Por ley, los gastos que el
gobierno del priista Carlos Lozano de la Torre hizo entre enero y septiembre de
2016 no podrán conocerse ni ser revisados por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Aguascalientes (Osfags).
La administración de Lozano tuvo
irregularidades por más de 300 millones de pesos sólo en el trimestre de
octubre-diciembre 2016, el único que pudo ser revisado por el Osfags bajo la
dirección de Sergio Escalante. La cuenta pública del gobierno del primero,
segundo y tercer trimestre del año pasado fue revisada en auditorías
contemporáneas, modalidad que prohíbe su reapertura y su nueva revisión.
En 2015, el entonces gobernador
promovió una reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Aguascalientes. Su iniciativa fue impulsada por el priista Eduardo Rocha
Álvarez, identificado con el grupo del mandatario y presidente de la Comisión
de Vigilancia en el Congreso local en el pasado trienío. La legislatura, con
mayoría priista, aprobó la propuesta, que entró en vigor el 23 de marzo de ese
año.
“Los resultados de
la fiscalización (…) tendrán el carácter de definitivo y deberán incorporarse
al Informe de Resultados derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública del
ejercicio de que se trate, por lo que al igual que el Informe del Resultado,
los procesos o períodos revisados al amparo de Revisiones Contemporáneas, no
podrán reaperturarse ni podrán volver a ser revisados”, señala el Artículo 26
de esa ley, hoy vigente.
Las
auditorías contemporáneas a la administración lozanista se realizaron durante
el último año de Arturo Solano López al frente del Órgano Superior de
Fiscalización. Hoy, su gestión es investigada por la Fiscalía General del
Estado por el presunto desvío de más de 400 millones de pesos durante 2016.
El argumento de Rocha Álvarez para
avalar la creación de las auditorías contemporáneas fue que permitían al Órgano
Superior eficientar su trabajo de fiscalización y a las dependencias, subsanar
irregularidades en 10 días hábiles, evitando una nueva revisión de los
resultados. Además, dichas auditorías se realizan a petición de los titulares
de cada dependencia y no solamente a recursos públicos estatales, sino también
fondos federales y municipales.
“Esa figura no es otra cosa que
un método para encapsular la información y que no pueda ser después revisada de
manera anual. Casi todas las dependencias de Gobierno del Estado, sobre todo
las más importantes, tuvieron auditoría contemporánea de los tres primeros
trimestres, es decir, lo único que se pudo revisar y los resultados que tenemos
son exclusivamente de la muestra que se tomó del último trimestre del 2016. Ya
no se pudo revisar de enero a septiembre y si lo que salió es de sólo ese
trimestre, imaginen lo que hubiera salido si se hubiera revisado todo”, dijo en
entrevista Jaime González de León, actual presidente de la Comisión de
Vigilancia en el Congreso del Estado.
Por tratarse de un mandato de
ley, se investigan las herramientas jurídicas que permitan abrir las auditorías
realizadas durante los primeros nueves meses del año pasado, a fin de
determinar si hubo o no irregularidades en el gasto público.
“Lo que sí podría haber, quizás,
es que si tenemos la evidencia de que hubo algún desfalco, hacer quizás una
revisión especial sobre eso en específico. Aunque tengamos evidencias de irregularidades
en el último trimestre, eso no da pie a que revisemos lo que la propia Ley
impide. Veremos la forma. Si legalmente no la hay, pues no podremos hacer nada,
pero si se inventaron las contemporáneas algo podremos inventar nosotros para
hacerlo más transparente”, añadió.
Por su parte, la diputada priista
Citlalli Rodríguez González señaló que durante la administración de su
compañero de partido, Carlos Lozano de la Torre, “se hicieron reformas a modo”.
“Yo no comparto. No estoy de
acuerdo en un tipo de auditoría en la cual el ente de gobierno se está
auditando a sí mismo porque, cuando termine el año, nadie va a salir con
manchas porque en el momento la propia Ley prevé que te puedes auditar a ti
mismo. Quien debe de detener esas auditorías y dar parte es el Poder Judicial y
la Fiscalía, no que tú mismo tengas la oportunidad de subsanar tus propios
errores, así nadie saldría raspado”, consideró.
Al preguntarle si las presuntas
irregularidades de Lozano dañan al PRI de cara al proceso electoral 2018,
señaló que “en el partido hay cosas que se hacen bien y hay cosas que se hacen
mal”.
Finalmente, acusó a la bancada
del Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Social -mayoritaria- en el Congreso del Estado, de
mantener las reformas a conveniencia.
“Esa es una reforma que le
convino al PAN mantener, modificaron varias cosas pero justo esa no porque eso
les va a permitir a ellos calificarse a sí mismos y quedar en números blancos.
No se ha hecho nada por reformar la ley”.