Organizaciones no gubernamentales de Aguascalientes pidieron ser tomadas en cuenta por las autoridades en la conformación de la Comisión Local de Búsqueda de personas desaparecidas y que ese organismo cuente con las características mínimas previstas en le Ley de Desaparición Forzada.
“Tiene que ser interdisciplinario, tiene que contar con un grupo de especialistas que tengan formación no solamente en su disciplina, sino también en Derechos Humanos y Perspectiva de Género; tiene que contar con la infraestructura adecuada y tiene que contar con el presupuesto y el recurso. Y, en todo momento, trabajar de la mano con las familias”, señaló Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.
De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas -que entró en vigor este mes-, las Comisiones Locales deberán estar integradas por perfiles consultados con la sociedad civil, a más tardar el próximo jueves, y comenzar a funcionar en abril próximo.
Tendrán que conformarse, al menos, por un grupo especializado de búsqueda, áreas de Análisis de Contexto y de Gestión y Procesamiento de Información y una estructura administrativa. Para ello, los gobiernos de los estados deberán hacer readecuaciones presupuestarias para esta Comisión.
“Se hace un llamado a que (los integrantes) sean personas que tengan el perfil, que estén capacitadas y que se cumpla con todo el protocolo. Aguascalientes ya tiene el protocolo (de búsqueda de personas) y no hemos encontrado en ninguno de los procesos una respuesta adecuada por parte del coordinador actual, Gabriel Mercado”, criticó Ávila Montejano.
María del Refugio Martínez, socióloga e integrante de la organización También Es Nuestra Causa (Tanuc) que surgió a raíz de la desaparición y feminicidio de Andrea Nohemí Chávez Galván, demandó que la Comisión coordine el seguimiento a la investigación de las desapariciones y la búsqueda de las personas.
“Ese asunto de que no haya alguien responsable de darle seguimiento (a los casos) y pareciera que los Ministerios Públicos mandan a sus agentes y pueden ser uno u otro y no hay realmente un seguimiento”, indicó.
“Algo en lo que yo estuve y acompañé a Dora -la madre de Andrea- (…) fue así como muy burocrático el asunto. Con promesas, realmente era como para salir del paso que le decían a Dora que claro que lo estaban atendiendo, que era un caso emblemático”, añadió.
Solo en lo que va del año, el Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) de la Fiscalía General de Aguascalientes ha iniciado 61 carpetas de investigación por desaparición de personas. Según el Fiscal René Urrutia, entre 80 y 90 por ciento de ellas son casos en los que no se presume que la persona haya sido víctima de un delito.
