En julio de 2014, Rizaeva, una madre de poco más de 30 años, entregaba provisiones a las fuerzas ucranianas en la turbulenta región este del país cuando ella y tres acompañantes fueron capturados por separatistas prorrusos. Los militantes apresaron al grupo, formado por un periodista, un sacerdote, Rizaeva y su conductor, y los llevaron a una base cercana, donde los encerraron en una cárcel improvisada. Rizaeva, que tenía cuatro meses de embarazo, afirma que varios soldados chechenos llegaron y golpearon a los prisioneros con sus botas, con los puños y con las culatas de sus rifles. Ella afirma que la golpearon tan fuerte que sufrió un aborto.
Mientras los hombres la arrojaban de un lado al otro de la habitación, notaron que tenía el tatuaje de un lobo en la espalda. El animal es venerado en Chechenia, y los hombres dejaron de atacarla. “Me preguntaron si era de Chechenia”, dice Rizaeva, crimea de origen tártaro que había huido durante la anexión de su patria por parte de Rusia en 2014. “Les dije que no, pero me respetaron por tener el tatuaje de la loba y por ser una mujer musulmana”.
Decidieron no abusar más de ella, pero Rizaeva dice que fue obligada a ver cómo sus captores desnudaban a dos de los prisioneros varones, los golpeaban y los violaban con bastones. “Me desmayé varias veces. Pero cada vez que recuperaba el sentido, vi que el ataque continuaba”, recuerda.
Desde su comienzo, hace tres años, en la guerra del este de Ucrania han muerto más de 10,000 personas. Actualmente, las fuerzas gubernamentales continúan chocando con los separatistas apoyados por Rusia a lo largo de un frente estático, y los soldados chechenos leales a Ramzan Kadyrov, el líder del país y aliado cercano del presidente ruso Vladimir Putin, han luchado junto con los separatistas.
La guerra ha desencadenado la violencia sexual en ambos bandos, y prácticamente en ningún caso se ha castigado a los perpetradores. Poco a poco salen a la luz los supervivientes, que presentan pruebas de abuso, prostitución forzada, esclavitud sexual, mutilación y violación en centros secretos de detención ubicados en el frente de batalla. Supervisores de derechos humanos han registrado cientos de casos de violencia sexual y sospechan que muchos otros no son denunciados por temor a represalias, estigmatización social, traumas y un débil sistema de justicia, entre otras razones.
En un territorio disidente leal a Moscú, cientos de miles de civiles viven bajo una dictadura militar. Es un hoyo negro de derechos humanos donde la violencia sexual puede utilizarse impunemente. Y en el territorio ocupado por el gobierno ucraniano, las autoridades encargadas de la aplicación de la ley han realizado apenas unas cuantas titubeantes investigaciones. Los críticos afirman que Kiev no respeta el imperio de la ley y tiene dificultades para hacer que sus propios soldados asuman la responsabilidad de sus crímenes.
En un informe publicado a principios de este año, supervisores de derechos humanos de Naciones Unidas en el este de Ucrania identificaron “un patrón de violencia sexual perpetrada en lugares de detención” para humillar, castigar, torturar o extraer confesiones. Interrogadores y guardias de ambos bandos han violado a sospechosos y les han aplicado descargas eléctricas en los genitales. Los han amenazado con hacerles lo mismo a sus familiares. En el territorio controlado por los separatistas, la violencia sexual también ha sido usada para obtener dinero y propiedades mediante la extorsión.
DE PRESIDENTES: Putin con el líder checheno Kadyrov. Desde
su comienzo, hace tres años, en la guerra del este de Ucrania han muerto más de
10,000 personas. FOTO: ALEXEI NIKOLSKY/AFP/GETTY
Rizaeva se libró de sufrir este brutal tratamiento. Pero durante su captura, en julio de 2014, estuvo detenida en un sótano muy reducido, en el que hacía mucho calor. El agua y la comida eran escasas; para hacer sus necesidades, los prisioneros solo tenían acceso a un balde una vez al día. Ella dice que sus amigos varones fueron violados nuevamente en sus celdas. A finales de octubre, tras 98 días, su calvario terminó cuando fueron liberados en un intercambio de prisioneros.
Los investigadores de derechos humanos no se ponen de acuerdo en cuanto a la medida en que ambos bandos han utilizado la violencia sexual como un arma de guerra. La misión de supervisión de Naciones Unidas en ese país afirma que no ha encontrado ninguna prueba de que alguno de los bandos la esté utilizando de manera sistemática para ese propósito, aunque otras personas afirman que la violencia sexual tiene un fin estratégico. “Esta ha sido una práctica común contra las personas detenidas y fue fomentada por el bando prorruso para establecer un control efectivo y suprimir cualquier manifestación de desobediencia”, señala Olexsandr Pavlichenko, coautor de “Unspoken Pain” (Dolor no expresado), un informe sobre el tema generado por una coalición de grupos de defensa de los derechos humanos.
Los soldados apoyados por Rusia no son los únicos culpables. Testimonios recogidos por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Naciones Unidas muestran que el Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, y las fuerzas proucranianas han pisoteado las Convenciones de Ginebra secuestrando a sospechosos y torturándolos en prisiones secretas.
Por ejemplo, durante la primavera de 2016, según supervisores de Naciones Unidas, ocho individuos enmascarados con ropa de camuflaje arrestaron a un hombre sospechoso de ser separatista y lo llevaron a un edificio abandonado, donde fue desnudado y atado a una jaula de metal. Un guardia tomó una varilla y la insertó en la uretra del prisionero; otro de ellos filmó la tortura con su teléfono. Los hombres golpearon al prisionero y amenazaron con subir el vídeo a las redes sociales. Tras firmar una confesión y admitir su “culpabilidad”, el sospechoso fue encarcelado.
En una prueba clave del sistema judicial de Ucrania, en abril pasado, un tribunal de Kiev encarceló a antiguos miembros del desintegrado Batallón Tornado proucraniano por torturar y atacar sexualmente a civiles en la región oriental de Luhansk a principios de 2015.
Sin embargo, en términos generales, las oportunidades de llegar a un juicio son escasas, y los sobrevivientes se quejan de las lentas e ineficaces investigaciones policiacas. Documentos de Naciones Unidas muestran que, para finales de 2016, la Oficina del Fiscal Militar de Ucrania había puesto en marcha únicamente tres procesos judiciales por acusaciones de violencia sexual relacionada con el conflicto. Esta oficina afirma que los tres casos han sido cerrados debido a falta de pruebas, pero describió las afirmaciones de impunidad como “rumores injustificados”. Un vocero del SBU declinó hablar sobre afirmaciones específicas, argumentando que el organismo actúa “únicamente de acuerdo con la ley existente”.
Rizaeva ahora tiene 35 años y vive en una nueva casa cerca de Kiev. En los dos años que han pasado desde su liberación, ha ayudado a coordinar intercambios de prisioneros. “Uno puede volverse loco si compara su libertad con lo que tuvo alguna vez, encerrado entre cuatro paredes. Pero tengo un hijo de 16 años, así que debo ser fuerte. Creo que Dios me salvó de morir; mi misión ahora es salvar a tantas personas como pueda”.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek