Columna Diario de Campo.

Desde el año 2010, la Fundación Konrad Adenauer y la consultora Polilat han diseñado y ejecutado un Índice para el Desarrollo Democrático de México (IID-Mex), cuyo objetivo es “identificar causas y consecuencias del dispar desarrollo democrático entre las entidades federativas que componen la república mexicana.” Recientemente han hecho pública la séptima versión de este índice (idd-mex.org/2017/), ahora con la colaboración y patrocinio de la Unión Social de Empresarios de México (USEM), el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPOS) y el Instituto Nacional Electoral (INE), con la participación técnica de El Colegio de México (ColMex).

Los ejes de análisis son: 1) la democracia de los ciudadanos, 2) la democracia de las instituciones, 3) la democracia social, y 4) la democracia económica. La primera se refiere al ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos, y de las situaciones que los violentan; la segunda a la calidad de las instituciones y la eficiencia del sistema político para lograr avances democráticos; la tercera mide la gestión del gobierno para lograr mejores condiciones de desarrollo social y humano, y la cuarta evalúa el desarrollo económico en la generación de mayores oportunidades y mayor equidad. Son medidos mediante el seguimiento de 34 indicadores complejos de carácter estadístico, provenientes de fuentes formales y oficiales (INEGI, Banxico, OSC, gobiernos federal y locales, etcétera).

Para evaluar la democracia de los ciudadanos se debió aplicar una pesquisa nacional (Encuesta de Derechos y Libertades de los Estados de México 2017, idd-mex.org/encuesta2017), que obtuvo estos resultados destacables: a) más del 60% de la población sospecha que las elecciones de gobernadores y legisladores no son ni libres ni justas; b) casi un 90% de la población a nivel nacional cree que, en su estado, la corrupción está instalada en el gobierno; c) el promedio del índice de percepción de derechos políticos a nivel nacional se ubica apenas por encima de los 4 puntos sobre 10 posibles, y d) la violencia y la desigualdad aparecen como los elementos que más condicionan el ejercicio de las libertades civiles (p. 49).

Queda claro que en la percepción ciudadana ha ocurrido un retroceso en las libertades civiles, a consecuencia de factores como el descrédito, la corrupción, la violencia y la desigualdad. Muchos estados descendieron en esta dimensión entre 2015 y 2017, como resultado de situaciones particulares a cada entidad, aunque otros, como Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Sonora, mejoraron significativamente su percepción en este campo. Guanajuato, en cambio, descendió fuertemente hasta ocupar el lugar 28 de las 32 entidades. “El miedo ciudadano, la pérdida del espacio público a manos de delincuentes y crimen organizado, constituyen uno de los problemas más graves de la democracia mexicana que avanza y retrocede en este campo sin soluciones definitivas.” (Pp. 52-53).

En el eje de la democracia de las instituciones reside gran parte de los problemas percibidos por los ciudadanos. “El pronunciado déficit de calidad institucional y eficiencia política que hemos venido midiendo en todos los informes del IDD-Mex, vuelve a evidenciarse ahora, alcanzando el valor promedio más bajo de la serie […].” Las causas principales de este déficit se encuentran en cuatro variables: 1) escasos niveles de participación ciudadana en los asuntos públicos, tanto por ausencia de compromiso ciudadano como por el desaliento a la participación desde estructuras políticas y burocráticas; 2) baja accountability —rendición de cuentas— que, aunque tiene un promedio más alto, evidencia problemas en los mecanismos de transparencia y controles cruzados para la vigilancia el uso de los fondos públicos y la toma de decisiones; 3) desestabilización provocada por la existencia de grupos de ciudadanos que no se sienten incluidos en las políticas públicas y sus beneficios, que se autoexcluyen del sistema y actúan, muchas veces con violencia en el espacio público para hacer oír su voz, y 4) intervención federal o crisis de gobierno, que evidencian la debilidad política e institucional de algunas entidades federativas para resolver el control de su espacio público y la plena vigencia de las leyes (pp. 64-65).

En contraste con mediciones anteriores, en el 2017 ninguna entidad logra alcanzar la calificación de alto desarrollo en sus instituciones, aunque el ranking —en su franja media— lo encabezan Aguascalientes, Yucatán, Nayarit, Tabasco y Tlaxcala. Guanajuato se ubicó en el lugar 18. Las entidades con mayores rezagos institucionales fueron Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Puebla, México, Quintana Roo, Sonora, Veracruz, Chihuahua y Morelos (p. 66).

En la dimensión de la democracia social, o sea la capacidad para generar políticas que aseguren bienestar, se registró un ligero avance general de poco más del 3%. Quince estados mejoraron sus posiciones relativas en comparación con el 2015, y otras 16 descendieron. Tabasco se mantiene en el último puesto. Colima lidera el listado, después de montar diez posiciones. Guanajuato, junto con Guerrero, Ciudad de México, Michoacán, y Querétaro exhiben bajo desarrollo social, pero se ubican cerca del promedio nacional.

En cuanto a la democracia económica, es decir la capacidad para generar políticas que aseguren la eficiencia económica, es destacable que, según el informe, “hubo buenos niveles de consumo, de crédito, ayudaron las remesas, algunos aumentos en los salarios, algo de empleo. En general el sector terciario se ha manejado bastante optimista y es lo que ha mantenido a la economía creciendo por arriba del 2%.”

Sobre el desempeño se debe destacar que cinco estados recibieron una calificación de alto desarrollo económico democrático. Destaca la Ciudad de México. Aguascalientes, Campeche, México y Guanajuato completan el conjunto de alto desarrollo. Once más reciben una puntuación media. Once estados (40%) obtienen valores de bajo desarrollo democrático, por debajo del promedio nacional. Cinco estados reciben una puntuación crítica: Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, y de manera extrema Oaxaca y Guerrero. 18 estados mejoran su puntuación respecto del año anterior, destacando Coahuila, Tamaulipas y Guanajuato.

Lorenzo Córdova concluye: “los resultados que arroja el IDD2017 ayudan a explicar la disminución de 10 puntos porcentuales en la satisfacción de las y los mexicanos con la democracia, que registra el Informe Latinobarómetro 2017. En este sentido, si queremos contribuir a elevar el desarrollo democrático de nuestra nación es necesario que en cada entidad, las organizaciones de la sociedad, la academia y la ciudadanía eleven los contextos de exigencia a quienes deciden y ejecutan las políticas públicas a nivel subnacional, ya que sólo así, a partir de la suma de mejoras sostenidas en las entidades, es que se podrá elevar en conjunto la calidad de la vida democrática en México.”