Continúa el conflicto entre trabajadores de la Dirección General de Uso y Conservación del Agua (DGUyCA) – que anteriormente formaba parte del Instituto del Agua del Estado- y el titular de la dependencia, Manuel Ortíz Pérez, quien ha sido señalado en reiteradas ocasiones por presuntas ofensas y maltratos contra el personal a su cargo.
En el documento, presentado el viernes 23 de febrero y dirigido al titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), J. Asunción Gutiérrez Padilla, los servidores públicos aseguran haber sido víctimas de malos tratos, vejaciones, utilización de palabras altisonantes, gritos y demás tratos inhumanos.
Mediante el oficio, los trabajadores afectados piden la participación de la Visitaduría de la CEDH para realizar las investigaciones e indagaciones necesarias, que puedan derivar en la destitución del funcionario estatal de su cargo al frente de la DGUyCA.
En el mismo sentido, se hizo llegar una copia de la queja ante la Contraloría del Estado a fin de que evalúe el desempeño de Manuel Ortíz Pérez, y pueda emprender acciones administrativas en su contra.
Antecedentes
El pasado martes 6 de febrero, un centenar de trabajadores de la Dirección General de Uso y Conservación del Agua (DGUyCA) se manifestaron en Palacio de Gobierno para exigir la destitución de Manuel Ortíz Pérez.
En ese momento, la Subsecretaria de Gobierno, Claudia Ortega Valadez, atendió a una comitiva y acordó dar 48 horas para que el titular de la dirección cambiara su manera de dirigirse a los trabajadores o podría ser removido de su cargo.
Aunque durante una semana se vieron modificaciones en su trato -según reconocen los propios trabajadores de la dependencia- después volvió a retomar las actitudes que habían sido señaladas en la manifestación, por lo cual se optó por presentar una queja ante la CEDH y ante la Contraloría del Estado.
En la actualidad, la Dirección General de Uso y Conservación del Agua depende de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA). Esto tras las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado que llevarán a la total desaparición del Instituto del Agua (INAGUA) a finales de año.
