El día de hoy las candidatas y candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados Federal del Partido Revolucionario Institucional, queremos compartir con la ciudadanía y con ustedes algunos temas de índole jurídico relacionados con la inseguridad con la que vive el País y Aguascalientes, y sobre los cuales deseamos formular compromisos de cara a la ciudadanía, para su atención inmediata una vez que asumamos nuestras responsabilidades en el Congreso de la Unión.
Como es del conocimiento de todos, la inseguridad ha desquiciado a nuevos Estados y regiones del país, que habían permanecido a salvo; vemos cómo se han disparado los homicidios en Guanajuato, tradicionalmente un territorio tranquilo; en los últimos meses en los Altos de Jalisco se han registrado hechos de violencia por demás inusitados.
Aquí no están las cosas mejor. Durante el último año, con preocupación hemos sido testigos de que la inseguridad regresó a Aguascalientes: el Estado pasó de tres homicidios en 2016 por cada cien mil habitantes, a 6.2 sucesos en 2017 en igual parámetro, y en el transcurso de los primeros cinco meses de 2018 ya se registran 39 homicidios, dentro de los que se cuenta un Feminicidio.
El robo a transeúnte en espacios públicos en un año ha crecido 600%, y con violencia, en un 31%; el robo a autopartes, mediante cristalazos y otros medios, 405%; robo a transporte particular, 288%; el robo de vehículos mediante violencia aumentó un 34%; el robo a casa habitación cometido con violencia se incrementó en un 77.5%.
En lo general, entre 2016 y 2017 los delitos patrimoniales con violencia aumentaron de 876 robos a 1106, o sea, un 26%; el secuestro subió en 200%; las extorsiones y el abigeato están incontenibles.
En especial, el robo a casa habitación y a negocio se ha agravado no sólo en su número, sino en sus métodos, puesto que es perpetrado por delincuentes fuertemente armados y dispuestos a atentar contra la vida de las personas a fin de conseguir sus objetivos delincuenciales.
Otra vez el pánico de aquel Jueves Negro; Otra vez el hecho de aquellos más de treinta empresarios que debieron auto exiliarse para salvar a sus familias del secuestro y la extorsión.
El panorama a corto plazo no es nada alentador, las autoridades creen que con sólo cambiar de mandos policiacos ya se resolvió el problema, y sabemos sin lugar a duda que esa es solo parte de la solución. Se requiere de una estrategia diferente, mucho más compleja pero más eficaz.
En nuestro carácter de futuros legisladores, queremos compartir con ustedes seis propuestas legislativas cuyo objetivo es reforzar el esquema jurídico actual en la lucha contra la violencia, la criminalidad y la impunidad.
La primera medida de agenda legislativa será pugnar desde el Congreso Federal, para que sea instituido el Mando Único Policial, como ciertamente ya lo hemos venido proponiendo en diversos foros durante la campaña.
También, como una segunda medida continuaremos proponiendo incorporar por mandato de ley, la obligatoriedad de la prevención social de la violencia. Propuesta que también ya hemos venido sosteniendo en las semanas previas.
Nuestra tercera medida será sumarnos plenamente a la propuesta del candidato Meade consistente en expedir un nuevo Código Penal Unico para toda la República, a fin de unificar el catálogo de delitos, las penas y medidas de seguridad, así como el tratamiento a los diversos aspectos sustantivos penales.
Históricamente, se justificó que el Federalismo haya otorgado la facultad a cada entidad federativa para expedir su propia legislación penal, porque el país era un mosaico de idiosincrasias, usos y costumbres.
Ya no se justifican treintaidós Códigos Penales diferentes. Los retos que demanda el México de hoy, agravados por el alza en las tasas de criminalidad y por la persistencia de la impunidad, podrían ser mejor atendidos con un Código Penal Único.
Adicionalmente, el Código Penal Nacional dará mayor coherencia y solidez a la legislación procedimental única para todo el país, que ya tenemos con el vigente Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el que fue posible establecer el nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Este último constituye nuestra cuarta medida: impulsar las medidas de reforma y adecuación necesarias al Nuevo Sistema Penal para cerrar la puerta a la impunidad, en los casos de robo con reincidencia, el delito de abigeato y los delitos asociados a la corrupción.
Como sabemos, los órganos encargados de la impartición y Procuración de Justicia, hoy en día, los académicos y especialistas, el Foro Nacional de Abogados practicantes, y la sociedad en general, han venido descubriendo y denunciando fallas y áreas de oportunidad para mejorar el Sistema Penal Acusatorio. En el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO ya surgieron propuestas concretas. Y en este sentido, nuestra postura como candidatos es que estaremos promoviendo con sumo cuidado las reformas que demande el perfeccionamiento del Sistema Penal Acusatorio.
Siempre bajo la perspectiva de defender al ciudadano ante el delito y de que las autoridades cuenten con herramientas legales para perseguir y sancionar a los delincuentes, combatiendo toda forma de impunidad.
Nuestra quinta medida será el fortalecimiento de la figura jurídica de la Legítima Defensa como Institución Penal.
Hemos visto en México y Aguascalientes cómo el fenómeno de la delincuencia y de la violencia ha empujado a la propia sociedad a reaccionar por sí misma para su defensa. Recordamos el episodio de las señoras del Ojocaliente III que a cacerolazos y con ladrillos se defendieron de un contumaz delincuente; el caso de “El Huevo”, aquel delincuente que murió a manos de sus víctimas, cuando había ingresado a un negocio para robar, y quien había estado casi 200 veces ante la barandilla sin recibir castigo corporal.
No olvidamos todos los sucesos, ya innumerables, en que vecinos hartos de sufrir robos han pretendido cometer linchamientos, lo cual se explica por una desesperación extrema pero no se justifica en un Estado de Derecho.
Por desgracia, han sido más los casos en que los buenos ciudadanos, el padre de familia, la señora que se queda en la casa al cuidado de los hijos, la hija que por algún motivo está sola en su vivienda, el empleado que atiende el negocio, el guardia de seguridad que lo cuida, son agredidos, lesionados y aun abatidos a manos de desalmados delincuentes, cuyo objetivo es el robo, la violación, el secuestro, la extorsión, el homicidio. Eso nos resulta intolerable, porque no corresponde a una sociedad civilizada y es la negación de los más respetables valores.
Por todo ello, estamos dispuestos a que en la legislación penal única que en el futuro sea expedida a nivel nacional, o la legislación local, sea reformado el marco jurídico actual de la legítima defensa, a fin de que ésta pueda proteger más ampliamente a los ciudadanos que se vean en la necesidad de defender su vida, su integridad, su patrimonio y los de sus familias, y a quienes tienen el deber u obligación de defender esos valores en contra de los delincuentes.
Partiremos del conocimiento y la experiencia de las reformas a la legítima defensa que se incorporaron en 2017 a los códigos penales de Nuevo León y Aguascalientes. Nuestra propuesta ampliará la defensa, garantizará mejor justicia y protegerá al buen ciudadano.
En correspondencia con lo anterior, es que proponemos nuestra sexta medida, consistente en impulsar las modificaciones y cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de adecuar el principio del Debido Proceso a las condiciones que exigen la justicia y la nación entera.
Ya no es tiempo de que demos prioridad al debido proceso formalista, sobre la justicia real.
El debido proceso ha sido desvirtuado en la práctica; se ha constituido en la estratagema fácil para burlar la cárcel, para que autoridades indolentes o ignorantes, puedan mandar expedientes al archivo definitivo, y para alimentar el cáncer de la impunidad.
La realidad nos rebasa todos los días, y los ciudadanos somos testigos de cómo bajo el pretexto de fallas al debido proceso salen libres delincuentes sin ser procesados y mucho menos sancionados.
El principio del debido proceso legal, llevado a extremos inaceptables por los órganos jurisdiccionales, está sirviendo sólo a la impunidad y no a una buena impartición de justicia. Y lo que es peor: está contribuyendo día a día a la desmoralización de la sociedad.
Nada más peligroso para la moral pública que ver el inmenso panorama de la impunidad. Nada más desalentador para los buenos espíritus. Nada más atractivo para decidirse a delinquir y a no trabajar en los espíritus débiles.
Por todo eso, vamos a proponer una iniciativa de reformas a los artículos 14 y 16 Constitucionales para que el principio del Debido Proceso Legal se mantenga como tal, pero que no sea absoluto, que se acote, y que de ninguna manera tenga como efecto dejar de perseguir el delito y sancionar al delincuente.
Con asombro, en el caso de la francesa Florence Cassez y de muchos otros célebres personajes de la nota roja, hemos oído por propia boca de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que su sentencia absolutoria NO PREJUZGA SOBRE LA EXISTENCIA O NO DEL DELITO.
En esta tesitura, un ex presidente de la Corte, al momento de su jubilación confesó sin ambages que la Suprema Corte de Justicia, no es de justicia sino de legalidad: aplica la ley, pero no hace justicia. Esto se traduce en que no a todo delito corresponde una sanción, y de que hay delincuentes en la calle por orden de los propios jueces.
Eso es un insulto a la inteligencia, es un insulto a la justicia, y es un insulto a la ciudadanía. Es tiempo ya que acabemos con esa aberración jurídica que nos está destruyendo, pues como decía Luis Donaldo Colosio, el pueblo tiene hambre y sed de justicia.
La iniciativa de reformas constitucionales podrá incluir un texto similar al siguiente, que únicamente se cita a manera de ejemplo para la mejor comprensión del tema, sin entrar en detalles de técnica legislativa:
“EN LOS CASOS EN QUE SEA MATERIAL Y LEGALMENTE POSIBLE, LAS FALLAS AL DEBIDO PROCESO LEGAL SE SUBSANARÁN MEDIANTE LA REPOSICIÓN O REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. LA LEY ESTABLECERÁ SANCIONES PARA LAS AUTORIDADES Y PARTICULARES QUE PRODUZCAN O INDUZCAN TALES FALLAS. EL SISTEMA PENAL FUNCIONARÁ BAJO EL PRINCIPIO DE LA NO IMPUNIDAD DEL DELITO”.
Amigas y amigos:
Lo que quiero comunicar es lo siguiente:
Ante la posibilidad de que un delincuente intente en el seno de tu hogar poner en riesgo: tu vida, tu familia, o tus bienes, legislaré a nivel Federal para que puedas defenderte sin que pises la cárcel, existirá una real legítima defensa.
A demás para el caso de que existan errores en la integración de un expediente por parte de la Fiscalía, como comúnmente sucede, esto no dará motivo para que quien comenta un delito se paseé libremente por la calle.
Aguascalientes se ha distinguido a través de su historia, por ser una tierra de oportunidades y de bienestar, una tierra de hombres y mujeres que aman la paz, la tranquilidad, el trabajo y el progreso. No por nada en su escudo está nuestra condición de gente buena, que bien nos define a la inmensa mayoría de Aguascalentenses. Los malos ciudadanos son los menos, quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de nuestro aparato de seguridad pública y de justicia.
Aguascalientes y el país necesitan recuperar el rumbo de su tranquilidad. Para ello, es indispensable que las instituciones respondan a las exigencias de una sociedad agraviada por el crimen, la impunidad y el creciente decaimiento moral, que es el peligro mayor detrás de cada delito impune y de cada delincuente que se burla en la calle.
Es urgente que detengamos ya, a toda costa, por los medios a nuestro alcance, la desmoralización que ataca a la sociedad cada vez que no se sanciona a un delincuente, porque esa impunidad implica una invitación tácita a que otros delincan, animados a su vez por la ausencia de sanción y la ganancia económica.
Estamos a tiempo de detener este suicidio social.
México y Aguascalientes demandan a gritos soluciones audaces, tajantes y realistas, que a corto y mediano plazo bajen radicalmente los indicadores de violencia e inseguridad. Como aspirantes a legisladores federales, externamos nuestra sentida preocupación, y ofrecemos el mayor compromiso para llevar a cabo todas las acciones legislativas que permitan devolver la paz a México y la tranquilidad a Aguascalientes.
Muchas gracias.
¡Súmate por Aguascalientes!
