Los candidatos a la Presidencia ya acumulan decenas de promesas electorales; sin embargo, no todo lo que prometen depende de ellos. Verificado 2018 analizó las propuestas de campaña y detectó que, para que se cumplan, al menos una veintena de ellas debe ser aprobada por el Congreso.
Aunque la Constitución Política permite al Ejecutivo enviar iniciativas de ley, es facultad de diputados y senadores determinar por voto de mayoría si éstas se aceptan o se rechazan, como se señala en el artículo 72 de la misma Carta Magna.
El proceso es aún más complejo si se trata de propuestas que impliquen reformas a la Constitución, las cuales requieren la aprobación de las dos terceras partes de las Cámaras (mayoría calificada) y también de al menos 17 de los 32 congresos locales.
Si además se interpone una controversia o una acción de inconstitucionalidad, la propuesta debe someterse también a la deliberación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A pesar de que en los discursos no se precisa que estas promesas dependen del Congreso, los cuatro equipos de campaña de los candidatos Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita Zavala confirmaron que planean implementar las reformas a través del Congreso de la Unión. “O bien, acordadas con las bancadas para que ellos mismos las presenten (y aprueben)”, agrega Armando Rodríguez, asesor del PAN en materia legislativa.
Andrés Manuel López Obrador
- Realizar una consulta para que la gente decida si el presidente continúa o no en su cargo cada dos años.
- Dar una amnistía a delincuentes para combatir la violencia. Previamente hacer una consulta ciudadana sobre el tema.
- Crear un mando único para integrar a las corporaciones policiales y castrenses.
- Crear nuevamente una Secretaría de Seguridad Pública.
- Eliminar la Reforma Educativa.
Ricardo Anaya
- Reformar el marco legal que da vida a la Fiscalía General de la Nación —que este año sustituirá a la Procuraduría General de la República—, y aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía.
- “Muerte civil” a funcionarios deshonestos para inhabilitar de por vida a servidores públicos corruptos.
- Reformar la Ley Federal de Trabajo.
- Eliminar la prescripción de los delitos, como enriquecimiento ilícito, peculado, y lavado de dinero y el fuero constitucional para todos los servidores públicos.
- Reformar el artículo 108 constitucional para que, durante el tiempo de su encargo, quien ejerza la Presidencia pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción.
José Antonio Meade
- Crear un Código Penal único que tipifique y castigue los delitos de la misma manera.
- Endurecer penas en delitos de violencia familiar, desaparición forzada, abuso sexual y feminicidio.
- Igualar salarios entre hombres y mujeres.
Margarita Zavala
- Eliminar el impuesto sobre la renta a quienes ganan menos de 15 mil pesos.
- Otorgar prestaciones de ley a los trabajadores del hogar y que sus servicios sean deducibles para los empleadores.
- Retirar a la policía de la Secretaría de Gobernación y crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana.
- Reformar el sistema de justicia para que paguen los culpables.
Francisco Santiago, director jurídico de la Escuela de Administración Pública, y María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa, confirmaron que “ninguna de las propuestas (de la lista) es facultad directa del Ejecutivo, ni tampoco pueden ser aprobadas por decreto: tienen que contar con la aprobación del Congreso o de alguna de sus cámaras en ciertos casos”, en palabras de la segunda.
Nava pone como ejemplo la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para reconocer el derecho al matrimonio igualitario, que fue rechazada por diputados del PAN, PRI y Partido Verde.
En cualquier caso, aun cuando las propuestas fueran aprobadas, “las iniciativas no se aprueban tal y como llegan al Congreso; durante la discusión se hacen modificaciones, y eso depende en gran medida de cómo esté conformado el Congreso. Si el Ejecutivo no tiene mayoría, va a ser más difícil que pase sus reformas como quería”, indica Guillermo Ávila, especialista en el poder legislativo, quien además señala que desde 1997 no ha habido mayoría oficialista en el Congreso.
