Las protestas contra el presunto fraude electoral de Juan Orlando Hernández –quien inició su segundo mandato el 27 de enero– fueron reprimidas con “uso excesivo de la fuerza” y hubo detenciones arbitrarias, señala Amnistía Internacional.

El pasado 21 de diciembre, la policía golpeó la puerta de la casa de Jhony Salgado y su esposa, Elena Almendarez, en Honduras. Él abrió para evitar que se dañara y se encontró con los efectivos, que lo subieron a la patrulla y dejaron latas con gases lacrimógenos esparciéndose en el lugar. Salgado estuvo detenido durante cuatro meses.

Elena contó a Amnistía Internacional (AI) que, en medio de las protestas contra el presidente Juan Orlando Hernández, vio desde su casa cómo la policía dispersó a una multitud, por lo que se refugió con su esposo e hijos. Los uniformados, dijo, fueron a la casa, detuvieron a Jhony y le abrieron un proceso penal por portación ilegal de arma de fuego y uso de indumentaria policial.

Su testimonio fue recopilado por la organización en el informe titulado Prohibido protestar, que critica “prácticas como el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y las detenciones arbitrarias” durante las protestas de finales de 2017 y principios de 2018 contra el actual presidente hondureño, acusado de haber cometido fraude en las elecciones presidenciales del 26 de noviembre que le dieron una reelección.

“Estas prácticas tuvieron como objetivo limitar el derecho de las personas a manifestarse pacíficamente en Honduras”, señala AI.

Adeline Neau, investigadora para Centroamérica de la organización y autora del informe, dijo a Newsweek en Español que, en este contexto, “nos preocupa también las declaraciones de ciertas autoridades que, entre diciembre y enero, han estigmatizado a las personas que protestan. Recientemente se dio a conocer un comunicado en que las Fuerzas Armadas equiparan a ciertos comités que habían llamado a protestas pacíficas con terroristas”.

“Estamos preocupados por el derecho a protestar en Honduras. Entre diciembre y enero, se ha observado que las fuerzas de seguridad no cumplieron con su obligación. Al contrario, utilizar la fuerza claramente excesiva para reprimir las protestas”, añadió.

La ola de protestas en Honduras inició tras las elecciones presidenciales del 26 de noviembre. En el primer conteo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) había dado una ventaja de cinco puntos al opositor Salvador Nasralla, pero el sistema de transmisión de resultados sufrió frecuentes interrupciones y fue reduciéndose la ventaja hasta poner como ganador al candidato oficialista.

Por ello, Nasralla y el coordinador de la Alianza y dirigente de la izquierda hondureña, Manuel Zelaya, el expresidente derrocado en 2009, llamaron a sus simpatizantes a defender la victoria en las calles que concluyeron con más de 30 muertos según el conteo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras y las organizaciones de derechos humanos.

Jhony, en “libertad”; Edwin y Raúl, restringidos

Las autoridades dijeron que Jhony participó en la protesta y lo detuvieron en vía pública, con una escopeta en las manos y un escudo policial en el cual estaba escrito “Fuera JOH”. El hombre contó que no había visto los objetos hasta que le fueron puestos en las instalaciones de la policía, donde le sacaron fotos y lo presionaron a firmar documentos que no pudo entender al no saber leer.

Tras más de cuatro meses en prisión, fue liberado el 25 de abril, cuando la Corte de Apelaciones en San Pedro Sula consideró que no estaba justificada la decisión de mantenerlo en detención preventiva, aunque continúa acusado de los delitos que “generalmente son castigados con pena de ocho años”

Este caso, dice la organización, hay serias inconsistencias e irregularidades en las pruebas que hasta ahora sostienen la acusación en su contra, “lo que despierta serias dudas de que estos cargos hayan sido fabricados con otro fin, como el de intimidar a todos aquellos que han salido a las calles a expresar su descontento”.

Otro caso citado por el informe es el de Edwin y Raúl, detenidos el 16 y 19 de enero de 2018, están acusados de participar en los daños contra el Hotel Marriot en Tegucigalpa, durante una manifestación.

De acuerdo con información de AI, ambos continúan encarcelados e incluso han sido colocados en aislamiento total de 10 a 13 días, tienen restringida la comunicación con el exterior y carecen de agua potable y alimentos.

“Amnistía Internacional considera que el uso de la fuerza innecesaria y desproporcional revela el clima de intimidación instaurado por las autoridades hondureñas para disuadir a la población de participar en protestas y expresar su opinión”, dice el documento.

Por eso, la organización pidió al gobierno garantizar el ejercicio del derecho de reunión pacífica y que el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad se apegue a los estándares internacionales.

También, pidió “investigar de manera pronta, imparcial, independiente y efectiva todos los casos de uso innecesario y excesivo de la fuerza en el contexto de la crisis postelectoral, incluyendo las muertes, detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.