Orlando Pérez llevaba botellas de agua para sus compañeros que estaban en la protesta contra las represiones de la policía de Nicaragua cuando lo mataron a balazos el 20 de abril en la ciudad de Estelí.

Socorro Corrales, su madre, al ser entrevistada por Amnistía Internacional (AI) dijo “yo obligué a mi hijo a votar por Daniel [Ortega] porque yo era danielista y yo quería que él fuera danielista y ahora me lo mató Daniel [Ortega]”.

A finales de los años 70, Daniel Ortega encabezó un movimiento armado en contra del dictador Anastasio Somoza. Su movimiento revolucionario lo llevó al poder de 1979 a 1990 y, por segunda ocasión, de enero de 2007 a la fecha. Ahora, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y AI, el gobierno de Ortega ha reprimido y detenido extrajudicialmente a quienes se oponen a sus decisiones de gobierno.

A principios de abril,el incendio en la reserva natural de Indio-Maíz tensó el ambiente social en el país, pero fue la publicación de la reforma a la seguridad social – que incrementó los aportes de trabajadores y empleadores y que también estableció una detracción del 5% a los pensionados lo que detonó las protestas.

Las autoridades dispersaron una manifestación de personas adultas mayores, lo que produjo protestas generalizadas lideradas por grupos de estudiantes y jóvenes, así como también sectores de trabajadores, campesinos, ambientalistas, defensoras y defensores de derechos humanos, y ciudadanos en general.

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El gobierno retiró la reforma al sistema de seguridad social, sin embargo, las protestas continuaron y se extendieron debido al descontento generalizado de la población.

El 21 de mayo, la CIDH concluyó una visita a Nicaragua para reunir información documental, audiovisual y escuchó cientos de testimonios que, según la Comisión, evidencian graves violaciones de derechos humanos durante un mes de protestas, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados.

“Lo que dio como resultado decenas de muertos y centenares de personas heridas; detenciones ilegales y arbitrarias; prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa; y otras forma de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana”, dice la CIDH en su informe.

Según la información recibida por la Comisión, desde el 18 de abril en el país hubo, al menos, 76 personas muertas, 868 resultaron heridas en su gran mayoría en el contexto de las protestas. De estas últimas, cinco permanecen en hospitales en estado de gravedad. Asimismo, 438 personas fueron detenidas, entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas.

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Amnistía Internacional presentará un informe este martes sobre la situación de emergencia que se vive en el país centroamericano. Pilar Sanmartín, investigadora de crisis para las Américas en Amnistía Internacional viajó a Nicaragua del 4 al 13 de mayo con un equipo de la organización para recabar 16 testimonios y hacer un análisis científico con sus colegas en la Ciudad de México y en Londres en el que pudieran estudiar, a través de documentación de viva voz, fotos y video, la estrategia de la policía para contener las protestas y la estrategia del Estado en la que se dio la represión para poder probar o refutar la participación del gobierno del presidente Daniel Ortega.

El posicionamiento de AI

Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas, dice que la violencia encubierta por la autoridad se ha extendido. Hay una preocupación alarmante sobre las violaciones a derechos humanos y las medidas represivas del gobierno de Daniel Ortega, asegura. Los grupos parapoliciales y la conocida como turba sandinista están coludidas con autoridades del Estado es gravísimo, recalca. Hay un caos imperando, no hay rendición de cuentas, dice.

Pilar Sanmartín pide cese a la represión, al uso de armas letales y al uso intencional de la fuerza. Asimismo, exige que termine el discurso criminalizador. Las más altas autoridades, afirma, han negado las muertes y usan un lenguaje estigmatizador, llaman a quienes protestan, vampiros buscando sangre. En lugar de frenar los ataques, los justifican, asegura.

En el informe concluye que durante estos días ha habido una estrategia de represión “intencionalmente letal liderada por el presidente de Nicaragua. Encontramos un patrón en el que podemos decir que pudo haber intencionalidad de matar. Hubo un uso excesivo, ilegítimo e innecesario de la fuerza”.

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Pilar Sanmartín explica que en Nicaragua la policía no está a cargo de un ministerio de justicia o del poder judicial, sino directamente comandada por el presidente del país. Entonces, abunda, con la documentación que hizo AI se comprobó que había grupos parapoliciales y la Turba sandinista (conformada por la Juventud sandinista y los motorizados), los cuales operan al abrigo de la policía, de ahí que por ello se afirme que el jefe de la policía, es decir, el jefe de Estado conoce y permite lo que sucede.

Erika Guevara insiste en que su posicionamiento “es en contra de la política sistemática de represión liderada por Daniel Ortega y su vicepresidenta Rosario Murillo. La supuesta tregua es una simulación. Hay un contexto de terror”.

Nicaragua aún está en medio del conflicto, esto no ha parado, asegura Guevara. Apenas hace unas noches, agrega, mataron a un joven en León, incluso, cuando fue la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hubo represiones.

La preocupación sobre las violaciones a derechos humanos son alarmantes, lo mismo que las medidas represivas, insiste Guevara.

Las fotos y los videos recopilados por Amnistía Internacional se mandaron de Nicaragua a la Ciudad de México y a Londres para hacer los análisis de la trayectoria de las balas y el tipo de lesiones. De acuerdo con Pilar Sanmartín, se determinó que: hubo un alto número de personas fallecidas en el marco de una propuesta; las heridas de bala –en su mayoría— fueron de la cintura hacia arriba y en puntos estratégicos para causar la muerte, es decir, cuello, cabeza y tórax superior; en muchos de los casos de muerte se observa que las balas fueron disparadas en trayectorias de arriba para abajo, lo que podría indicar que fueron realizadas por francotiradores.

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Además de esta evidencia, agrega Pilar Sanmartín, están los actos de encubrimiento de la autoridad al negar las actas de defunción y los resultados de las autopsias. En, al menos dos casos documentados por AI, la doctora legista presionó a las familias para que desistieran de presentar una denuncia.

Como parte de la estrategia de represión, indica, en los hospitales hay la instrucción de no atender a las personas heridas en las protestas. En un video se puede ver a la ministra de salud diciendo que quién proporcione ayuda médica se va.

Pilar Sanmartín narra que la ciudadanía está muy desconcertada. “Fue súper impresionante ver como muchos danilistas han sido duramente maltratados por el gobierno y eso creo que está generando un quiebre muy fuerte en el país, está siendo un parteaguas de gente que históricamente era simpatizante del gobierno y que ahora ven que esto es una locura, y que ahora sí que se están oponiendo y están alzando su voz contra ellos”.