La desaparición de Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, puso en evidencia las omisiones de las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México y, al mismo tiempo, está abriendo un precedente judicial en materia de desaparición forzada, sostiene el equipo jurídico que encabeza su defensa.
El elemento central para presumir una desaparición forzada es que el amigo de Marco fue testigo de la aprehensión y tomó una fotografía en el momento en el que dos policías amagan al joven en la estación de metrobús El Rosario, en Azcapotzalco, lo suben a una patrulla, pero no lo remiten al ministerio público y se pierde su rastro en los siguientes cinco días. Según declaraciones posteriores de los policías, lo liberaron minutos después.
El equipo jurídico del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) tomaron el caso y la primera acción fue interponer el amparo 102/2018-5 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México el viernes 26 de enero.
La intención de este instrumento jurídico fue acelerar o activar los protocolos de búsqueda por desaparición forzada. El juez concedió el amparo y actuó por dos vías: solicitar información a las agencias del ministerio público donde debía ser llevado, al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República.
Y comenzó las diligencias de investigación para localizarlo en 13 instancias como la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría de la Ciudad de México, la Fiscalía Central de Investigación, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la Prisión Militar, hospitales y el servicio forense. Esto dice, la defensa, contribuyó a que la procuraduría capitalina acelerara la investigación para encontrar a Marco Antonio.
LA LOCALIZACIÓN
Marco Antonio desapareció el 23 de enero y en los siguientes cinco días no se supo su paradero. Hasta el domingo 28 de enero, la Fiscalía Antisecuestro, donde se investigaba el caso, informó a la familia la existencia de videos de la cámara de seguridad del Juzgado Cívico de Tlalnepantla, donde fue llevado la noche del 27 de enero luego de que policías mexiquenses lo detuvieron en un puente peatonal porque supuestamente intentaba suicidarse.
El joven solo estuvo de las 23:15 a las 23:25 horas en el juzgado cívico. En las grabaciones solo se observa su entrada, cojeando, y su estancia frente a una cámara haciendo movimientos desorganizados con las manos. Después de esos diez minutos, los policías lo dejan libre. En la grabación, Marco porta una playera blanca, pants gris y tenis negros, atuendo distinto al que llevaba cuando desapareció: una sudadera negra con gorro y un suéter azul.
Los padres reconocieron al joven y, con esa pista, la policía capitalina acudió a Tlalnepantla para su búsqueda la noche del domingo. Poco antes de las 21:00 horas, el gobierno capitalino envió a la familia la fotografía de un joven con las características de Marco que había sido localizado en el fraccionamiento Los Álamos de Tlalnepantla y los padres lo reconocieron.
Esta vez, Marco ya tenía una playera negra tipo polo, suéter azul, pantalón oscuro y tenis. Alrededor de las 23:00 horas del domingo 28, el joven se encontró con sus padres en el Centro de Justicia de Tlalnepantla. Al atuendo de la fotografía que le tomaron cuando fue localizado, se sumó un chaleco negro.
Desde antes de la localización del joven, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, rechazó que el caso se tratara de una desaparición forzada, aunque la última vez que se vio a Marco fue en manos de policías capitalinos.
SENTAR PRECEDENTE LEGAL
El amparo 102/2018-5, promovido por la defensa, busca ser un instrumento que dé continuidad a la investigación por desaparición forzada, pese a la localización de Marco, lo cual significaría un hecho “inédito” jurídicamente, afirma Simón Hernández, abogado del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), una de las organizaciones que lleva la defensa.
El equipo jurídico busca argumentar ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Penal en la Ciudad de México que, al tratarse de un posible delito de desaparición forzada, este no concluye con la localización del joven, sino que implica violaciones a derechos humanos. Es decir, “la desaparición forzada cesa, pero persisten violaciones a derechos humanos” y, por tanto, el proceso judicial debería continuar.
“En este amparo la persona sí fue localizada, lo cual es una situación inédita. (Por tanto), los abogados plantean ampliar la demanda y señalar violaciones a derechos humanos que están relacionados con la desaparición”.
De aceptar el recurso, el juez podría continuar la investigación paralela a la que hace la procuraduría por la presunta desaparición forzada, lo cual sentaría un precedente judicial en un caso en el que la persona fue localizada. En caso de una negativa, aún habría la posibilidad de acudir al Tribunal Colegiado.
De acuerdo con la defensa, estas son las violaciones a derechos humanos detectados durante el caso:
-Durante la desaparición podría haber ocurrido tortura, pues su estado de salud es distinto a cuando se le vio por última vez. El jueves 1 de febrero aún se encontraba desorientado y no era capaz de entablar oraciones coherentes.
-Hubo una detención arbitraria, “sin causa legal”. Es decir, no había motivo para la aprehensión y aun así lo amagaron y, según el relato del amigo, los policías lo golpearon en la cabeza con el casco y lo patearon al tenerlo en el suelo, lo cual significaría un uso excesivo de la fuerza.
-Pese a la presunción de desaparición forzada, por haber sido visto por última vez en manos de policías, la agencia 40 del Ministerio Público se negó a recibir la denuncia, aunque estaba obligado a hacerlo sin necesidad de agotar ningún plazo, según lo establecen las sentencias emitidas por organismos internacionales.
-Otra “grave omisión” de los funcionarios de Tlalnepantla es que ni siquiera registraron la aprehensión del joven en sus archivos y tampoco atendieron la alerta que ya había para su localización. El juez también ignoró el visible estado de confusión y las lesiones físicas que presentaba y lo liberó sin proporcionarle asistencia médica o jurídica. Tampoco aplicaron el protocolo de tratamiento para un menor de edad que consiste en buscar a sus padres como primer paso.