El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto promulgó este jueves en una ceremonia privada la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, impulsada desde un inicio por la sociedad civil y por familiares de personas desaparecidas.
Esta ley ha sido aprobada a poco más de 10 años de que iniciara la llamada guerra contra el narcotráfico. Desde entonces y hasta agosto de este año, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas asciende a 33,482 personas.
Sin embargo, esta cifra, desde la perspectiva de diferentes organizaciones de derechos humanos podría estar equivocada debido a la dificultad para contabilizar a las víctimas. Organismos de derechos humanos como el Comité Cerezo y el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios han advertido que al Registro Nacional le podría faltar hasta el 50 por ciento de los casos de desapariciones.
Otra de las debilidades del RNPED, según el Observatorio Nacional Ciudadano, es que el registro es de tipo circunstancial y no contabiliza delitos ni está vinculado al sistema de justicia penal en principio”.
La ley fue aprobada el 12 de octubre pasado por la Cámara de Diputados, después de dos años de debate. Uno de los principales puntos de la normativa son las penas de hasta 60 años de cárcel contra funcionarios que incurran en este delito o la obstaculización en la impartición de justicia.
Además, el nuevo marco normativo incluye la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Ciudadano y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Este registro sustituirá al RNPED, para el cual se asignó un presupuesto de 400 millones de pesos, dividido entre federación y estados para trabajar el tema en el 2018.
Familias del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, dijeron a la prensa que la ley es una herramienta que puede hacer frente a la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Desde la perspectiva del movimiento, “la impunidad del pasado nos persigue y rebasa, tanto, que la mayor tragedia que vivimos hoy en día son las desapariciones de miles de personas en México”, expresó el colectivo de víctimas en un comunicado .
Señalaron que la promulgación de la ley es solo el comienzo y que seguirán proponiendo y trabajando en conjunto con las autoridades en su implementación para cumplir con los objetivos de localizar y presentar a las personas desaparecidas, sancionar a los responsables, reparar los daños y que no se repitan los casos.
“La promulgación de esta nueva Ley es una muestra de buena voluntad frente a la magnitud que ha alcanzado la crisis de desapariciones y demás violaciones de derechos humanos e impunidad en nuestro país. Sin embargo, las familias exigimos que la promulgación tenga ruta clara para la implementación y cuente con los recursos adecuados y suficientes, más allá de los dotados actualmente en el presupuesto 2018”, refirió el Movimiento.