Por: Natalia López
Puebla, Pue. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi y de ONU Mujeres, en el Atlas de Género, Puebla ocupa el primer lugar nacional en violencia física sexual dentro de la pareja; el 62.83% de las poblanas han sido violentadas; es el tercer lugar nacional en cuanto a ingreso más bajo por hora trabajado por mujeres, donde el costo por hora es de casi 26 pesos; es el lugar 23 de todo el país en cuanto a participación económica de mujeres y el séptimo en brecha más amplia en ocupación laboral.
A su vez, el 36.4 por ciento del total de las curules están ocupadas por mujeres, lo que demuestra una baja participación política de las mismas. Puebla es el quinto estado con mayor brecha de escolaridad entre hombres y mujeres, donde ellas sólo cursan 8.28 años, llegando como máximo a segundo de secundaria.
“El contexto de Puebla sigue estando complejo pese a que parece que se inyectan recursos, hay cierta voluntad de instituciones, movimientos organizados de mujeres exigiendo mejores circunstancias y una exigencia de condiciones más seguras a partir del incremento en los feminicidios”, apuntó Natalí Hernández Arias, del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social A.C. (CAFIS A.C.).
En el marco del panel “La desigualdad en México: Retos y acciones” organizado por la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana Puebla, la especialista afirmó que las recomendaciones realizadas al Gobierno del Estado por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), son compromisos que el Estado debió asumir desde hace años, pues existen un marco legal basto para implementar políticas públicas para mejorar vida de las mujeres.
Afirmó que si bien se han invertido recursos en las mismas, se ha realizado de forma deficiente y sin tener un impacto importante en la población. Como ejemplo uso la recomendación de realizar un diagnóstico de la violencia contra las mujeres a nivel estatal. Según las autoridades estatales, se invirtieron 2.6 millones de pesos, pero aún no muestran resultados. “Se invierten recursos pero no efectivamente y luego salen y lo presumen. Es necesario entender el fenómeno para intervenir, la base para la prevención de la violencia no está, que es el diagnóstico”, dijo.
También se pidió implementar una política pública de comunicación social, de campañas permanentes con perspectiva de género. “Se supone que la hicieron y costó casi 355 mil pesos y también un manual de comunicación con perspectiva de género que no se difundió. Y de las tres campañas se asume que no lograba transmitir el mensaje de prevención y detención de la violencia, se invirtieron recursos y no impactaron en la población”, apuntó.
Natalí Hernández destacó que se encontraron en la campaña “un montón de deficiencias, sobre todo en estrategia de difusión del mensaje que no llegaba a todas las mujeres de todos los rincones”, cuando Puebla es un estado muy complejo con 217 municipios. “Es la lógica con la que están operando las instituciones”, subrayó.
Por otra parte, puntualizó que de 144 países a nivel mundial, México se ubica en el lugar 81 y en el 20 de América Latina en el Caribe, de los mejores para ser mujer. Las mexicanas sufren una mayor desigualdad económica y laboral, cada vez está reduciendo brecha en acceso a educación, aunque no necesariamente eso garantiza acceder a mejores oportunidades laborales, señaló.
Manifestó que los esfuerzos en el país no han sido constantes y esto dificulta el acceso de las mujeres a mejores condiciones en diversos contextos. Puso el ejemplo de la Sierra Norte de Puebla, donde las mujeres de la comunidad dejan de mandar a sus hijas a la escuela, después de la primaria, porque al quedar lejos de donde viven en el transcurso son víctimas de violación o rapto; situación que no se refleja en los indicadores.
