El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dio el banderazo de salida a la “Caravana por la Dignidad Unidos con Valor contra la Corrupción” hace una semana como parte de una estrategia que busca exigir al gobierno federal la liberación de 780 millones de pesos que la administración local asegura le fueron retenidos y la extradición del exmandatario de esa entidad, César Duarte Jáquez, quien se encuentra en Estados Unidos.
Integrantes de organizaciones de la sociedad civil y de otros sectores, así como empresarios conforman el contingente que tiene planeado llegar a la Ciudad de México el próximo 4 de febrero tras recorrer un total 20 ciudades de 12 entidades del país durante 16 días. Corral Jurado explicó que sólo acompañara a la Caravana en determinados puntos.
El grupo partió el pasado 20 de enero de Ciudad Juárez, cerca la línea divisoria entre México y Estados Unidos. Su ruta contempla pasar por los estados de Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y la capital mexicana.
En los siete días de recorrido sólo se tiene registrado un altercado que ocurrió el miércoles pasado cuando alrededor de 300 personas bloquearon la carretera Jiménez-Gómez Palacio e impidieron el arribo de la Caravana. “La misma estrategia del PRI de siempre: la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera mandó bloquear con porros”, escribió en Twitter el gobernador Corral. Sin embargo, el episodio no tuvo mayores consecuencias.
Retención de recursos
El gobierno de Chihuahua exige a la administración del presidente Enrique Peña Nieto liberar 780 millones de pesos que no fueron entregados a la entidad en diciembre pasado. Javier Corral denunció a inicio de año esta situación y dijo era una represalia por la investigación que lleva a cabo por el presunto desvío de 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda a través de gobiernos locales que fueron a parar a las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2016.
“El gobierno de Chihuahua ha actuado contra la corrupción y el gobierno de Peña Nieto actúa contra el pueblo de Chihuahua. No quieren detener a César Duarte, pero nos detienen los recursos que necesitamos para seguir saneando las finanzas del Estado”, dijo el mandatario el pasado 8 de enero en relación a los recursos cuyo destino era el pago de salarios, aguinaldos y proveedores.
La Secretaría de Hacienda dijo en respuesta que durante 2017 la entidad recibió 23.387 millones de pesos de recursos federales, un incremento de 8 por ciento comparado a lo recibido en 2016. En tanto, el presidente Peña Nieto aseguró que “a Chihuahua, como a otras entidades federativas del país, si no es que más bien a todas, en la medida de su posibilidad, todas han recibido el apoyo y el respaldo del gobierno de la República”.
La extradición de César Duarte
La trama de corrupción denunciada y investigada por el gobierno de Chihuahua involucra a empresarios y exfuncionarios de la administración pasada. Hasta el momento hay 15 procesados en relación a la presunta triangulación de recursos públicos, además de 30 órdenes de aprehensión, de ellas 10 son en contra de César Duarte Jáquez, a quien se le tienen embargadas 10 propiedades en el estado.
Corral dijo durante el arranque de la Caravana que no solamente busca que Duarte Jáquez sea extraditado para ser juzgado, sino que pretende que se recupere los recursos que malversó su antecesor, incluyendo bienes que adquirió en la Unión Americana, para formar un fondo especial de combate a la pobreza.
México presentó el 19 de enero a Estados Unidos tres solicitudes de extradición contra Duarte, dos son correspondientes a la fiscalía de Chihuahua y una del orden federal. Javier Corral dijo en días pasados que de efectuarse la extradición se frenaría la Caravana. “[Pero] que no solamente se haga el anuncio, sino que se concrete con las 10 órdenes de aprehensión que nosotros tenemos entregadas”, dijo según declaraciones del sitio web del estado.
César Duarte, que gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, habría utilizado fondos públicos a los que sólo él tenía acceso y habría descontado forzosamente dinero a 700 empleados gubernamentales. A Duarte se le busca además por su probable responsabilidad en el uso ilícito de fondos públicos, de acuerdo con la acusación de la fiscalía de Chihuahua y la ficha roja de la Interpol.
