar ante la policía de migración”, cuenta.

Pero, en este caso, no solo era miedo, sino fundado terror por parte de los migrantes, “porque la situación iba mas allá de eso: las personas no querían ni salir a la calle porque simplemente por su apariencia estaba en riesgo su vida. Era un ambiente bastante difícil para esta comunidad”.

Aquellos excesos de Arpaio, y la imagen que con creces se forjó frente a la comunidad latina, fue descrita por Chairez en su testimonio para The Washington Post, a propósito del indulto de Trump. “Hay maldad en el mundo que no se arrepiente, y lo he experimentado de primera mano. Arpaio siendo indultado es una pesadilla hecha realidad”, escribió.

Sin embargo, la estrella del exsheriff ya no brilla igual. Hace apenas unos días su propio partido le dio la espalda. Joe Arpaio buscaba que el Partido Republicano lo postulara para obtener en el Senado el escaño que en octubre próximo dejará el senador Jeff Flake, quien anunció su retiro, pero el pasado martes 28 de agosto fue derrotado en las elecciones primarias de su partido por la congresista Martha McSally.

Ahora, con el éxito que pueda tener la asignación de este Fondo de Compensación, y que las víctimas la hagan efectiva, sería un triunfo para la comunidad latina porque, asegura Benjamin Botts, “este caso ejemplifica cómo cuando se unen personas en este tipo de situación para buscar justicia, sí puede haber una forma de justicia, de corregir esas practicas anticonstitucionales”.

Imagen: John Moore/AFP/Getty

LAS COMPENSACIONES

Bajo el Fondo de Compensación, reclamantes elegibles van a ser indemnizados con 500 dólares si fueron detenidos por la MCSO en violación del Interdicto Preliminar (entre el 23 de diciembre de 2011 y el 24 de mayo de 2013 ) por más de 20 minutos; con 35 dólares adicionales por cada 20 minutos más de detención.

Lo máximo que cada víctima podría recibir como compensación por su detención son 10,000 dólares, sin afectar la posibilidad de que reciba compensación por otros daños resultado de su detención.

La cantidad dependerá de si durante la detención sufrió daño físico o emocional, si se le confiscó alguna propiedad, si le provocó perder su empleo, o si tuvo otros perjuicios de carácter económico o incluso manifestación física del sufrimiento emocional y la necesidad de tratamiento a causa de esa detención.

Bajo el programa, una detención hecha por la MCSO, ICE y CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos), recibirá una compensación máxima de 10,000.

Por ejemplo, si la MCSO detuvo a una persona por 1.5 horas y después transfirió a esa persona a la custodia de ICE, los cuales detuvieron a esa persona por 24.5 horas adicionales, la duración completa de la detención calificaría para una compensación cuantificada en 26 horas. El reclamante podría recibir 500 dólares por la primera hora más 35 adicionales por cada 20 minutos adicionales detenido, lo que equivaldría a 3,125 dólares.    

EL PROCESO

Las víctimas de la MCSO deben como primer paso llenar un Formulario de Reclamación. Los abogados revisarán el formulario y evaluarán si se requiere documentación adicional. Las reclamaciones deben ser presentadas a más tardar el 3 de diciembre del 2018.

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