Emmanuel Rincón I Pachuca
El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Efrén Salazar Pérez solicitó la creación de una comisión especial en la LXIII Legislatura para investigar y determinar si hubo irregularidades en la construcción del fraccionamiento privada Esmeralda, en Zempoala.
Durante la diputación permanente, condenó lo que calificó como una “injusticia” cometida contra el ciudadano Leonardo García Vázquez, quien se encuentra vinculado a proceso por difamación tras denunciar en medios de comunicación irregularidades en el complejo habitacional edificado por la constructora Sylma.
“Cuando un ciudadano denuncia las injusticias, sufre todo el peso de la ley para reprimir”, recriminó.
Recordó que la obra fue construida y comercializada por Sylma, propiedad de Silvia Rico Moreno, hermana de Marco Antonio Rico Moreno, exsubsecretario de Obras Públicas. Según Salazar Pérez, a pesar que, dijo, se demostró que pasó por alto dictámenes y licencias de construcción para garantizar la seguridad de habitantes del fraccionamiento, la justicia actuó contra García.
“(Pido) se cree una comisión legislativa de investigación que aporte los elementos suficientes sobre los desarrollos inmobiliarios construidos por la empresa relacionada con la familia Rico Moreno, para determinar si existen irregularidades en las distintas etapas del proceso de planeación, construcción y operación de los mismos con el fin de brindar certeza a la ciudadanía”.
El diputado calificó de “hostigamiento” el proceso judicial que enfrenta el ciudadano, quien el 11 de enero fue detenido en el Edomex y trasladado a los juzgados de Pachuca, y el 15 de enero, vinculado a proceso por la juez Sissi Anette Rodríguez Fernández, cuyo actuar es investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH), afirmó el lunes pasado el gobernador Omar Fayad Meneses.
“Nos encontramos ante un delito que se consumó de manera instantánea desde el momento que se transmitió la información al reportero”, aseveró la juzgadora en audiencia.
Según el gobierno del estado, se investiga posible conflicto de interés en el caso.
“De acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Hidalgo, señala que representará intereses en conflicto cuando los intereses personales y familiares o de negocios de servidores públicos puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o misión”, agregó el legislador respecto a 182 licencias de construcción que recibió, sólo en Zempoala, constructora Crimsa –de la que Rico Moreno es accionista mayoritario– y las 91 de Sylma cuando era funcionario de Obra Públicas.
La solicitud de creación de una comisión especial para investigar a la constructora Sylma se turnó a la Junta de Gobierno.
