BARCELONA, ESPAÑA.— El Paseo de Gracia, en el centro de Barcelona, es la avenida más concurrida de España. Por ella llegan a pasar 35,000 personas al día, según el Índice TC-Street, que calcula el tráfico peatonal de las principales calles comerciales españolas. Allí, se encuentra, por ejemplo, la Casa Batlló, una de las joyas arquitectónicas de Antonio Gaudí, que recibe un millón de visitantes al año y un emblema de la ciudad. Dos edificios más allá, cuelga una bandera de España. Enfrente se despliegan varias de Cataluña. Hasta el turista más despistado, a poco de que se aleje de la selfie, nota que algo pasa. En el último mes la cuarta ciudad más visitada de Europa se ha llenado de carteles y pintadas pidiendo “Democracia” e “Independencia”.

La demanda no es nueva. Viene de una reivindicación histórica que se fue radicalizando en los últimos cinco años, atizada por la crisis económica y los escándalos de corrupción. En 2015, por primera vez en los 40 años de democracia española, los independentistas consiguieron la mayoría en el Parlamento autonómico. Entonces, con el presidente Carles Puigdemont a la cabeza, tres fuerzas políticas sellaron un pacto parlamentario que establecía como propósito de su mandato la convocatoria de un referéndum donde los catalanes pudieran decidir si querían seguir o no formando parte de España.

Según los sondeos, ocho de cada diez catalanes defienden que se celebre un referéndum pactado al modelo escocés, pero en cambio, menos de cinco votarían por la independencia. Aun así, el gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, se ha negado rotunda y reiteradamente a celebrarlo. Los catalanes pusieron el automático. Y con todos los obstáculos y sin las condiciones legales y de igualdad para celebrarlo, hicieron una consulta este 1 de octubre. Las imágenes de la policía española abriendo cabezas de ancianas que habían acudido a votar dieron la vuelta al mundo. Barcelona y Cataluña no son Kurdistán, y el volumen de negocios y presencia extranjera en esta región han dado al conflicto una dimensión internacional.

El secesionismo gana adeptos a cada golpe de porra, pero todavía no es una demanda tan mayoritaria para que una región que tiene una economía de un volumen mayor a Portugal y similar a la de Dinamarca o Finlandia asuma fácilmente los costes de saltar al vacío. A medida que se veía más cerca la independencia, las empresas insignias de Cataluña han ido cambiando su sede social a otros puntos de España. Los dos bancos principales, o las transnacionales de origen catalán como Gas Natural y Aguas de Barcelona, movieron ficha política al cambiar de región. Aumentó la presión a la Generalitat —como se llama el gobierno catalán—. En las calles, ocupadas mayoritariamente por los independentistas, empezaron a desfilar banderas de España y los que por nada querían separarse de España o los que pedían diálogo y un replanteamiento de condiciones, también hicieron movilizaciones masivas. En los bares, en los almuerzos o en las redes, solo hay un tema de conversación. Independencia, ¿sí o no? Se discuten sentimientos identitarios, aspiraciones de cambio, diferencias culturales y perspectivas económicas.

CARLOS MANRESA, 58 AÑOS,
EMPRESARIO DEL OCIO

“Suavecito, esto tiene que ser suavecito”, dice Carlos Manresa, y hace la broma con la canción que suena en sus restaurantes, pisos turísticos y que sintonizan también en su constructora. “Puigdemont tiene que dar un mensaje que calme a los mercados, a España, a Europa y a Sudamérica”, añade. En el último mes la facturación de Carlos ha bajado entre 10 y 15 por ciento. No hay cifras oficiales todavía, pero el principal diario catalán estima pérdidas de 30 por ciento en la economía local desde los días previos al 1 de octubre.

Para él, la escalada de tensión es “un sismo político” que afecta el bolsillo de todos los catalanes y, sobre todo, de la marca Cataluña. “No nos vamos a recuperar tan fácil, necesitamos orden y rigor”, asegura desde una terraza de 360 grados sobre la playa de Barcelona que tiene uno de sus restaurantes, cuyo menú económico cuesta 100 euros por persona.

Su posición se repite entre la patronal. El principal lobby empresarial catalán, Foment, pidió explícitamente al gobierno catalán no avanzar “ni un paso más en el incierto camino iniciado” y le reclamó que se sentase a negociar. Son los mismos que durante años han apoyado públicamente al partido de Puigdemont, la histórica Convergencia, que en 2015 cambió su nombre por el de Partido Demócrata de Catalunya para quitarse de encima los escándalos de corrupción y simbolizar el giro independentista que habían tomado un par de años antes. Hasta entonces no habían titubeado en apoyar gobiernos conservadores de Madrid a cambio de prebendas.

El mismo Manresa asegura que siempre les había votado hasta que estas se volvieron abiertamente independentistas. “El nacionalismo de Convergencia desarrolló Cataluña, cohesionó con un sentimiento, recuperó la lengua, generó empleo, pero ahora están presos por los radicales”, sentencia apelando al trillado sentido común que se les atribuye a los catalanes. Asegura que al final vencerá el “estilo catalán”, eso que hizo el otro día Puigdemont. “Es lo de toda la vida, sí pero no, aprieto y luego negocio, la pela es la pela”, concluye Manresa con una sonrisa cínica.

MARÍA DEL MAR ANDREU, 67 AÑOS,

JUBILADA

No se ha perdido ni una sola convocatoria proindependencia desde 2013 y de su balcón cuelga una estelada. A medida que pasan los días, le entran los nervios. Se pregunta si esto puede acabar peor de lo que ya está, pero luego se envalentona y proclama: “Si hemos llegado hasta aquí, nos tenemos que lanzar y probar, peor que el mal trato que nos da Madrid no lo podremos hacer, ¿no?”.

María del Mar Andreu despachó durante 36 años el café donde almorzaba la policía nacional que el 1 de octubre salió a pegarle a mujeres como ella. Y conserva muchos amigos en sus filas. Ella se considera nacionalista y defiende una manera de hacer distintiva de los catalanes, pero nunca le supuso un conflicto hasta ahora, cuando ya ha tenido el primer rifirrafe con unas amigas. Son tiempos de polarización y tema único, así que ya no aplica la norma que tenía en su bar, donde no hablaba de política ni de futbol. Está agraviada.

Cataluña es la región más rica de España, genera más del 20 por ciento del PIB español y origina el 34 por ciento de las exportaciones españolas. Y aporta, tributariamente, 2,000 millones de euros más de los que recibe. En cambio, tiene la red de trenes peor valorada de todo el país y tres de las cinco autopistas más caras, dos ejemplos de gestión estatal.

No es nuevo. La reivindicación económica e identitaria de Cataluña se arrastra desde la transición. Pero se radicalizó a medida que España le fue cortando las alas. El último golpe fue en 2010, cuando el Tribunal Constitucional derogó gran parte del contenido del Estatut, la constitucional local, ya rebajada de antemano en el Congreso español para ser aceptada. Su derogación, en plena época de recortes por la crisis económica, sirvió a la derecha catalana para justificar algunos ajustes estructurales. El independentismo creció y Convergencia se apuntó al carro. María del Mar es una de esas nuevas conversas.

En la república catalana que visualiza no hay grandes cambios. Lo primordial es que sean los catalanes quienes gestionen sus propios impuestos y decidan sus prioridades en infraestructura o servicios públicos. Si eso no se puede conseguir, aceptaría un nuevo pacto fiscal con España. Al final del día, es comerciante. Pero por ahora seguirá saliendo a la calle a apoyar la independencia. Dice que la explosión cívica en la que participó estos años no la cambia por nada.

MARIONA SOLÉ, 34 AÑOS,

EDITORA DE CINE

La discusión se acalora en la comida familiar. A la mesa se sientan la madre y el padre, ambos profesionales liberales entrados en los 60 años y bien posicionados, y los tres hijos, entre 25 y 34 años. Una postal típica del Ensanche barcelonés, el distrito de la pequeña burguesía, cuyos hijos, la generación de la crisis, perdieron el estatus económico de sus padres y ya no pueden vivir en el barrio.

“¿Qué hemos hecho mal?”, se pregunta la madre, atónita de que a su hija mayor no la convenza la idea de una Cataluña independiente.

“No quiero un nuevo Estado solo por el hecho de que sea catalán”, responde ahora Mariona Solé. Tiene 34 años y defiende el derecho de Cataluña a la autodeterminación y lo ejerció el día 1, pero para ella la votación no debe considerarse vinculante. “Entiendo que no se pudo hacer de otra manera por la cerrazón de España, pero no es un referéndum en condiciones normales ni tuvo la participación suficiente para hacer efectivos los resultados”, explica. Para ella, el referéndum era legítimo, pero debería tener un apoyo masivo para conducir a la independencia. Votó el 42 por ciento del censo. El 38 por ciento se pronunció por el sí.

Además, a diferencia de su madre, nunca ha sido nacionalista. “El nacionalismo genera cohesión, pero mi construcción de la colectividad pasa por otras identidades, y no me siento más cercana a otro catalán por el hecho de serlo”, señala. Bajo este posicionamiento alega que para ella el principal problema del independentismo es que no está discutiendo qué modelo de país quiere crear y qué consecuencias tendría.

En este punto le entra el miedo. “Vivimos en una economía global y un Estado nuevo en unas circunstancias de no reconocimiento ni crédito internacional, ¿cómo se va a sostener? Yo trabajo en cine y los fondos para cultura, cooperación o investigación son los primeros que se recortan en una crisis”, reconoce. Para ella ese esfuerzo económico valdría la pena “si hubiese un cambio de modelo, una Cataluña rupturista de verdad que, a la larga, consolidase un estado del bienestar real y con justicia social”, que no ve con la correlación de fuerzas actual.

NASSIM OUFIGHOU, 27 AÑOS

INGENIERO EN SISTEMAS

Nació en Argelia y habla árabe con su familia. En la calle, campechanea el castellano y el catalán, como cualquiera que puebla esos edificios que parecen cajas de cerillos. Nassim Oufighou trabaja en una transnacional suiza, así que ahí se comunica también en inglés.

No levanta la bandera de ninguna patria, pero llegó a Cataluña con seis años y se siente de ahí. Un catalán de cultura musulmana, no practicante y que toma las mismas cervezas que cualquier chico de su edad. Cuando convocaron la consulta, no se sintió interpelado. Su voto lo movilizó la escalada de hostilidades desde el gobierno español.

El despliegue policial empezó días antes de los golpes a las ancianas. Trasladaron a 6,000 agentes de otras regiones y los alojaron en tres cruceros frente a las costas catalanas. Detuvieron a 14 políticos y trabajadores de la Generalitat, por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos por organizar un “referéndum ilegal”. Confiscaron papeletas, registraron medios de comunicación y empresas impresoras placa en mano, cerraron páginas web y citaron judicialmente a los 700 alcaldes que se habían comprometido a abrir colegios electorales.

Nassim es conocido en el barrio por su participación en el centro de jóvenes y su programa en una radio asociativa. Ahora ha tomado partido contra la oposición de unos vecinos a la apertura de una mezquita. “Igual que defiendo la tolerancia religiosa sentí que debía negarme a asumir que España prohibiese un referéndum por la fuerza. Yo quiero vivir en un país donde no se pegue a la gente por pensar o creer diferente”, señala.

LYDIA SIMARRO, 46 AÑOS,
EMPRESARIA, CADENA DE FLORISTERÍAS

Lydia está muy preocupada e impactada por el “fanatismo” del gobierno catalán. “Todo esto ha ido demasiado lejos, nunca había pensado que el nacionalismo iba a subir tanto e iba a vulnerar las leyes desde el Parlamento”, asevera al empezar la entrevista. Lydia se considera tan catalana como española y europea. Y la idea de independencia le parece provinciana. No ve en absoluto una República Catalana. “Daríamos un paso atrás en la historia, sería comer ‘calçots i mongetes’ toda la vida”, dice con sorna en referencia a dos verduras que representan la cocina catalana tradicional.

Hija de padre madrileño y madre catalana, siente que la educación en catalán limita a los niños y, casada con un francés, llevan a su hija al Liceo.

Se piensa apolítica, pero también salió a las calles en estos días de agitación con la bandera de España. Eso sí, en una de las manifestaciones por la unidad que convocaron el Partido Popular y el PSOE. Para ella, la independencia de Cataluña la debería votar toda España y no está dispuesta a que la familia de su padre, de Madrid, sean extranjeros en su casa.

Cree que llegados a este punto el conflicto debe solucionarse con una reforma fiscal, y sufre la incertidumbre económica, pero, sobre todo, resiente la “fractura social”. “Yo me siento traicionada por mis colegas que son independentistas, están llevando el país a la ruina”, espeta, y confiesa que eso no lo puede decir abiertamente porque “enseguida nos tachan de fascistas”.

FRANCESC PARÉS, 52 AÑOS,

FUNCIONARIO PÚBLICO

Es de allí donde crecen los calçots, unas cebollas alargadas que hacen las delicias del paladar catalán del que se mofaba Lydia por sinónimo de pueblerino. Un atributo que, para Francesc Parés, que ha viajado a cuatro continentes, le enorgullece, pero que han usado demasiadas veces contra él solo por hablar su lengua.

La primera que recuerda fue cuando iba a tramitar la cédula de identidad y escribió su nombre en catalán. El policía encargado de hacer el trámite le rompió la ficha en la cara y le ordenó que escribiese Francisco, que era tal y como especificaba su acta de nacimiento franquista. Es uno de los miles de incidentes discriminatorios que los catalanes pueden explicar. Para Francesc, ser catalán es una cuestión tan azarosa como ser francés o mexicano, pero exige el mismo respeto a su lengua y cultura que se les otorga a las demás.

Con esta concepción y unas motivaciones ideológicas que entroncan con la lucha de referentes antifranquistas todavía vigente en los años 80, Francesc es independentista desde la adolescencia, cuando serlo era prácticamente clandestino. Durante años no participó ni en las elecciones catalanas porque no quería legitimar el régimen que salió de la transición.

En los años 90 formó parte de la fundación del embrión municipal de lo que ahora son las CUP, la formación de izquierda radical con la que Puigdemont pactó el camino hacia la independencia. Esta alianza contra natura es únicamente para crear un nuevo Estado, donde “seguir avanzando en la justicia social”. Si fuera por él, la independencia debería ser irrenunciable, la vía del diálogo ya hace tiempo que se agotó con España. “Nos han tirado al suelo todo lo que se ha intentado a escala de autogobierno, financiación o de cambio social, aceptamos que vivimos en una sociedad plural y siempre habrá una derecha, pero será más fácil tener incidencia en nuestro país y aunar toda la izquierda, que separarnos como ahora por la posición nacional”, comenta.

En las últimas elecciones españolas Cataluña fue la única autonomía donde la izquierda ganó en todo el territorio. También ha sido a la que más leyes le ha anulado el Tribunal Constitucional bajo el mandato de Rajoy. Por ejemplo, con la crisis económica, Cataluña reguló mecanismos para proteger a las familias pobres de desahucios o para que no vieran restringido su acceso a servicios básicos como luz y gas por no pagar. El Tribunal Constitucional los tumbó. Derogó artículos de la Ley de Igualdad catalana que avanzaban en los derechos sindicales y patronales de las mujeres o la iniciativa que impedía el fracking en Catalunya. El jefe del Ejecutivo español tiende a resolver en los tribunales lo que no puede negociar en la política.

Francesc acude a un chiste recurrente entre los independentistas. Aquel que dice que cuando tengan que cambiar nombres de calles para poner a los próceres de la independencia le reservaran una muy grande a Rajoy, por su gran contribución a generar independentistas a base de mano dura.