A partir del pasado lunes 29 de enero, la ciudadanía tiene un plazo de 20 días para consultar el Manifiesto de Impacto Ambiental que pretende darle sustento a la construcción de un fraccionamiento en el Bosque de Cobos, dijo en entrevista Miguel Vázquez Sánchez, uno de los activistas defensores de esta zona.
Después de que los promoventes completaron la información que les fue requerida por la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la dependencia puso a disposición de los activistas que lo solicitaron previamente el documento completo en físico, así como el documento en digital para la ciudadanía en general.
“Nosotros solicitamos la consulta, vamos a revisar el documento y haremos llegar las observaciones que encontremos, todos los detalles en cuestiones técnicas, en lo que se refiere al espacio ambiental”, indicó.
Antes de concluir este plazo de 20 días, los activistas entregarán a la autoridad local un documento con las debidas observaciones y a la par van a solicitar a la SEMARNAT una reunión pública donde deberán estar presentes los promoventes y la propia autoridad que funge como moderador para responder a los cuestionamientos relacionados con el proyecto.
De entrada, dijo Miguel Vázquez, para ellos el trámite está mal hecho de origen pues a los promoventes no se les debió haber otorgado el cambio de uso de suelo porque para concretar el trámite no cumplieron con ciertos requisitos indispensables.
“No hubo quien hiciera una previa evaluación para el cambio de uso de suelo y eso lo establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEPA) y en este caso el otorgamiento del cambio de uso de suelo no es regular, no cumplió con los debidos procesos y eso nosotros lo vamos a señalar”, adelantó.
Los activistas exigirán a la autoridad que muestre si efectivamente los promoventes cumplieron con todos los requisitos que están establecidos en la ley e incluso tienen el derecho de proponer medidas de prevención, con el fin de detener el proceso para hacer una revisión a detalle de los trámites que se han realizado.
Miguel Vázquez consideró que las declaraciones del delegado de SEMARNAT, Gilberto González González en torno a que las opiniones se tomarán en cuenta pero no todas son vinculantes, es una postura desfavorable para el bienestar de los recursos naturales.
“Al final la autoridad está no para velar por los intereses de un grupo empresarial o de un propietario de un terreno está para velar por la preservación de los bienes naturales (…) no para un sector de la sociedad sino para la sociedad completa”, indicó.
Hasta el momento, han leído ya algunas partes del documento donde han encontrado algunas observaciones que serán entregados en su momento a la autoridad correspondiente.
