A Scott Pruitt, director de la Agencia de Protección Ambiental, le importa mucho más su próximo cargo público que los niveles de ozono o los glaciares derritiéndose.

 

Para alguien cuya carrera política completa se ha construido sobre una animosidad por Washington, D. C., Scott Pruitt parece haber disfrutado los últimos 12 meses como empleado federal. Ha ido a Marruecos, donde promovió el gas natural estadounidense. Hubo un viaje a un campo de golf en Naples, Florida, para una reunión de la Asociación Nacional Minera. Y fue al adorable Kiawah Island a unirse a un retiro del Consejo Americano de Química. Algunos burócratas tal vez se vean relegados al triste almuerzo en el escritorio, pero Pruitt no es uno de ellos. Cuando los ejecutivos de una compañía de carbón estuvieron en la ciudad, llevaron a Pruitt a BLT Prime, el restaurante en el Hotel Internacional Trump que es la sede no oficial del club Hagamos a Estados Unidos grandioso de nuevo.

No está mal —ni es la rutina— para un administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), el puesto que Pruitt ha tenido desde febrero pasado. Pensándolo bien, la EPA nunca le había sido entregada a un jefe que quisiera tan descaradamente enervar a la agencia —y quien en realidad trabaja en contra de proteger el medioambiente— a la par que sirve a metas políticas transparentes. Y, debemos añadir, la meta del presidente que lo nombró. Donald Trump prometió, durante la campaña, abolir la EPA. Tal vez era fanfarronería. Aun así, Pruitt lo acercará.

Los detractores saben esto, y están furiosos. “El Sr. Pruitt está poniendo en riesgo la salud y el bienestar de los estadounidenses, y muchos sospechan que lo hace para alimentar su propia ambición política”, argumentó Thomas Kean, exgobernador republicano de Nueva Jersey, en un artículo de opinión en The New York Times. “El presidente Trump debería despedir a Scott Pruitt”, escribió Kean, y añadió: “Nuestros hijos y nietos merecen algo mejor”.

Trump no ha despedido a Pruitt, y tiene pocas razones para hacerlo, ya que este ha demostrado ser un miembro despiadadamente eficiente del gabinete del presidente en medio del caos bien documentado en la administración.

En febrero pasado, Steve Bannon, estratega político en jefe de la Casa Blanca, prometió una “deconstrucción del estado administrativo”, una disminución drástica del papel del gobierno federal en la vida pública y privada. Pero la deconstrucción resultó ser un asunto complicado para el que muchos miembros del gabinete de Trump no parecen estar bien equipados. Tom Price, secretario de Salud y Servicios Humanos, fue obligado a renunciar, a causa de su tendencia a volar en jets privados, a un costo de 400,000 dólares para los contribuyentes. Ryan Zinke, secretario del Interior, está evadiendo un escrutinio similar a sus viajes, sin mencionar los reportes poco halagadores de sus tendencias a engrandecerse (como emitir sus propias monedas conmemorativas e insistir en izar una bandera departamental cada vez que él está en las oficinas del Interior). Se rumora que Rex Tillerson, secretario de Estado, siempre está a un paso de la destitución, pues su estilo diplomático está dolorosamente fuera de lugar en el fuego y furia trumpianos. Steve Mnuchin, secretario del Tesoro, fue irrelevante en las acciones del año pasado para cambiar los impuestos. Ben Carson, en Vivienda y Desarrollo Urbano, declaró abiertamente que no era apto para un puesto en el gabinete. Recibió uno de todas maneras, aun cuando parece que no sabe nada de política de vivienda y solo hace acto de presencia en su semana laboral. Y Wilbur Ross, secretario de Comercio, se duerme en la suya.

Pero Pruitt ha sido el conejito Energizer titular de gabinete libre de dramas de Trump —su “esbirro más apto y peligroso”, como lo llamó Los Angeles Times—, al canalizar los deseos del presidente sin despertar su ira.

Funcionarios de la EPA rechazaron las repetidas solicitudes de Newsweek de una entrevista con Pruitt; su único comentario, enviado por el portavoz Jahan Wilcox, fue una declaración que decía, en parte: “Tenemos una excelente relación de trabajo con los empleados de carrera de la EPA”. Wilcox luego se refirió a “la indignación falsa”, sin aclarar qué quiso decir: de quién era la indignación y qué había de fingido en ella.

He aquí por qué los empleados de carrera de la EPA podrían estar molestos. A principios de enero, la agencia publicó una lista de 67 salvaguardas medioambientales que Pruitt ha retrotraído o está en el proceso de anular. Estas incluyen la norma de Aguas de Estados Unidos, la cual ampliaba las protecciones otorgadas por la Ley de Agua Limpia, y el Plan de Energía Limpia, el cual estableció estándares nacionales de emisiones de carbono para las plantas de energía. Es el equivalente regulatorio del blitzkrieg alemán a través de Polonia: tan exhaustiva, y efectiva, que ningún frente está a salvo. La prohibición del clorpirifos, un insecticida que científicos de la EPA dicen que podría provocar problemas en el desarrollo neuronal, ha sido retirada, para regocijo de Dow Chemical. Una norma de la administración de Obama que reducía las emisiones en las plantas de energía de mercurio y arsénico, entre los elementos más destructivos para la salud humana. A pesar del consenso científico con respecto a cuán dañinas son estas emisiones, Pruitt ha ordenado que la norma sea “revisada”, lo cual indica que quiere debilitarla. Es difícil pensar en otro caso en la vida pública estadounidense en el que los intereses de las corporaciones se coloquen muy por encima de los intereses de salud de la gente.

Pruitt fue un partidario fuerte de la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo climático de París para reducir las emisiones mundiales de dióxido de carbono; Estados Unidos es el único que se resiste en el mundo. El cambio climático ha sido desechado como un tópico en el sitio web de la agencia bajo la dirección personal de Pruitt. Una investigación de Rachel Leven, del Centro de Integridad Pública, publicada el otoño pasado, halló que la gran mayoría de los 46 nombramientos políticos de Pruitt en la EPA “trabajaron previamente para quienes dudan del cambio climático o la industria”, que incluye el poderoso grupo cabildero Consejo Americano de Química, así como las compañías de energía Hess y ExxonMobil. Leven también señaló que sigue vacía una docena de puestos de subsecretarios que necesitan la confirmación del Senado.

La principal meta de Pruitt es “reenfocar a la agencia de vuelta a su misión central”. Para los críticos, ello significa reducir el alcance regulador de la EPA. Otra meta es lo que él llama “federalismo cooperativo”, un código conservador para referirse a recortar la supervisión federal de las acciones estatales. Por ello es que científicos y medioambientalistas tal vez aborrezcan más a Pruitt que incluso a Trump, y Pruitt parece sentir la animosidad, incluso dentro de su agencia. Definers Public Affairs, una compañía de investigación republicana de oposición, fue contratada para monitorear las cuentas de correo electrónico de empleados de la EPA que lo critican. “El ambiente aquí es mórbido”, dice Nate James, un especialista en tecnología informática en las oficinas centrales de la EPA en Washington, D. C., así como el director de sección de la Federación Americana de Empleados de Gobierno, el sindicato que representa a los trabajadores de la EPA. “Hay un elemento de miedo”.

John O’Grady, un ingeniero en la oficina de la EPA en Chicago, dice que Pruitt “no se reúne con el personal” y, por lo general, se comporta como un “invitado misterioso”. El verano pasado, Pruitt tenía esta oficina espaciosa equipada con una cabina de comunicación segura que costaba casi 25,000 dólares. Esta era una práctica común entre los jefes de agencias de inteligencia, no entre administradores de la EPA. Antes de eso, él dedicó 9,000 dólares de dinero de los contribuyentes para instalar cerraduras biométricas y ordenó una inspección de su oficina en busca de dispositivos para escucharlo. Viaja con un servicio de seguridad de más de una docena de funcionarios de alto rango de la EPA que se supone que investigan crímenes medioambientales. Más bien, protegen a Pruitt.

Al abolir los comités de asesoría, dando muestras obvias de reverencia a sus amigos en la industria privada y negándose a aceptar consejos de los científicos, Pruitt también ha forzado una erosión notable en la agencia. Más de 700 empleados se han ido, más de una cuarta parte de estos son científicos. El representante Frank Pallone Jr., demócrata por Nueva Jersey y miembro del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, dice que la purga de científicos talentosos será todavía más perjudicial que la retrotracción reguladora.

Todo esto facilita el caricaturizar a Pruitt como un antimedioambientalista fervoroso, incluso cuando sus auxiliares insisten en que su enfoque se guía tanto por sus principios como por su fe. La ambición política claramente lo guía también. En sus primeros tres meses en la agencia, pasó 43 días en Oklahoma, volando allá a expensas de los contribuyentes, pero no a beneficio de los contribuyentes. Más bien, sus reuniones parecían como el comienzo de una campaña política. Igual lo parece el que contratara personal de la oficina del senador octogenario James Inhofe, republicano por Oklahoma, a quien muchos creen que Pruitt quiere remplazar.

Keith Gaby, director de comunicaciones del Fondo de Defensa Medioambiental, se preguntó en The Huffington Post si Pruitt quería postularse a la presidencia. “Sentimos que [Pruitt] es una amenaza al grado de emergencia”, comentó Gaby en una conversación posterior. “Su nivel de ambición no se limita al Senado”.

Unas dos semanas antes de que Gaby hiciera la respuesta sobre la ambición de Pruitt, este viajó a Iowa, donde visitó el estudio del locutor conservador de radio Simon Conway. “Debes estar pensando en la presidencia”, bromeó Conway en una entrevista con Pruitt.

El secretario puso reparos, como lo hacen invariablemente los candidatos.

ORIGINALISMO DOGMÁTICO

Bajo y fuerte, con cabello al rape, el oriundo de Kentucky que ha llamado a Oklahoma su hogar desde hace mucho tiempo, se comporta con la confianza de un ranchero; no hay nada académico o burocrático en Edward Scott Pruitt. A sus 49 años, es el segundo miembro más joven del gabinete de Trump —Nikki Haley, embajadora ante la ONU, es menor que él por cuatro años— y su sonrisa infantil lo hace ver todavía más joven.

Pruitt creció en Lexington, Kentucky. Su padre administraba restaurantes, mientras su madre atendía a los tres hijos. Gracias a su habilidad como beisbolista, Pruitt entró en la Universidad de Kentucky en 1986. “Comía pizza de Little Caesars en su dormitorio de primer año con sus compañeros de equipo y hablaba constantemente de beisbol”, escribió Robin Bravender para E & E News, un canal de noticias enfocado en energía y problemas medioambientales. “No bebía ni iba a fiestas”. Su apodo era Possum (zarigüeya) porque sus compañeros de equipo decidieron que se parecía a una. “El beisbol es emblemático de lo que hizo exitoso a Estados Unidos”, dijo después Pruitt a un entrevistador. “Somos un lugar peculiar y único donde puedes convertirte en lo que sueñas… Mírame; mido 1.75., nunca habría podido jugar en la NFL, pero fui capaz de jugar beisbol. El juego te permite lograr grandes cosas si perseveras”.

Pruitt nunca ha sido llamado flojo, pero su ética de trabajo no fue suficiente para llevarlo al diamante de beisbol en un equipo de la División I, por lo que en 1987 se transfirió al Colegio de Georgetown, una pequeña escuela baptista en las afueras de Lexington (era, y todavía es, un devoto baptista sureño, una de las afiliaciones cristianas más conservadoras). Siguió jugando beisbol, y con el tiempo obtuvo una prueba con los Rojos de Cincinnati. Pero en cuanto quedó en claro que era poco probable una carrera en las ligas mayores, optó por el derecho y entró en la Universidad de Tulsa en 1990.

Uno de sus profesores allí era Rex Zedalis, quien llamó a Pruitt un estudiante “diligente” en un artículo de opinión reciente para The Santa Fe New Mexican. Esto no era exactamente un elogio, ya que el profesor añadió: “Me confieso arrepentido de cualquier pequeño papel que tuve en desatar al administrador Pruitt para un público desprevenido”.

Después de graduarse de la escuela de derecho en 1993, Pruitt lanzó Christian Legal Services Inc., un despacho legal que representaba a clientes que buscaban protecciones de libertad religiosa según la Primera Enmienda. Entre estos había una empleada estatal que dijo que le habían prohibido celebrar un grupo de estudio de la Biblia en su casa. El reporteo posterior acusó que a la clienta de Pruitt “se le había instruido que evitara hacer proselitismo a los clientes de la agencia”, pero el caso demostró la convicción de Pruitt en que la cristiandad había sido expulsada erróneamente de la plaza pública, una creencia en línea con los guerreros culturales que entonces ascendían en el Partido Republicano.

Su carrera política empezó en 1998, cuando desafió a Gerald Wright, el republicano con 16 años en funciones, por su escaño en el Senado estatal de Oklahoma. Aun cuando nunca se había postulado a un cargo, Pruitt anunció su llegada a la política electoral con una confianza fuerte: “Esta contienda tiene poco que ver con Wright”, dijo cuando se acercaba la votación primaria. “Él simplemente ocupa el escaño que yo busco”.

Pruitt obtuvo 48.9 por ciento del voto, y Wright el 45.5 por ciento, lo que forzó a una segunda vuelta. Ganó esa contienda, y luego la elección general.

A los cinco días de iniciada la sesión legislativa de 1999, Pruitt presentó su primer proyecto de ley, el cual habría obligado a una mujer que buscaba terminar su embarazo a notificárselo primero al posible padre. Oklahoma era entonces un estado demócrata, por lo que el proyecto de ley tenía pocas posibilidades de ser aprobado. No obstante, su presentación marcó la llegada de una vigilante voz conservadora en la ciudad. Tyler Laughlin, subcomisionado del Departamento de Seguros de Oklahoma, llegó a conocer a Pruitt durante su campaña de 1998 al Senado estatal y luego se convirtió en asesor político. Describe la filosofía de Pruitt como “una aventura amorosa con la Constitución”: originalismo con poca tolerancia por expandir los poderes federales o actualizar las interpretaciones. Eso podía atraer a los votantes que ven la política como una guerra ideológica, pero no a quienes quieren que los políticos prometan pavimentar sus caminos, y luego los pavimenten. Y aun cuando tenía mucho apoyo en la conservadora Broken Arrow, sus acciones para una mayor preminencia resultaron en nada: Pruitt perdió una contienda por un escaño en la Cámara de Representantes federal en 2001 y otra, para asistente del gobernador, en 2006.

Las opiniones religiosas de Pruitt le ganaron el apodo de “pastor Pruitt” en un editorial de 2003 del periódico Tulsa World, provocado por un proyecto de ley aparentemente inocuo que les ofrecía a los profesores un seguro contra demandas. Entremetido en el proyecto de ley había un descargo de responsabilidad para libros de ciencia que llamaban a la evolución biológica una “teoría”, poniéndola efectivamente a la par con la creencia creacionista de algunos evangélicos y baptistas de que Dios creó el universo y sus habitantes en seis días.

La fe de Pruitt también podría explicar su enfoque con respecto a los efectos de la industria humana en el medioambiente. Randall Balmer, profesor de religión en el Colegio Dartmouth que fue criado en la tradición evangélica (similar al baptismo practicado por Pruitt), dice que él le recuerda a James Watt, quien dirigió el Departamento del Interior en la administración de Reagan. Watt una vez respondió una pregunta sobre la custodia de los recursos naturales de la nación diciéndole a un comité congresista: “No sé cuántas generaciones futuras podemos contar antes de que regrese el Señor”.

Los baptistas sureños son atraídos al premilenialismo por la idea de que “Jesús va a regresar en cualquier momento”, dice Balmer. “Si crees que Jesús regresará en cualquier momento, ¿por qué preocuparte de la reforma social, por qué preocuparte por la protección medioambiental?”.

El editorial de Tulsa World describía cómo, después de que fracasó la enmienda de Pruitt, este intentó —sin éxito— afirmar que no era su autor. El asunto hizo que uno de los colegas legisladores de Pruitt, Bernest Cain, senador estatal demócrata, se preocupara de que Oklahoma se convirtiera en “la comidilla del país”.

En 2010, Pruitt se postuló de nuevo, esta vez como fiscal general estatal. Lo hizo desafiando la noción de lo que debería ser un fiscal general: no un oficial legal que adjudicaba asuntos locales, sino un defensor de principios legales abstractos. Pruitt no iba solo a juzgar a los malhechores en Oklahoma; iba a ir tras aquellos que veía como amenazas de la soberanía estatal. Esto estaba en línea con el ascenso del movimiento del Partido del Té, el cual vio en el presidente Barack Obama las primeras señales de un socialismo incipiente. La plataforma de Pruitt era menos la aplicación de la ley y más la defensa constitucional. Pruitt prometió en un anuncio de campaña de 2010: “Como fiscal general, desde el primer día presentaré una demanda contra el presidente Obama para impedir la aplicación de la atención a la salud en el estado de Oklahoma”, una referencia a la Ley de Atención Asequible (ACA, por sus siglas en inglés). Tal como lo haría siete años después, prometió instituir una “oficina de federalismo”, cuyos abogados de planta se “despertarán cada día, y se irán a la cama cada noche, pensando en las maneras en que pueden presionar en contra de Washington”.

Pruitt derrotó al candidato demócrata por un margen de dos a uno y se convirtió en el primer fiscal general republicano en Oklahoma desde 1971.

Una de sus primeras acciones fue presentar una demanda contra Kathleen Sebelius, secretaria de Salud y Servicios Humanos, para mantener a Oklahoma fuera del programa ACA mediante rechazar créditos fiscales federales. También cerró la Unidad de Protección Medioambiental del estado, remplazándola con una unidad dedicada al “federalismo”, la cual presuntamente defendería a Oklahoma contra Washington. En esencia, era una rama antigobierno del gobierno (la oficina fue desmantelada desde entonces). “Siempre me pregunté por qué él quería ser fiscal general”, menciona Scott Carter, un periodista investigativo de toda la vida en Oklahoma que ahora enseña periodismo en el Colegio Comunitario de la Ciudad de Oklahoma. “Scott Pruitt siempre me ha parecido un legislador a quien no le importaba mucho el gobierno”.

Su sentir contra el gobierno también estaba, por diseño o coincidencia, a favor de las corporaciones. Desde 2005, el fiscal general anterior había trabajado en una demanda contra 14 productores avícolas que, acusaba, habían contaminado el río Illinois. Pruitt, quien había aceptado más de 40,000 dólares de los criadores de pollos, según StateImpact Oklahoma, el proyecto de informes del gobierno estatal afiliado con la Radio Nacional Pública, detuvo la demanda. Incluso cuando él afirmaba que actuaba por principio, ese principio frecuentemente se alineaba con los deseos de sus benefactores políticos: Koch Industries, Chevron, Pfizer, Altria.

Nancy MacLean, historiadora de la Universidad de Duke que recientemente publicó Democracy in Chains: The Deep History of the Radical Right’s Stealth plan for America, dice que los donantes conservadores como Charles y David Koch y “funcionarios elegidos aliados” como Pruitt buscan “lograr un cambio radical por medios furtivos”, sin la participación de una población que ellos han dicho que es demasiado voluble e inculta para tenerle confianza. “Ellos dependen de cambios amplios a las normas, supresión de votantes, uso agresivo del poder del gobierno estatal, desinformando al público (como las afirmaciones de fraude electoral y la negación del cambio climático) y el secreto extremo para lograr sus fines”, dice MacLean.

Le planteé esta idea a Laughlin, y respondió indignado que Pruitt “guía a la gente; no es guiado”.

“Eso es basura”, dice Ken Cuccinelli, exfiscal general de Virginia que conoce bien a Pruitt y ha dependido de muchos de los mismos donantes conservadores. Las donaciones de los hermanos Koch fueron una señal de similitud intelectual, comenta, no de ser unos títeres como sospechan los liberales. “Eso es un argumento de los débiles de mente. En realidad, es muy patético”.

Cuando quedó en claro que la Ley de Atención Asequible iba a sobrevivir la objeción legal, Pruitt cambió su enfoque a combatir a la EPA. Demandó a la agencia 14 veces durante sus casi dos periodos en el cargo, a menudo en conjunto con otros fiscales generales estatales republicanos. En 2012, Pruitt fue elegido para presidir la Asociación de Fiscales Generales Republicanos (RAGA, por sus siglas en inglés), la cual coordinó las acciones legales contra Obama en una variedad de frentes. Por estos días, cada vez que los estados van a la corte en contra de la administración de Obama, lo más probable es que Pruitt esté involucrado de alguna manera”, dijo la revista Governing en un perfil de Pruitt en 2015. Incluso “cuando Oklahoma no es una parte real en la litigación, el Estado a menudo entrega un breviario legal contra el gobierno federal”.

Él objetó normas y regulaciones federales sobre la contaminación del aire a través de las líneas estatales, las emisiones de mercurio, los niveles de ozono, los estándares de aire limpio relacionados con la extracción de energía, los gases de invernadero. Presentó cuatro demandas objetando el Plan de Energía Limpia de Obama, así como demandas que objetaban la Norma de Agua Limpia y el Programa Regional de Neblina, el cual buscaba reducir el esmog en tierras federales. En algunos casos, según halló The New York Times, Pruitt simplemente cortó y pegó la redacción que le entregaron las compañías de energía en su correspondencia con la EPA.

Aun cuando esas demandas hicieron popular a Pruitt entre los conservadores, presentándolo como un cruzado contra Obama, ninguna de sus 14 objeciones a la EPA ha tenido éxito en deshacerse por completo de una norma de la EPA. Según un análisis de las demandas de Pruitt hecho por el Fondo de Defensa Medioambiental, varias cortes federales desecharon seis de las objeciones. Otras siete se siguen litigando. Su única victoria parcial, en una cuestión procesal, sigue sujeta a una disputa legal.

Pruitt no se presentó a la reelección en 2016. Pero la gubernatura estaría abierta en 2018, mientras que el senador Inhofe, con más de 80 años, posiblemente se retiraría en los siguientes años.

Luego llegó el 8 de noviembre de 2016.

“EL AIRE MODERNO ES DEMASIADO LIMPIO”

A principios de diciembre había una señal poco probable de esperanza cuando el presidente electo, Trump, se reunió en Nueva York con Al Gore, ex vicepresidente y activista medioambiental. Gore les contó a los reporteros que la reunión fue “una búsqueda sincera de áreas en común”. Dos días después, Pruitt cruzó el mismo vestíbulo de la Torre Trump, anticipando ser nombrado para encabezar la EPA.

Quienes conocían su historial en Oklahoma entendían cuán peligroso iba a ser Pruitt. Un empleado anónimo de la EPA le contó a la revista New York: “Estábamos aterrados cuando Scott Pruitt fue nombrado. Parecía ser alguien que entendía los apuntalamientos legales de nuestro trabajo y las maneras de desatarlos legalmente. Es competente de la manera errónea”. A pesar de la hostilidad predecible de los demócratas, Pruitt fue confirmado fácilmente por el Senado.

Pruitt no puede hacer mucho con las leyes medioambientales de la nación, pero tiene mucho que decir sobre cómo y cuándo se aplican esas leyes, si es que se aplican. Usando la complejidad (y oscuridad) del proceso federal para crear normas, Pruitt ha propuesto anular o detener la implementación de las normas de la era de Obama con eficiencia notable. Por ejemplo, en abril pasado, escribió una carta a ejecutivos de energía anunciando una suspensión administrativa de la norma correspondiente a la contaminación del aire por parte de los productores de energía. Como escribió después la abogada Martha Roberts, del Fondo de Defensa Medioambiental, lo hizo “abruptamente, sin darle un aviso formal al público hasta mucho después, sin dar oportunidad a que el público participara”. Él ha tomado otras decisiones semejantes en relación con las normas sobre el vertido de aguas residuales tóxicas de las plantas de energía, así como un programa diseñado para abordar los accidentes químicos y los estándares de la calidad del aire para el ozono a nivel de suelo o esmog.

“Este tipo no tiene precedente en cuanto a que está anulando normas que habían sido finales desde hace tiempo”, dice Betsy Southerland, quien pasó 30 años como científica de la EPA, pero prefirió retirarse poco después de la llegada de Pruitt. Ella señala que “ninguna de estas normas tiene errores técnicos o de procedimiento” que ameritarían una suspensión, una revisión ulterior o una anulación total.

Esa aseveración se apoya en el hecho de que Pruitt contrató a muchos cabilderos y abogados que han trabajado para socavar a la EPA. Samantha Dravis, “ampliamente vista como la asesora más cercana a Pruitt”, según Rachel Leven, trabajó en RAGA, el grupo nacional que Pruitt presidió cuando era fiscal general de Oklahoma. William Wehrum, confirmado el año pasado para encabezar la Oficina de Aire y Radiación, demandó a la EPA 31 veces a nombre de la industria privada. Robert Phalen, quien presidirá la nueva junta científica de la EPA, una vez dijo que “el aire moderno es demasiado limpio para una salud óptima”.

Varios de los principales subalternos otrora fueron ayudantes de Inhofe, quien por lo general es considerado como el negador más vehemente en el Congreso del cambio climático provocado por humanos: Andrew Wheeler, abogado de la industria energética nombrado como administrador adjunto de la EPA, y quien fue el consejero en jefe de Inhofe; Ryan Jackson, alto ayudante de Inhofe y ahora jefe de personal de Pruitt; Daisy Letendre, quien trabajó como directora de comunicaciones de Inhofe y ahora supervisa el programa de Sectores Inteligentes, el cual les permitirá a las industrias decirle a la EPA cómo les gustaría ser reguladas.

Uno de los principales logros reguladores de Obama fue la Ley Frank R. Lautenberg de Seguridad Química para el Siglo XXI, la cual fue una actualización de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA, por sus siglas en inglés), aprobada en 1976. En una Cámara de Representantes que apenas podía alcanzar un consenso en cualquier cosa, la medida se aprobó con un margen de 403 a 12 en la primavera de 2016. Sin embargo, Pruitt ha emitido normas que invalidan en gran medida la capacidad de la TSCA para monitorear y regular el uso de químicos. Las nuevas directrices fueron escritas por Nancy Beck, otrora del Consejo Americano de Química.

Dada la complejidad de los asuntos involucrados, y la inmunidad de Pruitt a la indignación pública, las cortes han sido el medio más efectivo de detener a Pruitt. Esto es irónico, dado cómo Pruitt fue el pionero en usar las cortes para detener a sus predecesores de la EPA. Por ejemplo, cuando se enfrentó a una demanda de 15 estados, retiró su objeción a la norma del ozono. Y una Corte Federal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia dictaminó que él no podía suspender la norma sobre la contaminación del aire por las compañías petroleras y gaseras.

Eric Schneiderman, fiscal general de Nueva York, ha encabezado la acción, con una docena de objeciones legales o intentos de demandar a Pruitt. “Estamos presenciando un asalto total a la salud pública y nuestros recursos naturales”, dice Schneiderman en una declaración provista por su secretario de prensa. “Mi primera labor es proteger a los neoyorquinos. Nuestro sistema federal pone poder en manos de los estados para que contraataquen”, continúa la declaración, con una puya obvia al uso de Pruitt de “federalismo” para obstruir las acciones reguladoras de Obama.

Southerland cree que las cortes finalmente evitarán que Pruitt deshaga por completo el legado de Obama. Sin embargo, ella piensa que, dadas todas las objeciones legales venideras, la nación no regresará a la estructura reguladora medioambiental que tenía cuando Obama dejó el cargo antes de 2028.

CUANDO LOS REPUBLICANOS PROTEGIERON EL MEDIOAMBIENTE

El cambio climático no existía como problema político cuando el presidente Richard Nixon creó la EPA en 1970 “para hacer un ataque coordinado contra los contaminantes que vician el aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra donde cultivamos nuestra comida”. Para los críticos de la agencia, la EPA se ha desviado de esta misión y se convirtió en una organización liberal que defiende la ciencia del calentamiento global. Pruitt se ha autodenominado un “originalista de la EPA”, aludiendo a los originalistas conservadores en la Suprema Corte que creen que la Constitución de Estados Unidos debería interpretarse en su contexto literal del siglo XVIII. En concordancia con sus posturas como fiscal general de Oklahoma, Pruitt cree que es mejor dejarles la protección medioambiental a los estados, lo cual significa ninguna protección en absoluto.

Los aliados de Pruitt dicen que este adelgazamiento es necesario, en especial después de lo que ellos ven como los excesos de la era de Obama. El minero de carbón ha llegado a ocupar un lugar mítico —aunque discordante— en la EPA de Pruitt. Eso se rastrea estrechamente la retórica de campaña de Trump, con sus evocaciones románticas de fábricas produciendo en masa y minas animadas, un Estados Unidos cuyo regreso a la grandeza sería anunciado con el tañer de la maquinaria, el lanzar hollín. “Vamos a abrir esas minas”, prometió. “Oh, país del carbón. ¿Qué han hecho?”

A finales de 2017, Pruitt estaba de pie y sonriendo en el auditorio de las oficinas centrales de la EPA mientras Trump, rodeado por mineros de carbón y sus jefes, firmaban un decreto presidencial que ordenaba a Pruitt cancelar el Plan de Energía Limpia. “Van a regresar a trabajar”, le dijo Trump a la gente en el salón. Y aun cuando Pruitt prácticamente nunca menciona el cambio climático, habla de la creación de empleos tan a menudo que uno pensaría que es el secretario del Trabajo, o que está en medio de una campaña electoral.

Para sus partidarios, así es como debe ser. Cuccinelli describe con indignación las condiciones económicas en el suroeste de Virginia, donde muchas minas montañesas a cielo abierto han cerrado. A los medioambientalistas “no les importa ni medio carajo la gente común”, dice. “Yo estaría mucho más abierto a lo que esta gente dice cuando me muestre que les preocupa igual el pie que la cima de la montaña”.

“Esa es una metáfora muy llamativa”, dice Eric Schaeffer, quien renunció a la EPA en 2002 y dirige la organización sin fines de lucro Proyecto de Integridad Medioambiental. También es engañosa, advierte, con su corolario: un “paraíso de los trabajadores” en el que Pittsburgh sea una ciudad acerera de nuevo, mientras las minas del oeste de Virginia han vuelto a la vida. Un informe publicado por la organización de Schaeffer este año halló que “solo 0.2 por ciento de los despidos ‘masivos’ —despidos de 50 o más trabajadores— es provocado por la intervención del gobierno o las regulaciones” y que por “cada empleo perdido a causa de las regulaciones, 15 se pierden a causa de la ‘reducción de costos’ y 30 a causa de ‘cambios en la organización’”.

El verano pasado, Pruitt aseveró que el “sector carbonero” había creado 50,000 empleos en los primeros cinco meses de la administración de Trump. De hecho, se han creado menos de 2,000 de dichos empleos, según la Oficina de Estadísticas Laborales. La automatización disminuirá al sector de los combustibles fósiles más de lo que podría hacerlo algún regulador. “Muy pronto, van a ser tres tipos en una consola”, comenta Schaeffer sobre los empleos mineros. A pesar de ello, le preocupa que la EPA sea usada como chivo expiatorio. Mientras exista alguna estructura reguladora, Trump y Pruitt pueden culpar a la agencia por la falta de crecimiento en las industrias que prometieron impulsar. También pueden justificar más anulaciones de regulaciones si continúan representando inadecuadamente los efectos de la regulación en la industria. De cualquier modo, pueden alimentar el tipo de resentimiento que anima a la derecha.

SUPERFINÁNCIAME

A finales de enero de 1977, una severa tormenta de nieve llevó apilamientos de nieve de 40 pies de alto a Búfalo y sus alrededores. Cuando la nieve se derritió esa primavera, el deslizamiento aumentó el nivel freático. Fue entonces cuando residentes de una comunidad de Niagara Falls, Nueva York, notaron algo extraño. Un líquido sucio brotaba del suelo, hacia sus patios traseros. La comunidad de clase obrera se llamaba Love Canal, entre la descolorida Búfalo y la catarata magnífica en la frontera con Canadá. Hoy, la mayoría de las casas ha desaparecido, y el centro de Love Canal es un vertedero tóxico cercado, tapado para evitar que los químicos se filtren al suelo.

Las personas que vivían allí en 1977 tenían poca idea de lo que se pudría bajo sus pies. No sabían que vivían sobre los restos de la Hooker Chemical Co., la cual por años usó la tierra como tiradero. Luego, cuando la tierra se vendió a los constructores, a nadie se le obligó revelar lo que hubo allí antes, y lo que permanecía en el suelo.

Estos son algunos de los químicos que los residentes de Love Canal supieron que estaban respirando e ingiriendo: hexaclorobenceno, tetracloruro de carbono, tolueno, dioxina, 1,2 dicloroetileno. Todos son carcinógenos conocidos. Era un escenario malo, y esos inocentes lo sufrían: 21,000 toneladas de desperdicios conformadas por 82 compuestos químicos, 11 de los cuales podían provocar cáncer. Había madres allí, y niños. La gente de Love Canal necesitaba ayuda, y no iban a ser corteses al respecto. En una manifestación, una niña sostenía una pancarta: “Por favor, no me dejen morir”.

En respuesta a Love Canal, el presidente Jimmy Carter y el Congreso crearon el programa Superfinanciamiento tres años después —el nombre se deriva del fondo fiduciario establecido para pagar las limpiezas de muchos años o incluso de muchas décadas de los lugares más gravemente contaminados en Estados Unidos— que usa tanto fondos públicos como un impuesto a la industria (a este último se le permitió expirar durante la administración de Clinton) para pagar la descontaminación de los eriales tóxicos en toda la nación.

Pruitt ha prometido acelerar la limpieza de los sitios en el Superfinanciamiento, llevando a que sus críticos se pregunten qué, exactamente, tiene en mente. El hombre que ha contratado para encabezar el programa es Albert Kelly, un banquero de Oklahoma a quien la Corporación Federal de Depósitos de Seguros lo ha proscrito de por vida de la industria bancaria por hacer préstamos impropios. Kelly es un amigo y donante político de Pruitt, así como un tres veces prestamista hipotecario.

En el Estados Unidos que imaginan Pruitt y sus financiadores, la libertad personal está en todas partes. Igual el tricloroetileno. “Con Scott Pruitt al mando de la EPA —dice un funcionario retirado de esta dependencia— habrá más casos como Love Canal”.

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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek