El próximo domingo 22 de abril se llevará a cabo el primero de los debates presidenciales que organizará el Instituto Nacional Electoral. El tema a desarrollarse en este debate es el de “Política y gobierno”, y los subtemas son tres: 1) violencia y seguridad pública, 2) corrupción e impunidad y; 3) democracia y grupos vulnerables.
Lo exigible a los cuatro candidatos y la candidata es que nos den claridad respecto de sus propuestas concretas sobre cómo van a hacer las cosas, de resultar elegidos para ocupar el cargo de Presidente de la República. Sin embargo, tanto el formato del debate, como la propia personalidad y trayectoria de vida de cada uno de ellos, permiten anticipar que aquello será una jornada de ataques recíprocos, de muy pocas propuestas sustantivas; y de una lógica de discurso esquizofrénica, como la que han desarrollado hasta ahora, mostrando una infinita incomprensión respecto de la complejidad de los problemas nacionales.
Por ejemplo, en el tema de violencia y seguridad pública, ninguno de quienes estarán en el debate ha presentado hasta ahora un diagnóstico serio respecto de las causas que han provocado los niveles de violencia de que todos somos víctimas desde hace ya varios años: más de 200 mil personas han sido asesinadas entre el 2008 y lo que va del 2018; y de acuerdo con los datos del INEGI, prácticamente una de cada cuatro personas mayores de 18 años es víctima de algún delito todos los años.
En materia de corrupción e impunidad, la cuestión es todavía peor, pues una vez más, ninguno de los cinco que debatirán puede darnos garantías de que tienen un auténtico compromiso con el combate a la corrupción, el gobierno abierto, la transparencia y la rendición de cuentas.
López Obrador reservó la información relativa a la construcción de los segundos pisos; José Antonio Meade fue omiso como funcionario, específicamente como Secretario de Hacienda, frente al latrocinio institucionalizado de numerosos gobernadores; Anaya está nada menos que acusado e investigado por la PGR por un asunto de corrupción; Margarita Zavala estará siempre vinculada al caso de la Guardería ABC y la protección a sus familiares; y en el caso de Jaime Rodríguez “El Bronco”, basta con señalar que llegó a la boleta electoral y a ese debate gracias a un inmenso número de trampas y chapucerías en la recolección de las firmas de apoyo a su candidatura.
De la mano de lo anterior, en el tema de la impunidad tampoco se puede esperar mucho, pues todos, una vez más, han dado muestras suficientes de que a la hora de gobernar o estar en la cercanía del poder, su compromiso con la defensa del Estado de derecho y con la sanción apropiada a quienes han cometido faltas graves, incluso en sus círculos cercanos, es poco menos que laxo.
Y para terminar con el listado de temas, en materia de democracia, lo que es posible afirmar es que ninguno de los que comparecerán a debatir puede ser considerado como un auténtico demócrata.
Lo más honesto en este debate, sería un pronunciamiento compartido en el que se asuman como cómplices y producto de un régimen político donde la corrupción es sistémica; de un sistema de partidos en crisis, considerado como corrupto por el 90% de la población; y de un sistema de procuración e impartición de justicia que propicia la impunidad en el 96% de los delitos.
Lo que muchos ciudadanos les exigimos a los candidatos no son propuestas, sino las preguntas apropiadas para pensar al país, pues todos carecen de diagnósticos serios respecto de las problemáticas más serias: una nación de víctimas, de personas segregadas, de familias dolidas; un país que clama por la justicia para las personas desaparecidas, y que está horrorizada ante las fosas clandestinas llenas de cuerpos y de un sistema político fracturado que, de manera lamentable, hoy nos ofrece como única opción, paradójicamente, sus candidaturas.
