Las comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) reiteraron un enérgico llamado a las autoridades federales, estatales y municipales para que garanticen el acceso a la justicia del pueblo wixárika en un clima de seguridad y paz social.
El pasado 30 de abril en el marco del arranque de las campañas locales, Felipe Serio Chino, presidente del Consejo de Vigilancia de las comunidades wixárikas del norte de Jalisco, informó que impedirán actos de campaña en sus territorios.
Cientos de wixárikas de 35 localidades señalaron que mantendrán esa postura en tanto no sea resuelto un conflicto agrario pues exigen se les restituyan más de 10 mil hectáreas de tierras ancestrales invadidas por ganaderos.
“Que las autoridades federales intervengan y garanticen la conclusión de los procesos de restitución de tierras pertenecientes a las comunidades wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlán (Waut+a) y Tuxpan Kuruxi Manuwe, en la localidad de Huajimic, en el municipio de La Yesca, Nayarit, y que fueron suspendidos ante la falta de condiciones sociales y de seguridad, lo cual ha provocado malestar y el anuncio de impedir el proceso electoral en dichas comunidades” señalaron la CNDH y la CEDHJ.
Las comunidades dieron diez días para recibir respuesta a sus demandas y amagaron con el cierre de planteles educativos de todos los niveles y modalidades, así como centros de salud para no acudir a las urnas el 1 de julio.
En septiembre de 2017 la CNDH pidió a las autoridades estatales y municipales de Jalisco y Nayarit, así como a los tribunales agrarios e instituciones competentes, vigilar la restitución de tierras con base en el Estado de derecho.
“Sin embargo, luego de dos procesos que concluyeron en octubre, los posteriores han sido impedidos de manera violenta y sin que las autoridades responsables de la seguridad pública hayan otorgado las garantías para salvaguardar la integridad y seguridad de las personas, y con ello dar cauce a la legalidad y al orden social”, denunció la CNDH.
El 20 de mayo de 2017 fueron asesinados los defensores de los derechos indígenas Miguel Vázquez Torres y Agustín Vázquez Torres en Tuxpan de Bolaños y la Fiscalía General del Estado (FGE) no resolvió el caso.
“El uso de la violencia para obstaculizar la ley es alarmante, si se considera que dicha restitución forma parte del derecho de los pueblos originarios y comunidades indígenas a preservar sus tierras y a hacer efectivas las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra”, concluyó el comunicado
