A través de amparos y foros como Universidades y Colegios de Profesionistas, la sociedad civil debe impulsar la instalación de la Comisión de Atención a Víctimas en los estados del país, pues en la mitad de ellos no han instalado esos grupos y la protección a quienes padecen los delitos sigue dependiendo de los gobiernos y las Fiscalías locales.
En eso coincidieron Gonzalo Alanís Figueroa, profesor de la UNAM y consultor en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y el jefe del departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Eloy Morales Brand, durante una charla la tarde de este jueves.
“En México somos muy dados a formular todo un procedimiento legislativo y ejecutivo para la designación, intervienen partidos políticos y la decisión de casa de gobierno es la mejor idea… Termina por los suelos. Creo que en la medida en que se desmoralice este tema de las comisiones de víctimas y cómo se asignan y cómo se distribuyen los recursos, en esa medida vamos a purificar la función, la presencia, el rol de la víctima (en el proceso penal dentro del Sistema Acusatorio)”, opinó Alanís Figueroa durante una charla para estudiantes y abogados en la UAA.
Una forma de hacerlo, apuntó Morales Brand, es siguiendo el ejemplo de organizaciones civiles en temas como la publicidad oficial o la Ley de Seguridad Interior, que han promovido recursos legales para que se ordene al Congreso de la Unión tomar decisiones que tienen atrasadas.
“Ahí ya sería más bien ejercer derechos por la vía del amparo por omisión legislativa. Ya se ha hecho (…) En parte también lo que podría corresponder a la sociedad civil, más allá de las manifestaciones y demás (…), podría ser la protección de amparo por omisión legislativa, como se ha realizado en temas como matrimonios entre personas del mismo sexo, con lo de la droga, la marihuana. Ir generando, pero tratando de plantearlo no solamente para mí, sino un amparo por omisión legislativa para que sea una decisión general”, planteó.
Aguascalientes es uno de los estado en los que no se ha instalado una Comisión de Víctimas que brinde acompañamiento y seguimiento a quienes han sufrido un delito, para garantizar los derechos que les reconoce el Sistema Penal y que incluyen la reparación del daño. En ausencia de ese organismo, solo el gobierno del estado y la Fiscalía General cuentan con instituciones de atención para las casi 300 mil víctimas que hay en el estado, según la última Encuesta de Victimización del INEGI.
“En Aguascalientes no tenemos comisiones de víctimas. Lo único que tenemos es una Dirección de Asesoría Jurídica, que forma parte del Ejecutivo por esa falta o ausencia del órgano. En Aguascalientes tenemos 10 asesores jurídicos (abogados gratuitos para las víctimas) para todo el estado, frente a 37 defensores públicos (abogados gratuitos para los acusados de algún delito) para todo el estado y más de 150 Fiscales para todo el estado”, indicó Morales Brand durante la charla “Los Derechos de las Víctimas”.
En materia de recursos económicos, el Fondo de Atención a Víctimas que administra la Fiscalía General recibió solo 2 millones de pesos para todo 2018.
