La fiscalía de Perú formalizó el miércoles una investigación por delitos de lavado de activos y colusión contra tres empresas peruanas socias del gigante brasileño Odebrecht en la construcción de una carretera interoceánica, por cuya adjudicación presuntamente recibió coimas el expresidente Alejandro Toledo.
“Se ha decidido formalizar la investigación preparatoria contra los representantes de las empresas: Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA (Ingenieros Civiles y Contratistas Generales)”, informó el fiscal Hamilton Castro, quien lidera las pesquisas del caso “Lava Jato” en Perú.
La situación de las constructoras peruanas, que estaban bajo investigación desde hace dos meses por su presunta implicación en el pago de sobornos y corrupción de funcionarios, varió las últimas semanas a partir de nuevos indicios recogidos en Brasil, dejó entrever el fiscal en una declaración difundida en redes sociales.
Según la fiscalía, la decisión tomada es “consecuencia de un paciente trabajo de corroboración en el marco del proceso especial del señor Jorge Barata”, exrepresentante de Odebrecht en Perú.
Barata, quien vive en Brasil y es investigado también por la justicia de ese país, negocia un acuerdo de cooperación con la justicia peruana a cambio de inmunidad por presuntos delitos en Perú.
El Congreso de Perú incluyó este mes a las firmas peruanas socias de Odebrecht en una norma que retiene preventivamente sus ganancias para garantizar el pago de indemnizaciones por corrupción.
La fiscalía señaló que la imputación penal contra las firmas peruanas, entre las cuales se halla la mayor constructora del país, Graña y Montero, conlleva penas de prisión de entre 8 y 15 años para sus representantes.
La investigación sostiene que los representantes de las firmas peruanas aceptaron un acuerdo para la asignación irregular de la obra interoceánica y tuvieron conocimiento de las coimas recibidas por Toledo (2001-2006).
La interocéanica, una carretera que une la costa sur peruana con Brasil, fue inaugurada por los presidentes Toledo y Lula da Silva, en 2005.
Odebrecht admitió en 2016 que hizo pagos ilícitos por 29 millones de dólares en Perú entre 2005 y 2014, durante las gestiones de Toledo, Alan García y Ollanta Humala, en el denominado caso “Lava Jato”, que golpeó a Brasil y a todo el continente.
Toledo fue acusado de haber recibido 20 millones de dólares por la interoceánica, en tanto que Humala y su esposa cumplen prisión preventiva de 18 meses por presuntamente haber recibido 3 millones de dólares de Odebrecht para su campaña presidencial de 2011.
La justicia peruana inició hace un año gestiones para extraditar a Toledo, quien vive en Estados Unidos.
